Petro-Perú busca acceder a un financiamiento por hasta US$2.000 millones en medio de serios problemas de liquidez. El esquema en el que se enmarca este nuevo salvataje podría implicar la participación del Estado como garante, advierten especialistas.
A fines de abril, Petro-Perú, entonces bajo la presidencia de Roger Arévalo Ramírez, advirtió ante el Congreso dificultades para sostener sus operaciones por falta de capital para la compra de crudo, lo que motivó la solicitud de recursos financieros. En esa presentación, se alertó incluso sobre riesgos para el abastecimiento de combustibles si no se aseguraba financiamiento.
Este nuevo pedido ocurre en medio de constantes cambios en el Directorio de la compañía estatal. En menos de tres meses, Petro-Perú ha tenido cuatro presidentes del directorio. Elba Rojas Álvarez de Mares ocupó el cargo desde finales de diciembre de 2025 hasta marzo de 2026. Tras su salida, Edgar Zamalloa Gallegos ejerció la presidencia desde el 7 de marzo hasta el 26 de marzo de 2026. Luego, Roger Arévalo asumió el cargo el 26 de marzo de 2026 y dejó el puesto el 2 de mayo de 2026, tras poco más de un mes en funciones. El cambio a Edmundo Lizarzaburu Bolaños se concretó en la madrugada del 3 de mayo de 2026, tras lo cual fue oficializado como nuevo presidente del directorio.
La semana pasada, la estatal reportó una utilidad neta de US$133,2 millones en el primer trimestre del 2026, su primer resultado positivo en cuatro años. Este desempeño respondió principalmente al alza de los precios internacionales del crudo, que elevó el valor de los inventarios y mejoró los márgenes entre el petróleo y sus derivados, así como a menores gastos operativos, informó la empresa a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
Sin embargo, la empresa enfrenta restricciones de liquidez. Y es que, registró una reducción en sus ventas de combustibles asociada a la falta de capital para adquirir crudo y a paradas programadas en la Refinería de Talara, lo que afecta su operación.
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad y ex director de la estatal, cuestionó que las utilidades reflejen una mejora real. “Esa utilidad no sirve absolutamente para nada en términos de liquidez”, señaló. En la misma línea, Carlos Paredes, expresidente de Petro-Perú, explicó que estos resultados responden principalmente a factores coyunturales, como el incremento del precio del crudo que eleva el valor de los inventarios, y que este efecto podría revertirse.
Tuesta advirtió que el problema de fondo sigue siendo la capacidad de pago. “La empresa mantiene un alto nivel de endeudamiento, cercano a los US$7.000 millones, y no tiene capacidad de generar caja suficiente para atender sus obligaciones”, agregó. Asimismo, cuestionó la conveniencia de otorgar un nuevo respaldo estatal en estas condiciones, al considerar que no se han resuelto los problemas estructurales. En esa misma línea, Paredes sostuvo que, de excluir estos factores extraordinarios, la empresa habría continuado registrando pérdidas y manteniendo una situación deficitaria de caja.
El esquema planteado para obtener financiamiento, que contemplaría la participación de un privado con respaldo del Estado, es uno de los puntos que más preocupa. “Si es que la empresa no paga, que es altamente probable, el Estado va a tener la deuda”, afirmó Tuesta, al alertar sobre las implicancias para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, advirtió que este tipo de operaciones podría afectar la percepción de riesgo del país. “Esto genera un problema reputacional para el grado de inversión”, indicó.
Por su parte, Paredes consideró que el esquema de financiamiento propuesto podría representar una mejora frente a esquemas anteriores, en la medida que no implique un desembolso directo y contemple estructuras como fideicomisos administrados por ProInversión. “El que no se esté solicitando un aval directo y que los recursos se canalicen a través de un fideicomiso es algo positivo”, sostuvo.
No obstante, advirtió que su viabilidad depende de avanzar en la reestructuración de la empresa. “El no haberse asegurado que la gente nombrada esté convencida de la reestructuración ha sido un grave error”, indicó, en referencia a la alta rotación en la dirección. Añadió que este esquema solo resultaría menos oneroso que otras alternativas, como la liquidación, en la medida que la reestructuración se ejecute de manera efectiva.
