El pedido de remoción presentado contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ingresó formalmente este lunes 21 de setiembre a la Presidencia del Senado del Congreso de la República.
Fuentes parlamentarias señalaron a El Comercio que la solicitud todavía no ha sido remitida a la Comisión de Procedimientos Especiales debido a que primero debe existir un acuerdo en la Junta de Portavoces.
Debido a que los congresistas se encuentran en semana de representación, periodo en el que viajan a sus regiones, el tema recién sería abordado la próxima semana.
De otro lado, en diálogo con este Diario, la senadora Susana Matute, del Partido del Buen Gobierno, consideró que la remoción de Gutiérrez debe priorizarse. “Ahora menos que nunca cumple con su función y considero que está involucrado en serios temas administrativos en la Defensoría”, subrayó.
De acuerdo con el Reglamento del Senado, una vez que la denuncia llegue a la comisión, presidida por Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, el grupo dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para investigar el caso y presentar un informe que será sometido a votación en el pleno.
Como se sabe, el último viernes, las bancadas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras presentaron la solicitud ante la Presidencia del Senado.
Petitorio de bancadas de oposición para retirar a Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo.
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El pedido se sustenta en las declaraciones que Gutiérrez hizo en agosto sobre una posible disolución del Congreso. “Si la señora Keiko Fujimori decide cerrar el Congreso, yo le digo con toda sinceridad, no tendría el respaldo del 60% que según las encuestas la respalda, sino tendría mínimo más de 80% como lo tuvo su padre en su momento”, señaló en Canal N el 27 de agosto.
El defensor sostuvo, además, que la disolución del Parlamento representaría un ahorro económico anual de S/ 3.000 millones para el Estado.
El documento, dirigido a Miguel Torres (Fuerza Popular), presidente de la Cámara Alta, califica las recientes expresiones de Gutiérrez como “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes” e invoca la causal de falta grave por actuar con negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo.
La solicitud también se sustenta en denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de personal sin experiencia en la institución. Estas designaciones fueron observadas por la Contraloría General de la República.
Las bancadas demandan en su oficio que la Presidencia del Senado admita a trámite la solicitud y disponga su remisión a la Comisión de Procedimientos Especiales.
Asimismo, solicitan que la comisión requiera los descargos del funcionario denunciado, actúe los medios probatorios ofrecidos, incorpore de oficio el informe de control de la Contraloría General de la República que sustenta la segunda imputación y emita el informe correspondiente dentro del plazo reglamentario.
Una vez emitido el informe, piden que el Pleno del Senado delibere y vote la remoción con el quórum de los dos tercios del número legal de sus miembros y que, de aprobarse, se expida la resolución legislativa del Senado que la formalice y disponga su publicación conforme al reglamento.
En la Cámara Alta, los bloques que firman la solicitud suman 30 votos. Para que el pedido prospere, necesitan al menos 10 votos adicionales de Fuerza Popular (22) o Renovación Popular (8), bancadas que, en conjunto, cuentan con 30 adhesiones.
Los senadores Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Héctor Ventura y Jacques Rodrich indicaron que Fuerza Popular todavía no ha fijado una postura sobre el tema.
Aguinaga y Rodrich coincidieron en señalar que no encuentran razones suficientes para la remoción del defensor del Pueblo.
Tampoco ha fijado posición la bancada de Renovación Popular, según señaló el senador Francisco Calisto Giampietri.
En diálogo con El Comercio, los constitucionalistas Erick Urbina y Alejandro Rospigliosi Vega explicaron que el Senado es la instancia encargada de elegir y remover al defensor del Pueblo.
Sin embargo, para proceder con su salida del cargo, la Constitución establece una condición específica: debe existir una falta grave prevista en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y se requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de senadores. Es decir, 40 adhesiones.
Añadieron que un eventual procedimiento de remoción debe partir de una denuncia presentada ante la Presidencia del Senado. Luego, la Comisión de Procedimientos Especiales deberá evaluar el caso, solicitar los descargos del defensor y, de corresponder, actuar las pruebas. Con esos elementos, elaborará un informe que será publicado y distribuido entre los senadores.
El documento será posteriormente debatido y votado en el pleno del Senado. En esa instancia, Gutiérrez o su abogado podrán ejercer nuevamente su derecho de defensa. Si se alcanza esa mayoría, se emitirá una resolución legislativa que formalice la salida del funcionario.
Bajo la mirada de Urbina, la causal que adquiere especial relevancia en un eventual pedido de remoción es la referida a la negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. El abogado sostiene que la norma no detalla las conductas que puedan ser consideradas como una falta grave.
Por ello, opinó que el Senado tendría que identificar cuál fue el deber concreto que se incumplió, determinar cuál fue la conducta negligente y justificar por qué esta alcanza el nivel de gravedad exigido por el artículo 161 de la Constitución.
Aunque Urbina consideró que las declaraciones del defensor fueron desafortunadas, señaló que, a su juicio, estas no constituyen propiamente una falta a sus deberes como defensor del Pueblo en el marco de la Ley Orgánica que rige a la institución.
Rospigliosi discrepó. A su criterio, el defensor sí ha incurrido en un comportamiento “negligente”, tanto por sus declaraciones como por las contrataciones cuestionadas por el órgano de control, por lo que consideró que debe ser removido.
“El defensor tiene tareas fundamentales: supervisar la administración estatal, defender los derechos humanos e informar anualmente al Congreso. El defensor ha tenido un comportamiento totalmente negligente”, dijo.
“El derecho humano de elegir y ser elegido que hemos tenido los ciudadanos, nos guste o no, acabó en su resultado […] ¿Cómo es posible que quien se supone que defiende los derechos del pueblo promueva lo contrario? Eso es gravísimo, es un defensor del Pueblo que le ha fallado a su pueblo”, cuestionó.
El constitucionalista advirtió que, si el pedido consigue el respaldo necesario en el Senado, sería la primera vez en la historia institucional y constitucional del país que un defensor del Pueblo sea removido antes de culminar su periodo.
