En el marco del Día Internacional del Trabajo, el mercado laboral peruano aún enfrenta retos estructurales asociados con la alta informalidad, los elevados costos no salariales, la baja productividad y limitada inserción laboral juvenil. Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) reconocen la necesidad de promover la formalización y mejorar la inserción laboral. Sin embargo, sus propuestas presentan diferentes enfoques y, en varios casos, carecen de mecanismos concretos de implementación.
En el marco del Día Internacional del Trabajo, el mercado laboral peruano aún enfrenta retos estructurales asociados con la alta informalidad, los elevados costos no salariales, la baja productividad y limitada inserción laboral juvenil. Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) reconocen la necesidad de promover la formalización y mejorar la inserción laboral. Sin embargo, sus propuestas presentan diferentes enfoques y, en varios casos, carecen de mecanismos concretos de implementación.
—Mejoras recientes, retos persistentes—
El mercado laboral mostró avances importantes en el 2025, liderados por el empleo formal, en un escenario en el que la inversión privada creció 10%, su mayor tasa desde el 2012. El empleo nacional aumentó 1,5%, su mayor ritmo desde la pospandemia y los ingresos reales crecieron 5,3%, la tasa más alta en 16 años. Este dinamismo estuvo impulsado por el empleo formal, que se expandió 4,7%, su mayor avance en más de una década. De acuerdo con estimaciones del IPE, estos factores contribuyeron a la reducción de la pobreza hasta aproximadamente 25,6% en el 2025.
En el primer trimestre del 2026, aunque el empleo continuó avanzando en la capital, el subempleo creció 1,1%, su primer incremento en cinco trimestres, y aún se mantiene 12% por encima de su nivel prepandemia. Esto sugiere que, aunque el empleo viene recuperándose, la mejora de la calidad de los puestos de trabajo perdió viada. Así, las propuestas laborales deben partir de un principio esencial: la creación sostenida de empleo de calidad requiere mayor inversión privada. Medidas que aumenten la rigidez laboral, generen incertidumbre regulatoria o encarezcan la contratación formal solo la desalientan.
En tanto, las cifras más recientes evidencian que el empleo juvenil tuvo una ligera recuperación. Sin embargo, se encuentra lejos de revertir el deterioro acumulado desde la pandemia: aún hay 185 mil jóvenes menos trabajando que en el 2019.
—Formalización —
En el Perú, la informalidad laboral aún supera el 70% –por encima de países como Chile y Colombia– y, entre los jóvenes, supera el 76%, lo que restringe su productividad y el acceso a mayores ingresos. Parte de ello se explica por las barreras que desincentivan el crecimiento empresarial, vinculadas a los procedimientos administrativos, el diseño de los regímenes tributarios, y los elevados costos de contratación y despido. Estos factores constituyen fuertes desincentivos para la formalización de las empresas más pequeñas, que además registran menores niveles de productividad. En el 2024, su productividad se ubicaba por debajo del 2019 y era 23 veces menor que la de las grandes empresas.
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En esta línea, FP y RP coinciden en que una estrategia para la formalización laboral es la simplificación administrativa y reducción de barreras burocráticas, en particular para las mypes. FP plantea eliminar costos y trámites innecesarios asociados al inicio de actividades empresariales a través de la creación de una ventanilla única electrónica nacional interoperable, lo que reduciría la dispersión de procedimientos que actualmente enfrentan para formalizarse. En el caso de RP, el plan propone la digitalización masiva de trámites y la creación de un instituto de promoción y desarrollo de las pymes. Sin embargo, no detalla su diseño institucional ni su articulación con entidades existentes.
En tanto, JPP no presenta propuestas concretas en esta materia. Más bien indica que eliminará, mediante una nueva Constitución, los regímenes tributarios y contratos ley que considera favorables a las grandes empresas, sin precisar cuáles serían modificados ni proponer un esquema alternativo, ello solo afectará la seguridad jurídica.
