La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, afirmó que no es cierto, como señala un sector de la oposición, en la cámara de diputados del Congreso, que el Ejecutivo “hará lo que se la da la gana”, en caso le otorguen facultades para legislar en seguridad, El Niño, reestructuración del Estados y otros.
En “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, Seminario adelantó que la Línea 100 también atenderá casos de violencia escolar.
— Ocho de doce comisiones de la cámara de diputados está en contra de que el Congreso otorgue facultades al gobierno. ¿Cómo interpreta usted esta situación?
Primero, que la posición del Ejecutivo, del Gabinete Ministerial y, por supuesto, de la presidenta es que nos otorguen las facultades. Si en el camino tiene que haber una negociación política que la planteen y si hay observaciones que sean técnicas y no políticas, porque la población en este momento y por los temas que se piden [seguridad ciudadana, El Niño, entre otros], no está para vaivenes políticos.
— Desde la oposición enviaron una carta al primer ministro, Luis Galarreta, para solicitar que presente un nuevo proyecto de facultades delegadas que se centre en seguridad y fenómeno de El Niño. Desde el Ejecutivo han señalado que no lo harán. ¿Por dónde pasa la solución de este entrampamiento?
Pasa la solución porque la cámara de diputados diga “solo otorgamos estas facultades”, es un pedido general. Además, la población lo que tiene que saber es lo siguiente: no es que nos otorguen las facultades y que nosotros sacamos los decretos legislativos [y no tienen control]. Estos pasan por el Congreso para ver si tienen una observación, no es tan cierto como algunos diputados de la oposición que [el Ejecutivo] quiera suplantar sus prerrogativas, que vamos a hacer lo que nos da la gana. Hay que dar la información completa.
Y hay algunos aspectos como la reorganización del Estado. La ciudadanía se queja de que se ha convertido el Estado en un aparato burocrático lleno de procedimientos que se podrían acelerar o hacer una racionalización. ¿Por qué se oponen a eso? La ciudadanía, además de la seguridad y El Niño, pide celeridad en procesos administrativos y burocráticos. ¿Por qué no nos dan esas facultades? Hemos encontrado un Estado que es un paquidermo.
— Según la última encuesta de Datum para América Multimedia, Keiko Fujimori pasó de 60% de aprobación a 42% en el último mes. Es decir, registró una bajada de 18 puntos porcentuales…
Hay que escuchar [a la población]. Pero nosotros como Ejecutivo, en mi sector hemos encontrado [una situación crítica] y antes que hacer cosas, tenemos que ordenar y se requiere más tiempo para que se note. Estamos trabajando muchísimo.
— ¿El desborde del crimen organizado les ha jugado en contra?
Yo creo que el crimen organizado le juega en contra al país, no al gobierno solamente. Le juega en contra a la ciudadanía, al pequeño empresario y lo peor es que ahora es el gran crimen organizado y pequeñas bandas adoptan modalidades como extorsionar en los barrios, extorsionan hasta a la señora que tiene un carrito y vende picarones. Es la población más vulnerable la que se está viendo [afectada], no solamente es el empresario, sino también la señora que vende salchipapas.
— ¿Y por qué cree usted que la presidenta Fujimori tuvo esta caída de 18 puntos porcentuales? No una baja menor, más aún cuando el gobierno recién inicia.
A ver, yo no tengo ahora una lectura. Y si tuviera alguna apreciación la daría dentro del Gabinete. Lo que creo en general es que hay una urgencia de las personas de sentir [mejoras] en el tema de la seguridad. Pero también creo que ningún gobierno que ha entrado ha sentido la presión de esta manera. Estamos muy presionados, pero estamos trabajando muchísimo. Estamos trabajando muchísimo en todos los sectores. No es tan fácil, pero tenemos que seguir y no distraernos.
— El discurso de la presidenta Fujimori y de los integrantes del Gabinete está dirigido a que sin las facultades es poco lo que puede hacer el gobierno frente a la criminalidad y otros. ¿Realmente están atados de manos?
Lo que pasa es que si han pedido facultades es para mejorar [aumentar] las penas. A la presidenta Fujimori le piden mucha institucionalidad. Y ella ha declarado que es institucionalista […] ¿Qué ha pasado con el Perú [en los últimos años]? El país ha sufrido una desinstitucionalización. Las instituciones no funcionan y, en esa línea, hay que apuntalarlas. El pedido es completo, por eso hay que ajustar penas y procesos. Y si se quedan [desde el Congreso] en que “están pidiendo facultades para legislar y nos quieren quitar la posibilidad de legislar”, no están viendo ni siquiera el árbol, ni la plantita, hay un bosque mucho más grande que requiere ser mirado por completo.
