El 33 Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Lima ordenó que el expediente del caso del excandidato presidencial Roberto Sánchez por presunta falsa declaración de aportes sea enviado al 10 Juzgado Unipersonal de Lima para la instalación del juicio oral.
El 33 Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Lima ordenó que el expediente del caso del excandidato presidencial Roberto Sánchez por presunta falsa declaración de aportes sea enviado al 10 Juzgado Unipersonal de Lima para la instalación del juicio oral.
“Cúmplase con remitir en el día y de carácter urgente el presente expediente, más el incidente de debate y expediente judicial al Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, para la instalación del juicio oral”, indica la resolución, fechada el 21 de setiembre, a la que El Comercio tuvo acceso.
El juzgado detalló que el pasado 24 de julio resolvió declarar infundado el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica de Sánchez Palomino contra el auto de enjuiciamiento emitido el 5 de junio.
No obstante, aprobó conceder, sin efecto devolutivo y no suspensivo, el recurso de apelación presentado por la defensa del también excongresista de Juntos por el Perú (JP) y elevar lo actuado al juzgado correspondiente.
Resolución sobre Roberto Sánchez.
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Roberto Sánchez deberá responder ante la justicia como presunto autor de los delitos de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas y falsa declaración en procedimientos administrativos.
La fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de cárcel para el también excongresista por brindar presunta falsa declaración sobre sus gastos y aportes ante la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), entre 2018 y 2021.
En tanto, la Procuraduría de la ONPE solicitó que el candidato presidencial y sus coacusados paguen una reparación civil solidaria de S/28.700, por haber “mentido” ante dicho organismo.
Roberto Sánchez busca archivar la acusación por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo (hecho ocurrido en julio del 2019) y falseamiento de información de ingresos y gastos de organizaciones políticas (informe financiero del 2019 y 2020 y aportes de gastos de campaña para las Elecciones Congresales del 2020).
