En una frase oportuna, corta y clara, el presidente del BCR, Julio Velarde, expresó su preocupación por la tendencia del déficit fiscal. Ciertamente, no se trata de un problema que hoy nos genere una disrupción importante, sino de un avance lento en la dirección incorrecta.
Todos los países mantienen deudas, lo importante está en qué tanto se endeudan y qué tanto pueden estarlo, según ley. El límite legal del tamaño de nuestra deuda pública es 30% del PBI, pero tras la pandemia, este tope se incrementó a 38% hasta el 2034. La cifra, comparada con grandes potencias es acotada. Estados Unidos o Japón, por ejemplo, están en la capacidad de endeudarse por encima del 100% de su PBI sin llevar su economía al cadalso.
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El año pasado nuestra deuda pública representó el 33% del PBI. Está controlada, sí, pero como país debemos ser responsables para que la cifra no se dispare, pues no podríamos soportarlo. La complejidad de la situación radica en que se trata de un trabajo de hormiga en el que cada gobierno debe poner su grano de arena y comprometerse a cumplir la trayectoria fiscal, situación que hemos visto deteriorarse por el creciente gasto (sobre todo corriente) en el Ejecutivo y las creativas iniciativas del Congreso.
Por muchos años la deuda peruana no ha generado gran preocupación, pero llevamos dos años sin poder llegar a la meta del techo fiscal y se ha cambiado la trayectoria -haciéndola más flexible- para no caer en el tercer incumplimiento este año. Si bien esto último refleja que existe preocupación, no debe convertirse en la regla. Y es que, así como mantener una comunicación frecuente y fluida con las calificadoras de riesgo debe ser una parte de la estrategia del gobierno para transmitir tranquilidad a los agentes internacionales, nada generará más calma y credibilidad que los propios números, en orden y en azul. Que la tendencia se corrija ya no solo depende de la gestión actual, sino de la que viene, por lo que los planes de gasto y el equipo económico deberían ser uno de los temas más importantes a revisar en los planes de gobierno de los aspirantes a la presidencia de la República.