Al respecto, cabe precisar que, a nivel de empresas, se cuenta con un régimen general y otros tres especiales para empresas más pequeñas. Los problemas en estos últimos están plenamente diagnosticados: no sirven de transición al régimen general, promueven la atomización, no incentivan a vender ni comprar formal, y facilitan la evasión de impuestos.
Por ello, cualquier reforma debería precisar cómo corregir estos aspectos sin elevar la incertidumbre regulatoria ni crear nuevos costos de formalización. En esa línea, RP propone eliminar los regímenes tributarios vigentes y crear uno único más simple, aunque no desarrolla el diseño. FP no presenta propuestas específicas en esta materia.
Un reto estructural que no recibe atención en los planes de gobierno es la persistencia de los altos costos laborales no salariales. Según el BID, en el Perú equivalen al 72% del salario formal promedio, por encima del 51% regional, principalmente por los costos asociados a indemnizaciones por despido y gratificaciones. Pese a ello, ningún partido plantea una agenda específica para reducir estos costos.
Existen además otras regulaciones laborales que distorsionan las decisiones de crecimiento empresarial. Así, hay evidencia de que el umbral de 20 trabajadores para el reparto obligatorio de utilidades ocasiona una concentración de firmas justo por debajo de ese límite. Al respecto, según proyecciones de Horizonte Laboral (2026), un esquema escalonado de reparto de utilidades –que reduzca el costo marginal de superar dicho umbral– tendría el apoyo de FP y RP en el Senado, mientras que JPP se ubicaría en contra.
Otra rigidez laboral por tomar en cuenta es el salario mínimo. Sus aumentos inciden en el costo de contratación no solo por el mayor salario mensual, sino también porque elevan beneficios y aportes asociados –como gratificaciones, CTS, vacaciones y Essalud–. En el régimen general, contratar formalmente a un trabajador con RMV puede implicar un costo adicional para el empleador de hasta cerca del 59% del salario bruto. Así, un incremento del salario mínimo eleva el costo laboral anual efectivo y desalienta la contratación formal, especialmente en unidades de baja productividad. Pese a que 13 de sus 15 aumentos desde el 2000 respondieron a factores políticos, JPP plantea ajustarla según las “necesidades de la población”, sin definir criterios técnicos. FP y RP no proponen cambios.
En cuanto a las propuestas sobre fiscalización laboral, según el Plan Anual de Inspección del Trabajo, en el 2023 solo el 18% de las inspecciones de Sunafil abordó la formalización laboral. Ello evidencia la necesidad de fortalecer un enfoque inspector que facilite la transición de las empresas hacia la formalidad. FP propone estandarizar criterios y reducir la discrecionalidad de la inspección, aunque sin mayor detalle. RP y JP no presentan propuestas específicas.
—Inserción juvenil —
El empleo juvenil sigue marcado por una alta informalidad. En el 2025, solo cerca del 6% de los trabajadores de 14 a 19 años tenía un empleo dependiente formal, proporción que aumenta al 23% entre los jóvenes de 20 a 24 años. Sin embargo, en ambos grupos predomina el empleo dependiente informal, lo que refleja una alta exposición a puestos de baja productividad y menor protección laboral. Bajo ese diagnóstico, FP presenta varias medidas. Por ejemplo, propone un esquema subsidiado de aseguramiento en salud para jóvenes contratados por las mypes, además de fortalecer programas de capacitación e implementar un observatorio que articule oferta formativa con demanda laboral. En tanto, JPP propone crear el instituto nacional por la empleabilidad para centralizar información vocacional, capacitación y certificación juvenil. Sin embargo, el plan no precisa por qué estas funciones no podrían ser fortalecidas desde las entidades existentes. También plantea 10 mil plazas de prácticas profesionales en el sector público, sin proveer mayor detalle. RP menciona la incorporación de jóvenes a la carrera judicial y el aumento de la remuneración del servicio militar voluntario a un salario mínimo, medidas que no constituyen una estrategia integral de inserción laboral juvenil.
