Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos electorales (Onpe) debe acudir este viernes ante la oficina de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de declarar por el escándalo del material electoral que no fue entregado el último 12 de abril durante las Elecciones Generales 2026.
Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos electorales (Onpe) debe acudir este viernes ante la oficina de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de declarar por el escándalo del material electoral que no fue entregado el último 12 de abril durante las Elecciones Generales 2026.
El funcionario fue citado en calidad de testigo, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción tras denunciarse que la empresa Galaga S.A.C, quien ya había sido penalizada por incumplimiento de contrato, fue nuevamente contratada para elaborar el reparto de material electoral en el último proceso electoral.
Corvetto Salinas debe concurrir a las 3:00 de la tarde hasta la sede policial ubicada en el distrito de Barranco.
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Como ya se conoce, el material electoral no llegó a algunos colegios de Lima y en otros casos llegó hasta cinco horas después de la hora del inicio de la votación.
De otro lado, El Comercio identificó que Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente y dueño de Galaga S.A.C, ingresó a la ONPE hasta en dos oportunidades para actividades “públicas/protocolares”, y la fiscalía requirió el registro de visitas en la entidad.
¿Cuál es la situación del jefe de la ONPE?
Hasta el momento, Piero Corvetto, viene siendo investigado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a los diversos hechos denunciados en la conducción del proceso de las Elecciones Generales del 2026.
Corvetto Salinas deberá presentar sus descargos dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución de la JNJ que abre investigación en su contra.
Fuentes de la JNJ señalaron que el funcionario ya fue notificado con dicho documento.
Concluido el plazo y presentados los descargos, la JNJ deberá decidir si abre un proceso disciplinario en su contra o no.
Paralelo a ello, Corvetto Salinas enfrenta una posible reevaluación de su ratificación como jefe de ONPE. Para ello, el Pleno de la JNJ encargó a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe sobre el proceso de ratificación al que fue sometido en el 2024.
En aquel momento, tal como lo ha informado este Diario, no fue ratificado en una primera evaluación (por falta de los cinco votos necesarios). Sin embargo, tras una reconsideración presentada, la JNJ respaldó su continuidad hasta el 2028, por seis votos a favor y uno en contra.
Mientras tanto, aún está pendiente de resolver su situación debido a la denuncias presentadas en su contra ante la Fiscalía de la Nación.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que derivó el caso al despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo Juan Carlos Villena.
Piero Corvetto y el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. (Fotos: Andina)
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Mientras tanto, la ONPE designó a Gustavo Armando García Hidalgo como titular de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE, en reemplazo de José Edilberto Samamé Blas, quien fue detenido en flagrancia la mañana de lunes por la Dircocor y posteriormente liberado.
En su declaración ante la Dircocor, obtenida por El Comercio, Samamé Blas dio cuenta de que el plan trazado para el reparto de material no se estaba cumpliendo desde el viernes 10 de abril por la noche. Que de acuerdo a lo que le informó el Subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Phang, los vehículos iban a salir en dos partes, la madrugada del viernes y la mañana del sábado.
“Siendo que al llegar a San Pedro (Lurín) observo que no estaban saliendo los camiones conforme lo indicado, y al consultar al personal presente respecto a cuántos camiones habían salido, no supieron darme una respuesta concreta”, dijo.
Declaración del exfuncionario de Onpe, José Samamé Blas
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En otro pasaje de su manifestación, el exfuncionario sostuvo que tras conocer que no se estaba repartiendo el material electoral, sostuvo una reunión con Phang Sánchez, con la coordinadora del almacén de la ONPE, Rocío Romainville y otra persona de nombre Gianina que labora con Romainville.
Así también, señaló a Phang Sánchez, quien es acusado por presunto crimen organizado por presuntas irregularidades en el caso ONPE y José Luna, como la persona responsable de supervisar la entrega del material electoral.
Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de ONPE
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Pese a que Samamé rechazó estar implicado en algún acto de corrupción, se negó a que la Policía de la Dircocor revise su teléfono.
Dicho acto quedó registrado como parte del acta de visualización policial, en la que participó Samamé junto a su abogada.
