El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la entrega de la credencial de senador de la República a Absalón Vásquez Villanueva, quien ocupará el escaño correspondiente a Renovación Popular para el periodo legislativo 2026-2031.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la entrega de la credencial de senador de la República a Absalón Vásquez Villanueva, quien ocupará el escaño correspondiente a Renovación Popular para el periodo legislativo 2026-2031.
La decisión fue adoptada luego de que el organismo electoral dejara sin efecto la credencial previamente otorgada a Rafael López Aliaga, quien comunicó su decisión de no incorporarse al Senado. La resolución fue emitida este 20 de julio, con lo que quedó concluido el procedimiento para acreditar al nuevo representante.
En su resolución, el máximo organismo electoral señaló que la medida se sustenta en el artículo 11 del Reglamento del Congreso, el cual establece las etapas que deben cumplirse para que un legislador adquiera plenamente su condición de parlamentario.
JNE da luz verde a postulación de López Aliaga a teniente alcalde de Lima: ¿Cuáles fueron los argumentos de la entidad electoral?
El JNE recordó que la proclamación de resultados y la entrega de credenciales no bastan por sí solas para consolidar el mandato congresal. Para ello, indicó, deben cumplirse tres fases: la proclamación del candidato electo, su incorporación al Parlamento y la respectiva juramentación.
En ese contexto, precisó que, al no haberse producido la juramentación de Rafael López Aliaga, su condición de senador no llegó a perfeccionarse jurídicamente, lo que permitió dejar sin efecto su credencial y acreditar en su reemplazo a Absalón Vásquez Villanueva.
En el 2008, Vásquez- ministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)- fue condenado a prisión por peculado en la modalidad de cómplice. Esto por haber apoyado la falsificación de firmas de Vamos Vecino, agrupación que respaldó la reelección del referido ex en el 2000.
Además, el Poder Judicial le impuso el pago de una reparación civil de más de S/1 millón, que no ha cumplido con pagar en su totalidad.