¿Qué mata a la sociedad? La desconfianza. Y la desconfianza pasa también por impunidad, porque no hay sentencias. Lo único que puedo decir es que existe un compromiso muy intenso desde el Ejecutivo en poder resolver los problemas de la población en general. Sectorialmente cada ministro lo tiene muy claro. La presidenta se comunica continuamente con nosotros, más allá del Consejo de Ministros. Tenemos una comunicación fluida, el día previo a las primeras declaraciones sobre el tema del Liceo Naval, yo he conversado con la presidenta.
— ¿En las sesiones del Consejo de Ministros, la participación de la presidenta Fujimori es alta? Nosotros también hemos revisado las actas y no hay mucho detalle sobre sus palabras.
Bueno, sí, por supuesto, si no está la presidenta no hay Consejo de Ministros. Ella lo dirige, ella es la que nos da los comentarios y nos da las indicaciones.
— ¿Su participación es mayor a la que reflejan las actas?
Las actas reflejan los acuerdos, pero para llegar a acuerdos hay que tener conversaciones, hay que tener discusiones y poner los puntos de vista sobre la mesa. Eso, como comprenderán, no tiene por qué estar escrito en un acta. En un acta lo que se pone son los acuerdos que después de discernir llegamos en el Gabinete.
— Hace poco, usted dijo que la violencia sexual contra escolares en Condorcanqui (Amazonas) “no es un problema del Ejecutivo” y que “el gran ausente” ha sido el gobierno regional. ¿Ha sido un error esas declaraciones? Los colegios dependen del MINEDU y, por ende, del gobierno central.
Los colegios en cada región dependen de las UGELES y estas de los gobiernos regionales. Recuerda que a partir del 2006 y 2007 se transfirieron competencias a los gobiernos regionales. Agradezco la pregunta, porque me sirve para aclarar que la frase fue totalmente descontextualizada. Yo estaba explicando, eso fue un viernes, que el lunes nos íbamos a reunir la comisión multisectorial de alto nivel de Ley 30364 (ley contra la violencia). Y nos íbamos a reunir, por primera vez, los titulares, seis ministros de Estado y la presidenta del Poder Judicial. A lo mejor hubo una omisión, además [la entrevista] fue por teléfono. Entonces, yo estaba en Chiclayo y faltó la palabra “solo”, ya “no es solo”, pero, en fin, al ser descontextualizada sonó diferente a la intención que yo tenía.
— En el 2024, el MINSA reportó 77 embarazos en adolescentes en Condorcanqui. La tasa, ese año, en la provincia fue de 14,5% entre chicas de entre 15 y 19 años. Muy superior al 9,2% de la tasa nacional. ¿Cuál es el plan de acción que tiene su ministerio para frenar el abuso sexual en esta zona del país?
Como te decía hace un rato, nos reunimos la comisión de alto nivel, los miembros titulares y el viernes último, los miembros técnicos. El Ministerio de la Mujer ha presentado tres opciones que están siendo evaluadas y que el viernes vamos a tener la propuesta de todos los ministerios. Lo que nosotros creemos es que hay que trabajar en muchísimos aspectos, desde la prevención hasta la sanción. Hay 500 casos de denuncias ya formalizadas, y hay muchas más, pero solo ha habido 66 sentencias.
— Así como en el Liceo Naval, que el Ministerio de Educación tomó control de ese colegio, ¿el Ejecutivo puede adoptar la misma decisión frente a la inacción del GORE?
En general estamos trabajando los sectores. Pero yo lo único que pido en el caso de las niñas de Condorcanqui y del Liceo Naval, pedimos que no politicen, que no usen de arma política a las niñas, por favor. El tema es muy delicado, nos tiene muy preocupados, muy consternados y quiero que sepas que este tema yo lo converso constantemente con la presidenta y le vamos contando los avances, las propuestas. No perdamos el foco de la revictimización, tengamos mucho cuidado con eso, les voy a agradecer mucho que enfaticen que la víctima en Amazonas, Lima o en Tumbes tiene que ser protegida. ¿
— ¿Pudo hablar con el ministro (De Justicia, Ernesto) Álvarez? Él aludió a un tema “cultural” los abusos en Condorcanqui.
Por supuesto, sí. Ya lo hemos conversado, no te voy a contar, no pasa nada. Ya nos pusimos de acuerdo en todos los aspectos. Tenemos confianza en que vamos a avanzar.
— ¿Cuáles son las acciones concretas que tomó el Ministerio de la Mujer tras la denuncia de violación sexual por parte de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise contra un compañero menor que ellos?
