El decano del Colegio de Abogados de Loreto, Erick Salas, afirmó que el Ejecutivo y el Congreso de la República aún no responden la demanda presentada por su institución ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, recordó que el pasado 30 de junio su organización presentó una demanda contra la Ley 32537, que amplía el Reinfo hasta el 31 de diciembre de este año y el Decreto Legislativo 1695, que regula el delito de minería ilegal.
“La demanda fue admitida por el Tribunal Constitucional (TC), se notificó al actual Poder Ejecutivo y al Congreso para que la absuelvan. Hasta el momento no lo hacen. El Gobierno y el Congreso no pueden defender normas que no solo no aprobaron, sino que son manifiestamente inconstitucionales. Tampoco deben dilatar el pronunciamiento del TC esperando el último día para contestar la demanda”, subrayó.
Recordó que otra sentencia del TC recaída en la primera demanda presentada por el Colegio de Abogados de Loreto exhortó al Congreso y al Ejecutivo a aprobar un régimen normativo que no contemple un marco de exención de responsabilidades civiles, administrativas y/o penales en el proceso de formalización minera.
“La sentencia no fue cumplida. El actual Ejecutivo y el Congreso deben acatarla y contestar la demanda ratificando que no puede mantenerse un régimen normativo como el demandado que, día a día, vulnera derechos y principios constitucionales con total impunidad”, manifestó.
Consideró que la Ley 32537 “prorroga por quinta vez un ineficiente e inconstitucional régimen de formalización minera con impunidad civil, administrativa y penal, perpetuado por el Decreto Legislativo 1695, que ha promovido centros de explotación minera ilegal”.
“Prolonga la vulneración de derechos y principios constitucionales esenciales para la protección del medio ambiente, la salud y las personas en situación de vulnerabilidad. Más aún en Loreto, donde se ha incrementado la minería ilegal en diversas cuencas, especialmente en el río Nanay, de donde proviene el agua para la población de Iquitos, la ciudad de la Amazonía más grande del Perú. La extracción del oro genera deforestación. Constituye una grave amenaza al desarrollo sostenible de la Amazonía”, subrayó.
“El régimen legal de exención de responsabilidad civil, administrativa y penal, objeto de la demanda de inconstitucionalidad, afecta la esencia de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho que no admite la existencia de regímenes de impunidad. Las normas cuestionadas establecen un ‘régimen legal paralelo’, inconstitucional que se consolida día a día. Estas normas no pueden ser defendidas por el Gobierno ni el Congreso”, añadió.
Finalmente, el decano del Colegio de Abogados de Loreto mencionó que la prórroga del Reinfo vencerá a fines de este año y que el Gobierno y el Congreso no pueden defender una actividad minera sin fiscalización ambiental, sin tecnologías limpias y sin cumplimiento de compromisos ambientales, que atenta contra derechos y principios constitucionales. “El TC debe resolver este año un caso de especial trascendencia para el país”, sentenció.
