Suman seis las comisiones de la Cámara de Diputados que se han opuesto al otorgamiento de las facultades solicitadas por el Ejecutivo para legislar durante 120 días en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana. El principal rechazo provino de las bancadas de izquierda.
La negativa se produjo en las comisiones de Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo y Ciencia. Este jueves se sumó la de Justicia, que preside la legisladora Catherin Palomino (Juntos por el Perú), vinculada al golpista Pedro Castillo.
En el otro extremo, las comisiones de Medio Ambiente y Defensa consideraron viable otorgar las facultades al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.
La Comisión de Economía, en tanto, tiene previsto debatir el tema el lunes 14 de setiembre.
—Mayoría gana—
Este jueves por la mañana, la Comisión de Justicia presentó un informe consultivo que concluyó que no era viable el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo.
En el documento, al que accedió este Diario, se sostiene que el contenido de la propuesta “no cumplía con la exigencia constitucional de precisar las materias a regular”.
“Por lo expuesto, esta comisión considera no viable la delegación de facultades legislativas respecto de los temas comprendidos en materia relacionada con la normativa penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria por no cumplir con la exigencia de precisión material que impone el artículo 104 de la Constitución”, concluyó el contenido.
No ahondó sobre el fondo del caso y solo se plegó al documento general del pedido de facultades. Es decir, la comisión omitió analizar la exposición de motivos, una situación que en medio de la sesión fue alertada.
Cuando el caso fue sometido a debate, la mayoría del grupo de trabajo respaldó el informe y, en consecuencia, se opuso a la solicitud del Gobierno.
A favor del informe votaron Catherin Palomino, Alejandro Manay, César Tito y Daniel Varas, de Juntos por el Perú. A ellos se sumaron Edgar Gonzáles, Rosaana Alayza y Romina Uribe, del Partido del Buen Gobierno.
En el mismo sentido votaron Indira Huilca y César Holguín, de Ahora Nación; así como Heber López y Luis Masco, del Partido Cívico Obras.
Los votos en minoría correspondieron a José Baella y Roxana Rocha, de Renovación Popular; y a Karina Beteta y Carlos Zegarra, de Fuerza Popular.
En total, fueron 11 votos a favor y cuatro en contra.
—Denegatoria—
Antes de la votación, la diputada Roxana Rocha tomó la palabra y pidió a Palomino un cuarto intermedio para que el equipo técnico de la comisión reevaluara el informe, considerando las más de 400 páginas de exposición de motivos, las explicaciones brindadas por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, y las recomendaciones de especialistas.
La legisladora, además, tenía una fórmula legal alternativa al informe, en la que argumentaba punto por punto la materia de seguridad ciudadana.
Fórmula legal planteada por Roxa en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
