Legado contará con un Órgano de Control Institucional para supervisar licitación y ejecución de obras

Proyecto Especial Legado contará por primera vez con un Órgano de Control Institucional (OCI), tras haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Contraloría.

El director ejecutivo de Proyecto Especial Legado, Carlos Zegarra había ofrecido previamente a la Contraloría la instalación de un OCI que funcionaría dentro de las instalaciones de la Sede Videna.

Esta oficina, acondicionada y equipada por Legado, se pondrá a disposición para facilitar el trabajo de seis especialistas de la Contraloría (un jefe, que dispondrá de cinco plazas para convocar a los funcionarios con los que trabajará), y se encargará del control previo, concurrente y posterior de los procesos administrativos; entre ellos los procesos de licitación para la construcción de obras y el manejo de la infraestructura a cargo de Legado.

Para Carlos Zegarra, este es un gran logro, ya que es la primera vez en los cuatro años de existencia de esta institución que la Contraloría estará trabajando junto con la administración de Legado.

La OCI acompañará cada una de las acciones de gestión, advirtiendo y previniendo que se presenten posibles desvíos en la idoneidad de los procesos, percatándose de riesgos o denunciando a servidores y/o funcionarios que incurran en presuntos actos de corrupción.

Proceso de solicitud

Mediante un oficio dirigido al contralor Nelson Shack, Legado solicitó a la Contraloría General de la República, auditar de manera concurrente los procesos de contratación de las empresas que se encargarán de ejecutar las obras de construcción del albergue y del comedor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga para los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024.

Esta semana, Carlos Zegarra envió una nueva comunicación al órgano, esta vez solicitando acciones de control posterior. Esto significa que invita a la CGR a analizar detalladamente ambos procesos, elevar un informe y, de encontrar irregularidades por parte de algún servidor y/o funcionario público, realizar las denuncias administrativas, civiles o penales que corresponda.

“Nuestro máximo interés es que se despeje cualquier duda que pueda existir en torno a los Juegos de Ayacucho. Queremos trabajar de la mano con la Contraloría para que nos ayuden a que todos los procesos sean totalmente trasparentes; y si algún mal elemento cree que podrá lucrar el deporte de forma deshonesta, que sea identificado y castigado con todo el peso de la ley”, expresó Zegarra.