JOSÉ SAMAMÉ RECHAZÓ QUE SE PUEDA REVISAR SU TELÉFONO DURANTE SU INTERVENCIÓN POLICIAL.
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Ministerio Público solicitó lista de visitas a ONPE
De otro lado, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que abrió investigación contra los que resulten responsables por el presunto delito de colusión, dispuso oficiar a la ONPE con la finalidad de esclarecer los hechos.
Ello, luego de darse a conocer que la empresa Galaga SAC, habría sido beneficiada con una nueva licitación para las Elecciones Generales del 2026, pese a que incumplió anteriores contratos y no habría tenido la logística para el despliegue del material electoral.
“En ese contexto, los funcionarios competentes de la ONPE, habrían permitido o no habrían impedido que dicha empresa resultara adjudicada sin una verificación y supervisión diligente, suficiente y real de su capacidad operativa para cumplir oportunamente con el traslado del material electoral, lo que se habría puesto en evidencia cuando, a solo días del proceso electoral, la propia empresa difundió convocatorias para captar unidades tipo furgón y auxiliares, lo que evidenciaría que la citada empresa no habría contado con la capacidad logística suficiente para cumplir con la contratación de su servicio con la ONPE”.
Por ello, señaló la fiscalía, “las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas.
“Adicionalmente, se ha advertido que, la referida empresa registra antecedentes de incumplimiento contractual y penalidades impuestas por la propia ONPE, registrando al menos tres sanciones económicas por incumplimientos contractuales entre los años 2020 y 2023, lo que podría evidenciar un patrón de conducta en la ejecución de servicios contratados con el Estado”, expresó la fiscalía.
Por ello dispuso que el plazo de la investigación inicial sea de 30 días. Dentro de este plazo, la Policía de la Dircocor fue facultada para que realicen las primeras intervenciones que se ejecutaron entre el 12 y 13 de abril.
Adicional a ello, la fiscalía dispuso que la ONPE remita un informe sobre los servicios prestado por la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C en años anteriores, y los funcionarios o servidores que intervinieron en dichos procesos.
Además, dispuso requerir el registro de visitas de la ONPE, desde el periodo comprendido entre enero de 2026 a la fecha.
El Comercio identificó que Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente y dueño de Galaga S.A.C, ingresó a la ONPE en febrero y marzo del 2026, para “acto público/protocolar”.
Yuvitza Milagros Aguilar Ticona, funcionaria de ONPE.
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De acuerdo al registro de visitas, Alvarado Pfuyo ingresó el 2 de febrero del 2026 a la central de la ONPE a las 10:02 de la mañana y se retiró casi una hora después, a las 11:34 de la mañana.
Según el registro virtual, se reunió con la funcionaria Yuvitza Milagros Aguilar Ticona representante de la Gerencia de Administración, en la oficina 1106, y el motivo consignado fue “acto público/protocolar”.
De acuerdo al registro, en esa misma oficina y a la misma hora también ingresaron representantes de la empresa Afe Service S.A.C., y el notario Marco Antonio Villota Cerna.
El Comercio solicitó a la ONPE su versión sobre dicho acto protocolar, pero no respondieron hasta el cierre de este informe. Por su parte, la Notaría Villota señaló que no brindaría declaraciones.
“Gracias por su interés. Por la naturaleza de su función notarial, no (se) brinda declaraciones», indicaron.
También buscamos la versión de Alvarado Pfuyo, pero no respondió. Su abogado, Christian Castillo, rechazó que su patrocinado y su empresa hayan cometido algún ilícito o que tengan algún vínculo político.
En declaraciones a RPP, el abogado responsabilizó a la ONPE y anuncio que remitieron una carta notarial a dicha entidad para que se retracte de responsabilizar al empresario o iniciarán una querella.
“Estamos evaluando y hemos remitido una carta notarial y estamos evaluando hacer una querella porque el daño a la familia de Galaga, a las empresas que conforman Galaga, es muy alto; el daño moral. Los han puesto en el ojo de la tormenta, los han puesto en el ojo de los extorsionadores”, anunció.
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