Casi dos meses después de que el Poder Ejecutivo solicitara al Congreso facultades para legislar en diversas materias, el pedido será debatido en el pleno del Senado este miércoles 21 de octubre, desde las 10 a.m.
Ello, luego de que la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobara el dictamen que otorga al Gobierno de Keiko Fujimori 27 de las 66 facultades solicitadas para legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y frente al fenómeno de El Niño.
El debate alcanzó su punto más crítico cuando la comisión propuso incorporar siete materias adicionales al texto enviado por la Cámara de Diputados, que solo aprobó 20 puntos del pedido de facultades legislativas.
Finalmente, tras un intento fallido de volver a dejar sin quórum al grupo de trabajo, la asistencia de Obras terminó por inclinar la balanza y la propuesta quedó en manos del pleno, que tendrá la última palabra.
Para que el Gobierno de Keiko Fujimori obtenga las facultades legislativas, necesita 31 votos en el Senado.
En el pleno de la Cámara Alta, el oficialismo tiene asegurados los 22 votos de su bancada. También cuenta con el respaldo de Renovación Popular (8) y, al menos, con la adhesión de un integrante de Obras: Daniel Barragán.
Con el voto de Barragán, el oficialismo contaría con el respaldo necesarios para obtener las facultades legislativas. Sin embargo, fuentes de Obras indicaron a El Comercio que los ánimos dentro de la bancada están divididos.
Precisamente, al ser consultado sobre si los votos de su bancada estaban asegurados, este último respondió: “Mi pensamiento es que sí. No he hablado con la bancada. Yo mantendré mi posición. Creo que el voto 31, si es el mínimo, va a ser de Obras”.
Barragán explicó que, durante una reunión de los voceros de Fuerza Popular, Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación, realizada el viernes por la tarde, acordaron asistir a la convocatoria del lunes y aprobar las 20 facultades respaldadas por la Cámara de Diputados. Luego, votarían si respaldaban o no las siete facultades propuestas por la Comisión de Constitución del Senado.
Precisó que Juntos por el Perú no asistió a la reunión. Además, señaló que las bancadas de Ahora Nación y Buen Gobierno cambiaron posteriormente de posición.
En la misma línea, se pronunció Ricardo Belmont, líder de Obras, quien afirmó que el apoyo de su bancada al Poder Ejecutivo en la delegación de facultades en el Senado busca demostrar que no es “obstruccionista”, sino una organización política con “valores, filosofía y principios”.
En entrevista con RPP, consideró que su partido decidió apoyar al Gobierno en las facultades legislativas en la Comisión de Constitución porque -desde su punto de vista- era importante “destrabar” el tema.
“Yo creo que este es un buen paso para demostrar que Obras no es un partido obstruccionista ni uno cerrado en sus ideas, sino un partido cívico que tiene valores, filosofía y principios en los cuales nunca nos hemos movido durante años”, expresó.
En tanto, la senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) adelantó en X (antes Twitter) que votará en contra del pedido. “No avalaremos esta práctica antidemocrática en el Pleno. Votaremos en contra de esta norma que tiene vicios de forma y que busca concentrar el poder en un gobierno fujimorista cada vez más deslegitimado”, señaló.
“La ciudadanía está atenta a cualquier paquetazo de leyes que ponga en peligro los derechos humanos y ambientales”, acotó.
“Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras aprobaron un dictamen de facultades legislativas con siete puntos adicionales que no habían sido considerados en la Cámara de Diputados. De esta forma, se consuma el autoritarismo y el atropello a las reglas parlamentarias en la Comisión de Constitución del Senado”, escribió también.
En diálogo con este Diario, Vásquez ratificó su postura y adelantó que su bloque votará en el mismo sentido.
Por su parte, la senadora Silvana Robles, de Juntos por el Perú, también anunció que votará en contra. “Por una simple razón: se ha contravenido el reglamento del Senado, artículo 25, inciso a, que impide incorporar materias distintas a las aprobadas por los diputados al momento de modificar una iniciativa legislativa”, dijo a El Comercio.
Este Diario buscó contactar a los senadores del Buen Gobierno, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Entre los puntos modificados destaca la libertad vigilada postpenitenciaria. En el nuevo texto, se reemplazó el criterio general de delitos de alta peligrosidad, lesividad o pluriofensivos por delitos específicos de sicariato, extorsión y casos de organizaciones criminales que atenten contra la seguridad ciudadana.
Además, se agregó que la libertad vigilada postpenitenciaria estará “bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo”.
En la nueva propuesta se eliminó la calificación de organizaciones criminales como “grupos hostiles” y se planteó una regulación más amplia sobre las condiciones de intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.
Otro de los cambios corresponde a la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado, que busca establecer criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales.
En el nuevo dictamen, se reemplazó la frase “empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo” por “empleen técnicas utilizadas por el terrorismo o análogas”, como parte de los criterios de calificación.
En cuanto a las facultades referidas al Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), se incorporaron disposiciones sobre la coordinación e interoperabilidad entre los componentes del sistema.
También se precisó que sus mecanismos de producción, procesamiento, intercambio y análisis de inteligencia deben responder a amenazas contra la seguridad nacional y la criminalidad organizada.
Respecto de los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas, el nuevo texto establece que estos se ejercerán a través de la Comisión de Inteligencia del Senado.
Finalmente, se añadió expresamente la condición de no “afectar los derechos fundamentales”.