El último sábado, a las seis menos cuarto de la tarde, una columna de manifestantes desembocó en la plaza del ayuntamiento de Limoges, en el corazón de Francia. Primero fueron los patrulleros: dos, volcados como escarabajos y entregados al fuego. Después, las ventanas. Las llamas entraron en el palacio que la ciudad había inaugurado en 1883 como un monumento a la República. Pronto el humo escapaba por debajo de las tejas. Los bomberos dieron por perdida una de las alas. A las ocho y media de la noche, ante cientos de curiosos, el campanario que durante casi siglo y medio había presidido la ciudad se vino abajo. Entre las brasas que todavía ardían sobre la plaza, el alcalde buscó palabras para tranquilizar a sus vecinos: ardía un monumento, dijo, no la República. Sin proponérselo, acababa de formular una pregunta bastante más inquietante: ¿cuánto tiene que arder Francia antes de que la República decida defenderse? Francia no carece de fuerza. Tiene policías, leyes y uno de los aparatos estatales más poderosos de Europa. Lo que parece haber perdido es la disposición a ejercer esa autoridad cuando hacerlo exige imponerla. Acaso porque desde hace dos siglos educa al poder para desconfiar de sí mismo; acaso porque cada gobernante sabe que gobierna bajo el horizonte de la próxima elección. Hubo un tiempo, sin embargo, en que Francia imaginaba el poder de otra manera: no para la próxima legislatura, sino para la siguiente generación. Ese principio de continuidad desapareció en una torre medieval de París, cuando la Revolución decidió acabar no solo con el rey, sino también con su heredero.
Aquella torre se llamaba del Temple. En el verano de 1793 servía de cárcel a la familia real. Luis XVI llevaba seis meses decapitado. La noche del 3 de julio, los revolucionarios subieron las escaleras de la torre para llevarse a su hijo. El niño tenía apenas 8 años y acababa de acostarse. María Antonieta se plantó delante de su cama. Durante una hora se negó a entregarlo, hasta que las amenazas la quebraron. Sus captores lo dejaron en manos de un zapatero que, según los testimonios de la época, lo emborrachaba y le enseñaba a maldecir a sus padres. En octubre, ante sus interrogadores, el pequeño firmó con letra temblorosa una declaración que acusaba a su madre de incesto. Se la arrojaron a la reina a la cara en pleno juicio. Dos días después, rodó su cabeza. Haber firmado no salvó al pequeño Luis XVII. Huérfano, fue sepultado en vida en una habitación húmeda y helada de la torre, donde la comida le llegaba por un ventanuco y nadie entraba a verlo. Allí se fue apagando hasta morir de tuberculosis, recién cumplidos los diez años. Con él no desapareció solo un heredero. Desapareció también, al menos simbólicamente, una idea del poder: la de una autoridad obligada a pensar el país más allá de su propia vida. Dos años antes, la República había dejado escrita en su Declaración de Derechos la cláusula de su degradación futura: proclamaba la insurrección como «el más sagrado de los derechos». Las dos escenas pertenecen a una misma ruptura. Mientras se destruía la continuidad del poder, se consagraba moralmente el derecho a derribarlo. Sobre esas ruinas, Francia levantaría un sistema sometido al horizonte mucho más corto de mayorías cambiantes, elecciones, negociados, pactos y supervivencias políticas. La Revolución no se limitó así a cambiar quién mandaba en París: enseñó a los franceses a sospechar, sin tregua, de quien mandara. Desde entonces, la autoridad tiene que justificar su fuerza; la calle, en cambio, nunca justifica la suya.
La verdadera medida del problema llegó cuando aquel sistema tuvo que elegir entre conservar el poder y proteger la vida de los franceses. Esta vez no estaba en juego una reforma, una protesta, ni siquiera un gobierno: estaba en juego la existencia misma de Francia como Estado-nación. El 7 de marzo de 1936, las tropas de Hitler cruzaron los puentes del Rin y ocuparon la franja desmilitarizada que lindaba con Francia. Era una apuesta desesperada. El dictador confesaría después que aquellas 48 horas fueron las más angustiosas de su vida: si el ejército francés se movía, sus soldados tendrían que retirarse y su régimen quizá no habría sobrevivido. Francia, sin embargo, no se movió. El Estado Mayor reclamó una movilización, pero faltaban siete semanas para las elecciones y el gobierno temió el costo de alarmar a los votantes. La contradicción alcanzaba así su forma más brutal: defender el porvenir exigía pagar un precio que los políticos del presente no estaban dispuestos a asumir. Solo que aquella vez no había garantía de una próxima elección: si Francia perdía la partida, podía desaparecer el país cuyo poder intentaban conservar. Las elecciones las ganó poco después el socialista Léon Blum. Dos años antes, Blum había combatido en la prensa la propuesta de un todavía poco conocido Charles de Gaulle de crear divisiones profesionales de blindados; temía que un ejército permanente, moderno y bien equipado pudiera convertirse en una amenaza para la República. El levantamiento militar de Franco en España pareció confirmar aquellos temores. Al otro lado del Rin, entretanto, las fábricas alemanas no se detenían. Francia se encontró ante un dilema cada vez más cruel: el país necesitaba prepararse para una guerra que podía destruirlo, mientras su gobierno estrenaba las vacaciones pagadas, reducía la semana laboral, nacionalizaba industrias de guerra y elevaba los salarios. No fueron esas reformas las que derrotaron a Francia, desde luego; revelaban, sin embargo, hasta qué punto el calendario político y el estratégico habían dejado de coincidir. Cuatro años después, los blindados alemanes atravesaron las Ardenas y Francia cayó en seis semanas. Casi un siglo más tarde, el mecanismo resulta inquietantemente reconocible. El gasto público francés ronda hoy el 57% del PIB y, entre 2024 y 2025, dos primeros ministros perdieron el respaldo de la Asamblea en medio de intentos por contener las cuentas públicas. Cambian las amenazas; permanece el incentivo. En el modelo francés, quien pide sacrificios, por necesarios que sean, pierde el poder. Quien reparte subsidios y favores, aunque arruine al país, lo conserva.
