Los Comités de Destilados y Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) demandaron a las autoridades que se incorpore como delito contra la salud pública en la ley de crimen organizado los delitos de producción o comercialización de bebidas alcohólicas ilegales, debido a que la normativa actual que los tipifica resulta insuficiente.
En el marco del II Simposio “Transformación Económica e Innovación hacia la Sostenibilidad en Lima Metropolitana”, indicaron que la investigación penal no está atacando el problema de raíz y las sanciones penales no se aplican de manera eficiente debido a la falta de herramientas legales que permiten perseguirlas bajo el enfoque de crimen organizado.
La gerenta de Asuntos Internacionales de la SNI, Silvia Hooker, apuntó que el 52% empresarios industriales se ven afectados por el comercio ilícito y la falsificación y la adulteración se encuentran en el cuarto lugar del ranking que encabeza el contrabando.
“La falsificación y la adulteración causan daño a la salud de las personas, a la economía, al empleo, a la industria nacional, afectando a todo el sector productivo formal. Para combatirlos, no solo se necesita fiscalización, sino una legislación que los considere como crimen organizado. Solo así se entenderá la dimensión del problema”, advirtió Hooker.
La representante de la SNI alertó que las prácticas delictivas detrás de las bebidas alcohólicas ilegales operan bajo esquemas organizados con estructuras logísticas, redes de distribución y financiamiento, asociadas al crimen organizado.
Cabe recordar que en la Ley 29632 para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para consumo humano se incorporó al Código Penal el artículo 288-C que tipifica estos delitos, pero no se les relaciona con el crimen organizado, por lo que se requiere incorporarlos como una amenaza grave para la salud pública, la seguridad ciudadana y el estado de derecho.
En ese sentido, en la Ley 30077 sobre el crimen organizado se especifican delitos contra la salud pública abarcando la falsificación, contaminación, adulteración o comercialización de diversos productos, pero no se incluye a las bebidas alcohólicas.
Por ello, los Comités de Destilados y Vitivinícola de la SNI consideran que incorporar esta conducta a dicha ley permitirá no solo sancionar con mayor eficacia a los responsables, sino también desarticular estructuras criminales que lucran a costa de la salud, la seguridad y el desarrollo del país.
Adrián Reyes, integrante del equipo Legal & Compliance de Cartavio Rum Company S.A.C., recordó que las bebidas alcohólicas ilegales en diversos puntos del país han ocasionado intoxicaciones masivas y muertes por el consumo de licor adulterado. Estos delitos son una práctica sostenida, organizada y peligrosa que exige una respuesta legal más firme y coherente, resaltó.
Reyes explicó como funciona la cadena de adulteración y advirtió que en los productos alcohólicos adulterados incautados en el Perú se encontró una contaminación bacteriana por encima del 200% y niveles de turbidez superiores al 500%.
Por su parte, José Luis Medina, abogado especialista en litigios penales vinculados a la actividad empresarial y cumplimiento corporativo del Estudio Rodrigo, señaló que la adulteración de bebidas alcohólicas opera a través de estructuras criminales organizadas que generan millonarias ganancias a costa de la salud y la vida de las personas.
Asimismo, indicó que considerar estas conductas dentro del ámbito del crimen organizado permitiría dotar al Estado de herramientas más eficaces para investigar, sancionar y desarticular estas redes, reduciendo la impunidad que actualmente favorece su expansión. En esa línea, el analista de los Comités de Destilados de la SNI Hans Ramírez, alertó que una de cada cuatro bebidas alcohólicas que se venden en el país son de procedencia ilegal producto de la falsificación, adulteración o del contrabando.
