Cuando uno escribe, se obliga a pensar. Es un ejercicio mucho más preciso, concreto y duradero que la palabra en sí misma. En el camino a esta segunda vuelta, la sección Economía de este Diario ha desmenuzado los planes de gobierno de los dos finalistas en múltiples informes temáticos, con el análisis de aliados de la talla del IPE, el Consejo Privado de la Competitividad, Videnza Instituto y Apoyo Consultoría.
Cuando uno escribe, se obliga a pensar. Es un ejercicio mucho más preciso, concreto y duradero que la palabra en sí misma. En el camino a esta segunda vuelta, la sección Economía de este Diario ha desmenuzado los planes de gobierno de los dos finalistas en múltiples informes temáticos, con el análisis de aliados de la talla del IPE, el Consejo Privado de la Competitividad, Videnza Instituto y Apoyo Consultoría.
Lo que propone Juntos por el Perú para la economía es una receta del desastre. Entre otras cosas, busca cambiar el capítulo económico de la Constitución eliminando la igualdad de trato para la inversión pública y privada, busca eliminar los contratos-ley y los regímenes tributarios, tiene el propósito de destinar la producción agrícola al consumo interno, propone renegociar todos los tratados de libre comercio y utilizar las reservas internacionales para cerrar brechas sociales.
Aunque es cierto que en la mayoría de los casos los planes de gobierno no se cumplen a cabalidad, son la carta de presentación de los candidatos a la presidencia y por tanto, la exposición oficial de sus intenciones y tendencias políticas. Por supuesto, en medio de la efervescencia de la campaña, es imposible que los candidatos y sus equipos no agreguen o modifiquen lo que está escrito, como quedó demostrado en el debate técnico. Y aunque pasa en ambos bandos, el giro de Juntos por el Perú en los temas económicos está expresamente en contra de la propuesta que han venido defendiendo durante toda la campaña.
El Perú no puede permitirse experimentos que contradigan las reglas mínimas de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica que sostienen el empleo y la inversión. Modificar la Constitución para privilegiar a la inversión pública sobre la privada, eliminar instrumentos contractuales clave y poner en jaque los regímenes tributarios sin un plan coherente de reemplazo sería, en la práctica, una invitación a la fuga de capitales y a la paralización de proyectos que hoy generan trabajo y crecimiento. Usar las reservas internacionales para fines de corto plazo desconoce su rol de colchón frente a shocks externos; las cifras y la historia muestran que esas decisiones terminan costando caro y las más afectados son las familias vulnerables.
En la segunda vuelta y desde la orilla económica, no se trata de quién promete más, sino de quién ofrece condiciones para que la economía funcione en favor de todos.