Pero la desconfianza hacia la autoridad no se quedó dentro de las fronteras francesas. El 9 de mayo de 1950, en un salón dorado de la cancillería, un ministro francés leyó ante la prensa la declaración que pondría en marcha la construcción europea. El continente todavía olía a ceniza y la idea respondía a una obsesión perfectamente comprensible: impedir que un Estado volviera a acumular el poder necesario para arrastrar a Europa a otra catástrofe. La solución consistió en encerrar la autoridad dentro de sucesivos cerrojos. Los gobiernos conservarían el poder, pero sometido a constituciones, tribunales, tratados y, cada vez más, instituciones situadas por encima de las fronteras nacionales. Aquella arquitectura resultó extraordinariamente eficaz para impedir que regresara el tipo de enemigo que Europa acababa de derrotar. El problema apareció cuando los peligros cambiaron y los cerrojos permanecieron. Un gobierno francés puede ganar una elección y descubrir después que tampoco eso basta para ejecutar determinadas decisiones. En el 2024, cuando el Parlamento endureció la ley de inmigración, el Consejo Constitucional anuló 32 de sus 86 artículos. A esa primera barrera nacional se añade otra europea: normas comunes y tribunales capaces de limitar lo que los propios Estados pueden hacer dentro de sus fronteras. El fenómeno no es exclusivamente francés. En octubre del 2024, Italia trasladó a Albania a un primer grupo de migrantes dentro del dispositivo creado por el gobierno de Giorgia Meloni; pocos días después, una decisión judicial obligó a devolverlos. La paradoja empieza a dibujarse entonces con claridad: Europa construyó un sistema formidable para impedir que el poder abusara del ciudadano, pero bastante menos preparado para el momento en que el ciudadano exige al poder que lo proteja. En Francia, esa dificultad deja de ser abstracta cuando una orden del Estado sencillamente no se cumple. En el 2022, la pequeña Lola, de 12 años, fue asesinada en París por una mujer musulmana sometida a una orden de abandonar el territorio francés. Ahí reside la tragedia de un diseño concebido bajo la sombra de 1940: Europa aprendió a defenderse del Estado que podía volverse demasiado fuerte, pero no imaginó con la misma precisión qué ocurriría si algún día el Estado se volvía demasiado débil. Cuando la calle arde, como el sábado en Limoges, una maquinaria levantada para impedir el regreso de un poder absoluto descubre que también puede dificultar el ejercicio del poder necesario.
Vistas desde lejos, sin embargo, esas llamas pueden engañar. Es fácil atribuirlas al temperamento de un pueblo acostumbrado a protestar, a la herencia de 1789 o a esa Francia que convirtió la calle en una extensión de la política. Pero lo que arde hoy es algo distinto: un pacto que durante décadas permitió a los gobiernos comprar estabilidad distribuyendo una riqueza que el país todavía era capaz de producir. Mientras hubo crecimiento, industria y dinero suficiente, la fórmula funcionó. El gobernante podía conceder más de lo que exigía, aplazar las reformas y entregar a cada protesta alguna victoria. El problema apareció cuando repartir empezó a ser políticamente más rentable que producir. La industria perdió peso, la revolución tecnológica se desarrolló en buena medida fuera de Francia y la deuda terminó por superar el valor de todo lo que el país produce en un año. El Estado conservó entonces las obligaciones de la prosperidad sin conservar necesariamente los medios para financiarlas. Y allí se cerró la trampa: cualquier reforma capaz de reconstruir riqueza exige sacrificios presentes cuyos beneficios llegarán después, mientras el político que debe imponerlos sabe que quizá no seguirá en el poder cuando esos beneficios aparezcan. La calle, en cambio, cobra al contado. Puede bloquear una carretera, incendiar un ayuntamiento o derribar a un gobierno mucho antes de que una inversión, una fábrica o una reforma fiscal produzcan sus frutos. De ese modo, el horizonte electoral termina imponiéndose al horizonte económico: se protege el consumo de hoy aun cuando eso comprometa la riqueza de mañana. No es que la República sea incompatible con la prosperidad; es que un sistema incapaz de pedir sacrificios cuando son necesarios acaba volviéndose incompatible con cualquier proyecto de largo aliento capaz de mejorar de manera duradera la vida de la gente. Pero cuando la riqueza deja de alcanzar, el viejo mecanismo comienza a romperse. El Estado ya no puede comprar cada protesta con una nueva concesión; si tampoco se atreve entonces a imponer la ley, deja tras de sí algo más peligroso que el descontento: un vacío de autoridad. Y ese vacío no tarda en llenarse. Lo ocupan las bandas que disputan barrios, los fanatismos que desafían sus normas y, finalmente, quienes prometen devolverle de golpe una autoridad que durante años renunció a ejercer. Francia ya descubrió una vez hasta dónde puede conducir esa renuncia cuando alcanza la propia cúspide del Estado. En 1940, después de la derrota, una República exhausta entregó en una sola votación sus poderes a un mariscal. La ironía es feroz: un sistema construido para impedir la tiranía puede terminar preparándole el camino si convierte toda autoridad en sospechosa y todo sacrificio en electoralmente imposible. Porque el poder no desaparece cuando el Estado renuncia a ejercerlo. Cambia de manos: una República incapaz de mandar termina, tarde o temprano, obedeciendo.