La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) informó que la segunda temporada de pesca de anchoveta 2025 en la zona centro-norte cerró con resultados sólidos, pero remarcó que el principal desafío hacia adelante será la toma de decisiones oportunas para no comprometer la próxima campaña, en un contexto de vigilancia por un posible Niño Costero.
Durante la presentación de resultados y perspectivas del sector, Jessica Luna, presidenta del gremio, señaló que la temporada —que inició el 7 de noviembre de 2025— alcanzó desembarques por 1,6 millones de toneladas, equivalentes al 98% de la cuota autorizada de 1,63 millones de toneladas. La temporada contó con la participación de 675 embarcaciones industriales, tanto de acero como de madera.
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Luna indicó que, pese a tratarse de una cuota menor al promedio de los últimos años, el desempeño fue consistente y permitió generar alrededor de US$ 900 millones en exportaciones de harina y aceite de pescado. En el agregado anual, recordó que el sector pesquero industrial aporta cerca de US$ 3.000 millones en divisas, genera alrededor de 250.000 empleos y representa 1,5% del producto bruto interno.
En relación con el manejo del recurso, explicó que la captura de juveniles representó 14,5% del total, dentro de los límites establecidos por la regulación, y que la biomasa de anchoveta se mantiene estable y saludable, bajo un esquema que solo permite capturar una fracción del stock disponible para asegurar su reproducción.
Riesgos y desafíos del sector
El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que el sistema de alerta ante el posible Niño Costero pasó de “no activo” a “vigilancia”, anticipando la probabilidad de condiciones cálidas débiles desde abril y temperaturas del mar por encima de lo normal en la costa peruana. Sobre ello, Luna señaló que ese contexto de variabilidad obliga a actuar con rapidez y subrayó la importancia de iniciar oportunamente el crucero científico del Imarpe que sirve de base para definir la primera temporada en la zona centro-norte.
“El sector pesquero en el año aporta 1,5% del PBI. Eso está en juego”, afirmó, y remarcó que decisiones que no se tomen con la debida anticipación pueden terminar afectando el empleo, las exportaciones y el crecimiento económico.
La presidenta de la SNP también se refirió a la situación del sur del país, donde indicó que en los últimos años cerraron alrededor de siete plantas pesqueras, con la pérdida de más de 7.000 empleos, debido a un marco regulatorio que no considera las particularidades de esa zona. Señaló que este es un tema pendiente que requiere una revisión específica.
Finalmente, Luna reiteró que el combate contra la pesca ilegal sigue siendo un desafío central y sostuvo que el problema no radica en la falta de normas, sino en la necesidad de fortalecer la fiscalización. En esa línea, cuestionó iniciativas legislativas orientadas a reabrir procesos de formalización ya cerrados, al considerar que podrían agravar la informalidad en el sector.
