Así la Cámara de Diputados haya dado por agotado su juego político para negarle al gobierno las facultades legislativas solicitadas urgentemente y así el gobierno sepa que no va a poder voltear ese juego mediante las prerrogativas todopoderosas del Senado o de una cuestión de confianza que no calza en el trámite, lo cierto es que ningún poder, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, ha puesto en jaque al otro, en estos tensos días de confrontación entre ambos.
Lo que sí emergen a la vista, más allá del aparente ritual supuestamente de control y fiscalización del Ejecutivo por Diputados y el Senado, son los desembozados actos de sabotaje y abuso de autoridad de la gruesa facción parlamentaria de Juntos por el Perú contra las normas previstas para el otorgamiento de servicios vitales en materia de seguridad, infraestructura y sanidad, que comprometen la atención de emergencia de millones de personas.
Por importante que sea su poder de votación en Diputados y el Senado, más aún con la complicidad de las tres bancadas que ahora le dan mayoría, Juntos por el Perú no va a poder paralizar, en la dimensión que lo deseaba, los planes y acciones del Ejecutivo. Es más probable, sin temor a equivocarnos, que los miembros de este partido, todos integrantes del Congreso, con voz y voto, tendrán que hacerse responsables individuales y en bloque, en el orden político y penal, si hubiera lugar, de los actos de sabotaje y abuso de autoridad cometidos, al negarle al gobierno facultades orientadas a resolver problemas críticos de la población peruana.
El gobierno, por su lado, tendrá que sacar de donde sea la capacidad de comunicación y denuncia posibles para dejar sentado ante la opinión pública, y si se diera el caso ante un consejo de estado de emergencia, la conducta absolutamente desestabilizadora de Juntos por el Perú contra las políticas públicas contempladas en la solicitud de delegación de facultades bajo urgencia. Paralelamente a ello, tendrá que apelar a todas las herramientas disponibles en sus manos y con fuerza legal y constitucional, para proceder a gobernar mediante decretos de urgencia, declaratorias de emergencia nacional y proyectos de ley igualmente de urgencia que en poder de la misma facción desestabilizadora no harán más que demostrar la disponibilidad de esta a corregirse o a insistir en su maniobra política radical.
La facción parlamentaria de Juntos por el Perú se ha quitado en estas últimas tres semanas la careta de oposición real y efectiva que pretendía mostrar cínica e hipócritamente en el Congreso, para exhibirse finalmente tal cual es: la nueva extensión legislativa del brazo político del Movadef de Sendero Luminoso como fue la extensión ejecutiva del mismo brazo político que representó la cúpula de Pedro Castillo en el gobierno del 2021 al 2022.
Con estas credenciales que no se parecen por ningún lado a las credenciales otorgadas por el Congreso, la facción parlamentaria de JP pretendería hacer más honor a los designios de una organización terrorista que destruyó el país que al legado democrático y constitucional de los padres fundadores de la República.
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