La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha solicitado al Ministerio Público incluir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en la investigación por presunta colusión agravada en la contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha solicitado al Ministerio Público incluir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en la investigación por presunta colusión agravada en la contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.
La solicitud, presentada por el procurador Mario Luna Ramos ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, se basa en presuntas irregularidades detectadas en el contrato del “Servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio”, adjudicado a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
Junto a Corvetto Salinas, la procuraduría ha señalado a otros altos funcionarios de la ONPE en su requerimiento, entre ellos, Edward Eloy Alarcón González, gerente de Administración de la ONPE; José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral; Yuvitza Milagros Aguilar Ticona, subgerente de Logística; así como Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente de Galaga.
Piero Corvetto
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
CONOCE MÁS: Chats con funcionario de la ONPE revelarían que retrasos se originaron en la propia entidad
Además, la procuraduría ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos, con el fin de obtener información sobre las coordinaciones realizadas para el estudio de mercado y la adjudicación del contrato, y verificar si el proceso cumplió con los principios de transparencia y legalidad establecidos en las contrataciones públicas.
La solicitud también incluye el acceso a correos electrónicos, registros de llamadas y mensajes de texto intercambiados durante el periodo de contratación.
Adicionalmente, la Procuraduría ha solicitado la realización de una pericia contable para determinar si el servicio fue ejecutado conforme a las normativas vigentes y cuantificar el posible perjuicio económico al Estado.
“Las diligencias solicitadas son cruciales para conocer el contexto fáctico y los intereses de los presuntos responsables”, señala el documento del procurador Luna Ramos.
MÁS INFORMACIÓN: Contraloría inicia proceso de control por irregulares en el despliegue del material electoral
Como parte de las pruebas documentales, la Procuraduría ha solicitado a la ONPE el expediente completo del contrato, así como el reportes de monitoreo GPS de los vehículos encargados de distribuir el material en Lima Metropolitana. También se ha pedido acceso a planes de contingencia ante posibles incumplimientos del servicio.
Por último, se ha citado a declarar a Bernardo Pachas Serrano, gerente general de la ONPE, en calidad de testigo.
