La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un informe que declara no viable la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, desarrollo productivo y otras materias.
Por 11 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, dicho grupo de trabajo dio luz verde al documento sustentado por su presidenta, Catherin Palomino (Juntos por el Perú), sobre la proposición que plantea delegar al Poder Ejecutivo dicha facultad.
Votaron a favor del informe la propia Palomino Casavilca, Alejandro Manay, César Tito Rojas, Indira Huilca y Daniel Varas (Juntos por el Perú), Edgar Gonzales Polar, Romina Uribe y Rossana Alayza (Buen Gobierno), César Holguin (Ahora Nación), Heber López y Luis Masco (Obras).
En contra lo hicieron José Baella (Renovación Popular), Karina Beteta y Carlos Zegarra Sánchez (Fuerza Popular), y Roxana Rocha (Renovación Popular).
Según el informe, el principal problema advertido es que el Ejecutivo señala objetivos generales, pero no precisa suficientemente qué pretende modificar, en qué sentido se realizarían los cambios ni cuáles serían los límites de su actuación.
El documento sostiene que esta falta de precisión “adquiere especial importancia cuando se trata de medidas que podrían afectar la libertad, la intimidad, la seguridad, el empleo y uso de la fuerza o las garantías del proceso penal”. En esos casos, señala, el Poder Legislativo no puede otorgar una autorización abierta y discrecional.
La comisión rechazó someter a votación una cuestión previa presentada por la diputada Roxana Rocha (Renovación Popular), que planteaba que el documento pase a un cuarto intermedio, a fin de evaluar cuáles materias podrían delimitarse mejor.
El último miércoles la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados tampoco logró los votos necesarios para aprobar el informe que planteaba delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 120 días.
Su presidente, Eduardo Castillo (Fuerza Popular), sustentó el informe que señalaba que la aprobación de estas facultades permitiría garantizar la estabilidad laboral, salvaguardar los derechos de los trabajadores y facilitar la optimización de los trámites administrativos.
La propuesta del Ejecutivo constaba de seis medidas que buscaban legislar en materia de promoción del empleo y dictar normas que atiendan las problemáticas del empleo, la empleabilidad y el autoempleo de la población juvenil.
La votación final fue de 8 a favor y 11 en contra. Votaron a favor el propio Castillo Rivas, Alberto Yalta y Félix Chang (Renovación Popular), Javier Castro Cruz, Geanmarco Quezada, César Vidaurre, Jhonn Valqui y Royser Castro Grandez (Fuerza Popular).
En contra lo hicieron Jacqueline Tapullima, Alejandro Manay, Svieta Fernández, Indira Huilca, Azucena Isla y Jessica Guevara (Juntos por el Perú), Jessica Benitez, Edgar Gonzales y Nora Llaque (Buen Gobierno), Edgar Alvarón y Heber López (Obras).
