El 7 de junio de 2026, los peruanos eligieron por primera vez en su historia a una mujer como presidenta. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, gana el balotaje con el 50,12% de los votos válidos frente al 49,88% de Roberto Sánchez —apenas 44 mil sufragios los separan–. Así, el 28 de julio, una mujer jurará por primera vez como presidenta constitucional del Perú.
Es un hito que merece ser nombrado y no porque Fujimori encarne un proyecto feminista —su trayectoria y la de su partido distan de esa lectura— sino porque su llegada al sillón de Pizarro quiebra la normalidad de lo masculino en el poder supremo. Pero no podemos quedarnos en el símbolo. Si la primera presidenta no convierte su gobierno en una palanca real para cerrar las brechas de género, entre otros aspectos, en el mercado laboral, habremos ganado una imagen y perdido la oportunidad que esa imagen representa.
Los datos del INEI para 2025 son elocuentes; el 55,5% de las personas ocupadas son hombres y solo el 44,5% mujeres. La tasa de desempleo femenino fue 5,7%, frente al 4,2% masculino. El ingreso promedio de las mujeres alcanzó los S/ 1.505 mensuales, apenas el 75,9% del salario masculino. Las peruanas ganan, en promedio, S/500 menos al mes que sus pares hombres. Una brecha que no es nueva, no es accidental y no se ha cerrado en años.
Pero es en el grupo de 18 a 29 años donde la inequidad se convierte en fractura. En 2024, el 23,3% de las mujeres jóvenes de 15 a 29 años no estudiaba ni trabajaba —los llamados “nini”— frente al 11,6% de los hombres jóvenes. En 2025, un estudio del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, identificó que el Perú superó 1,3 millones de jóvenes nini —cifra estancada desde 2021— y el 63,5% son mujeres. La OCDE ubica al Perú como el quinto país del mundo con mayor proporción de jóvenes en esta situación, por encima de Brasil, México y Chile.
La causa no es principalmente educativa, pues el 28% de las mujeres nini tiene algún nivel de educación superior. El problema es estructural. La maternidad temprana, el cuidado no remunerado y la distribución desigual del trabajo doméstico expulsan a las jóvenes del sistema antes de que puedan consolidarse. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024, la mujer dedica el 20% de su día a actividades no remuneradas, el doble que el hombre. Ese tiempo invisible tiene un costo real: menos formación, menos empleo, más exclusión.
La primera presidenta tiene ante sí una agenda urgente: reconocer la economía del cuidado como política económica, ampliar servicios públicos de cuidado infantil, rediseñar programas de empleabilidad con enfoque de género y aplicar con seriedad las normas contra la discriminación salarial.
Las cifras no mienten: las mujeres peruanas ganan menos, se desempleán más, se quedan fuera del mercado con mayor frecuencia y, cuando son jóvenes, enfrentan el doble de probabilidades de ser nini que sus pares hombres. Una joven de 20 años en Lima Norte, en Cusco provincia, en Loreto ribereño,
no está mirando Palacio de Gobierno pensando que el techo ya se rompió. Está mirando un mercado laboral que la excluye sistemáticamente y preguntándose si el nuevo gobierno va a ocuparse de eso.
Keiko Fuimori tiene la oportunidad histórica de responder que sí. De demostrar que la igualdad simbólica en la cúspide del poder puede traducirse en igualdad real en el mercado laboral, en el hogar, en la calle. Que el hecho de que una mujer esté en Palacio signifique algo concreto para la joven de 23 años que no estudia ni trabaja porque tiene un hijo de dos años y no tiene quién se lo cuide.
Las jóvenes peruanas no necesitan únicamente un símbolo en Palacio, necesitan un Estado que las vea, las cuente y les abra paso real en el mercado laboral. Ese es el verdadero desafío.
