El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se abrió este viernes a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan “de la manera más eficiente posible”, tras la entrada de miles de personas en la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
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El jefe del Gobierno español reiteró que su Ejecutivo esta utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta.
En su opinión, lo sucedido es consecuencia de la propagación en redes sociales por parte de las mafias que trafican con personas, de una “lectura interesada” de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español que impedía las devoluciones de personas que entran en el país por mar.
A la espera de posibles reformas legales, Sánchez aseguró que se dará una respuesta “coyuntural” ante la situación y que solicitó a la empresa Sasemar, encargada de salvamento marítimo, que despliegue boyas en el espigón fronterizo, en colaboración con el Ejército español y la Guardia Civil.
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El objetivo, explicó, es crear una barrera de contención visible que marcaría la línea fronteriza entre ambas naciones y que puede facilitar el cumplimiento de la ley.
Las estimaciones iniciales elevan a 49.000 personas -a falta de confirmación oficial- las que entraron de forma irregular a la ciudad norteafricana española de Ceuta, que tiene una población censada de 83.595 habitantes, según datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Ministerio del Interior divulgó poco después de la comparecencia de Sánchez que durante la mañana y hasta las 13.30 (11.30 GMT) habían retornado ya a Marruecos más de 25.000 personas, y que se prevé que la cifra suba de forma ostensible durante el resto de la jornada ya que las salidas de Ceuta hacia territorio marroquíse están produciendo a un ritmo muy alto, de unas 150 personas por minuto.
