Para 2025, las exportaciones de oro extraído ilegalmente podrían superar los US$12,000 millones, un 60 % más que el año anterior, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Lejos de ser una señal de crecimiento, refleja un síntoma alarmante: la expansión de redes criminales y el aumento de la violencia, principalmente en regiones como La Libertad y Madre de Dios.
En esta realidad, la palabra “formalización” se ha desgastado hasta volverse una etiqueta vacía. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2017 como un mecanismo transitorio, ha sido prorrogado repetidamente, perdiendo su carácter excepcional. Lo que nació como un puente hacia la legalidad terminó actuando como escudo para quienes operan al margen de la ley.
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Actualmente, más de 85 mil pequeños mineros están inscritos en el Reinfo, pero más de 60 mil de ellos se encuentran suspendidos por incumplir requisitos. Aun así, su inscripción impide que sean procesados o denunciados. La consecuencia es clara: un sistema desbordado, sin capacidad de control y que no cumple su propósito.
La discusión reciente sobre la Ley Mape proponía reemplazar el Reinfo por un nuevo registro, el “Renapmat”. Sin embargo, la propuesta fue vista como un “Reinfo recargado”: con las mismas falencias y sin fiscalización ambiental ni laboral efectiva. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ya había advertido que este cambio solo perpetuaba los problemas existentes bajo otro nombre. Ante las observaciones, el predictamen fue enviado a un cuarto intermedio.
Esta coyuntura evidencia la urgencia del problema y la falta de visión a largo plazo. Mientras el Congreso volvió a postergar el debate sobre la Ley Mape, el Ejecutivo extendió el Reinfo hasta fin de año, prolongando un esquema que ha demostrado ser ineficaz. Así, se vuelve a perder la oportunidad de una formalización minera real y sostenible.
Formalizar no es solo llenar formularios. Hay elementos que pueden servir de base para un cambio real: fiscalización descentralizada con tecnología, articulación efectiva entre el Estado y los gobiernos regionales, incentivos para que la pequeña minería cumpla estándares sostenibles, y mecanismos de acceso al crédito y al mercado formal. La formalización debe generar valor para el país, pero también para el minero: mejor calidad de vida, protección social, acceso a servicios básicos y condiciones de trabajo dignas.
El Reinfo, tal como está, no lo está logrando. Dejó de ser un camino a la legalidad y se ha convertido en refugio de redes que se aprovechan del sistema. Si no lo reformamos desde la raíz, seguiremos atrapados en una ficción institucional que le cuesta al país vidas humanas, ecosistemas destruidos y miles de millones de dólares en manos equivocadas. La minería puede ser una palanca de desarrollo, pero solo si se construye sobre bases firmes, transparentes y justas.