Tenemos dos tipos de Centro de Emergencia Mujer, uno de ellos son los que están en las comisarías y que funcionan las 24 horas del día y los siete días a las semanas. La denuncia [en el Caso del Liceo Naval] fue en la comisaría de San Borja y ahí el CEM toma conocimiento y se acercó a la familia a ofrecer apoyo psicológico y legal. A partir de allí hemos hecho un acompañamiento en los dos ámbitos y vamos avanzando. Hay temas que por confidencialidad no podemos detallar. Nosotros hemos hecho las primeras denuncias y los primeros escritos para que se active la denuncia en la fiscalía.
— Seis alumnos del Liceo Naval Almirante Guise han sido internados por cuatro meses en Maranguita. En el penal de Ancón II hay un anexo para los menores de edad que cometen delitos graves, como sicariato, robo agravado y violación. ¿Para usted, estos escolares debían ir ahí?
Yo no conozco los detalles legales ni cuáles son los niveles de sanción. Sería irresponsable de mi parte decir si deberían haber ido a tal o cual lugar, porque eso sería tomar una posición que no le corresponde al Ejecutivo. El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que asumir, les pedimos que adopten decisiones con la celeridad posible.
— Si en cuatro años, el Poder Judicial no dicta una sentencia firme. Es decir, en segunda instancia sobre este caso, los seis estudiantes recluidos saldrán en libertad. ¿El Estado puede garantizarle a la víctima que no habrá prescripción?
Desde el Ministerio de la Mujer, nosotros hemos acompañado [a la víctima], desde el primer día, desde la primera declaración que dimos pedimos celeridad en el proceso. Nosotros estamos proponiendo que cuando se presente una denuncia de violencia sexual contra menores, las fiscalías y los juzgados correspondientes deben darle prioridad absoluta para justamente evitar lo que están planteando, de una prescripción.
— El ministro de Educación ha revelado que en el Liceo Naval hay 80 denuncias de violencia en los últimos dos años. Y esta situación se debe repetir en otros colegios. Los padres de familia del referido colegio han denunciado que los galones pesaban incluso al momento de evaluar estos casos. ¿Es suficiente que la Marina ya no tenga la administración del centro educativo?
Ahí hay una cosa que no solamente es el Liceo Naval, hay una lista. ¿Y qué es lo pasa? El ministro Chang ha declarado que “Sí se ve”, que es la plataforma de denuncias del Ministerio de Educación, contaba con 164 personas, que solo hacían estadísticas. Ahora creo que hay 40 personas, pero era una plataforma que no activaba las denuncias correspondientes.
— Es decir, quedaba en el papel y no se actuaba…
En la estadística, en el Excel, en las barras. La respuesta que estamos dando como gobierno es integral. Yo ya hablé con el ministro Chang para ver la interoperabilidad, para conocer nosotros las denuncias y recibirlas por teléfono. El objetivo es proteger a tiempo, no esperar, hay que romper la espiral [de violencia].
— El Caso del Liceo Naval no es un hecho aislado, a raíz de este caso han surgido una gran cantidad de denuncias. ¿Qué medidas se pueden adoptar frente al bullying?
En esta gestión, el Ministerio de la Mujer se ha impuesto tres objetivos: proteger a tiempo, cuidar con dignidad y generar autonomía económica para las poblaciones vulnerables. En el primer punto, lo que hemos visto es que hay una espiral de violencia que termina en esta agresión, en un golpe, en un balazo, en un asesinato. Tenemos que capacitar, generar información para que la gente identifique los primeros rasgos de la violencia. El bullying es un término que se ha ido acuñando y que muchas personas lo usan para edulcorar [una situación], cuando eso se llama violencia escolar. […] En la Línea 100, los casos de bullying no son considerados violencia y ya lo estamos incorporando.
— La Unidad de Protección Especial (UPE) del ministerio ha trasladado a la hija de seis años del escultor Luis Sifuentes ‘Mamanka’, investigado por presunto abuso sexual y trata de personas…
Nosotros no hemos sacado [a la niña], el papá la ha entregado, la ha llevado a la unidad. Después de cumplir con los protocolos psicológicos y administrativos, hemos entregado a la niña a la mamá. Y hay diferentes denuncias en camino [en contra de Sifuentes]. Hay por trata, por violencia psicológica. Desde el primer día, cuando conocimos el Caso de Valentina creímos que iba a ser emblemático. Pido [a las víctimas] que denuncien y que perseveren con la acusación.
— ¿En este caso, el Poder Judicial debe otorgar la custodia a la madre, que ha denunciado que Sifuentes la sometió sexualmente desde los 14 años?
Nosotros no podemos adelantar una opinión, porque somos el Poder Ejecutivo, no queremos que cualquier opinión nuestra pueda ser interpretada como una interferencia. El Poder Judicial y el Ministerio Público son organismos independientes. Nosotros vamos a cumplir nuestra tarea, que es dar protección a poblaciones vulnerables y en este caso proteger a una niña que estaba muy expuesta, según lo declarado por su madre.
