El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá el jueves 29 de octubre el informe final de la Denuncia Constitucional 12 (antes 403) contra el golpista Pedro Castillo y el exministro de Defensa, Walter Ayala.
El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá el jueves 29 de octubre el informe final de la Denuncia Constitucional 12 (antes 403) contra el golpista Pedro Castillo y el exministro de Defensa, Walter Ayala.
Así lo acordó la Junta de Portavoces de dicha cámara parlamentaria que programó para las 3:00 p.m. dicho debate.
El documento atribuye a Castillo la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, al señalar que habría utilizado su cargo para favorecer indebidamente a terceros y vender ascensos dentro de las Fuerzas Armadas.
En el caso de Ayala, el informe plantea acusarlo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado. Según la denuncia, el exministro habría actuado como intermediario para gestionar intereses ilícitos del entonces mandatario y de terceros, incumpliendo sus deberes funcionales.
Asimismo, el documento propone el levantamiento del fuero de ambos exfuncionarios, con el objetivo de que el Ministerio Público proceda conforme a sus atribuciones respecto de los presuntos delitos funcionales identificados.
El pasado 7 de octubre, la Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por unanimidad remitir el informe final al Pleno. La medida buscaba evitar que el procedimiento quedara sin efecto ante el vencimiento de la prerrogativa funcional de Ayala, previsto para el 15 de noviembre de este año.
La denuncia fue presentada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y comprendía inicialmente presuntos delitos como abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.
El expediente no concluyó su trámite durante el período parlamentario 2021-2026. El informe elaborado por la entonces Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue remitido a la Comisión Permanente, pero no llegó a ser debatido ni votado.
Con el inicio del nuevo período parlamentario, el caso fue derivado a la actual Comisión de Acusaciones Constitucionales, que acordó elevarlo al Pleno.