Ronald Angulo– procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)- denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, luego de que material electoral no llegará el domingo a 13 centros de sufragio. “Gálaga tenía 13 trabajadores, a última hora buscó personal y furgonetas, ellos [ONPE] sabían de eso, pero no hicieron nada”, remarcó en una entrevista con El Comercio.
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— También señala que hubo omisión de actos funcionales. ¿La ONPE pudo advertir de la situación de Gálaga al JNE antes de que inicie la jornada de votación?
Es que la ONPE no tenía que comunicar al JNE, la ONPE tenía que solucionar los problemas que habían ocurrido con esta empresa Gálaga. Hay un informe de contraloría, que ya había hecho observaciones, en el sentido, de que esta empresa había sido sancionada. La ONPE, de acuerdo a su ley orgánica, se encarga de la organización y ejecución del proceso electoral. Ellos tenían que verificar, en la etapa de planificación, si la empresa tenía o no la capacidad operativa para poder trasladar el material electoral a todos los locales de votación y aparentemente no lo han hecho.
[…] La empresa Gálaga tenía 13 trabajadores, a última hora estaban buscando personal y furgonetas para trasladar el material electoral, ellos [en ONPE] sabían de esto, pero no hicieron nada. Hubo una omisión de funciones, porque ellos debían de subsanar estos inconvenientes para que el material llegue oportunamente a los locales de votación. Es evidente que no hubo una supervisión adecuada para que el material electoral llegue a los locales de votación para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho a sufragio.
— ¿Qué tipo de medidas hubiera podido adoptar el JNE si la ONPE comunicaba el sábado, por ejemplo, que el material electoral no había llegado a todos los centros de sufragio en Lima?
El jurado habría tomado algún acuerdo para que ONPE [tenga tiempo] para subsanar o levantar las observaciones efectuadas por la contraloría respecto a esta empresa. Pero la ONPE no comunicó, a pesar de que ya el día anterior [a la elección] había problemas.
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— En su denuncia, usted señaló que la conducta de Corvetto es “el hecho que reviste mayor gravedad”. ¿Por qué?
Porque es el titular de esa entidad [la ONPE]. Él [Corvetto] es el que tiene que organizar las elecciones, que tiene que velar por la entrega del material electoral a los locales de votación y cuando hay un incidente todos le reportan a él y él es quien decide. Corvetto, como jefe de la ONPE, pudo dar medidas de contingencia, decir ‘vamos a hacer esto’, pero al final se quedó callado, no hizo nada, recién al mediodía del domingo salió a decir que había tenido problemas con la empresa Gálaga, que se había retrasado. Pero por qué no el sábado tomó una decisión trascendental para levantar estos inconvenientes.
— Su denuncia penal, además, de Corvetto abarca a los funcionarios de la ONPE Ricardo Saavedra (gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional), Edward Alarcón (gerente de Administración) y José Samamé (gerente de Gestión Electoral). Y al representante legal de Gálaga, Juan Alvarado. ¿Hay otros implicados?
No, nosotros hemos denunciado a estos funcionarios, porque son los que tienen relación directa con el transporte [del material] y con la contratación de la empresa Gálaga. Ellos también tienen que ver con los términos de referencia de la contratación. Entonces, por eso los hemos considerado a ellos como presuntos responsables. El fiscal va a determinar su responsabilidad o no. Ahora, una vez que el fiscal comience con la pesquisa y termine la etapa preliminar, también tiene la facultad de comprender a otros funcionarios de ser el caso.
— ¿Cuál es la situación de Samamé, quien se encuentra detenido? ¿Usted ha podido entrevistarse con él?
No, yo no podría entrevistarme con él, porque yo no realizo actos de investigación. El fiscal es el que va a pedir su declaración. Además, debo decir que pueden darse dos investigaciones paralelas [una por delitos de corrupción y otra por la denuncia que presentamos]. Entiendo que la policía anticorrupción puede tenerlo porque lo capturó en flagrancia. Él, en su carta de renuncia, se echa toda la culpa. Y por eso es que lo detienen.
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— ¿A cuánto asciende la pena por los delitos por los cuales usted ha denunciado a Corvetto y otros funcionarios de la ONPE?
El artículo 359 del Código Penal, que se refiere al delito de atentado contra el derecho al sufragio, tiene una pena de dos a ocho años. El delito de omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales, que está en el artículo 377 del Código Penal, tiene una pena de hasta dos años. Y el delito de obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, que está contemplado en el artículo 383, inciso D, de la Ley Orgánica de Elecciones, establece una pena de hasta tres años […] En una eventual condena, se podría sumar, pero ya depende de la autoridad competitiva.
— El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, refirió que su institución investiga una presunta colusión entre altos funcionarios de la ONPE y la empresa Gálaga. ¿Por qué el JNE no incluyó presuntos delitos de corrupción en su denuncia?
Porque hay un procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, por un principio de especialidad, es este procurador el que va a representar al JNE en esa investigación por presuntos delitos de corrupción. Y por los hechos que he denunciado, que están directamente relacionados al tema electoral, al impedimento del proceso, yo. Pueden llegar a ser dos investigaciones paralelas.
— Gálaga, a pesar de ya haber sido sancionada por demora en la entrega de material electoral anteriormente, fue elegida por la ONPE como proveedora para brindar este servicio. Además, había otras dos empresas postoras que daban una oferta más baja, una de ellas Hermes. ¿Cree que se han dado actos de corrupción?
Yo no podría pronunciarme o dar una opinión sobre esto, porque ese caso debe ser materia de una auditoria de la contraloría. Y ya hay un informe en ese sentido. Ellos son los competentes para determinar si el proceso [de selección] se llevó a cabo bien o no […] Lo único que le puedo decir es que nosotros hemos denunciado los hechos ocurridos el domingo y que tienen que ver con el impedimento del normal desarrollo del proceso electoral. Estamos ejerciendo la defensa del JNE y también de los ciudadanos afectados.
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— ¿La denuncia del JNE en contra del jefe de la ONPE significa también una ruptura en la relación de ambas instituciones?
No, porque en la denuncia hemos pedido que se investigue para que se determine responsabilidades. Y de encontrarse responsabilidades, a los culpables se les sancionará. Pero eso no resta ni merma las relaciones de coordinación que deben existir entre los órganos que conforman el sistema electoral. Además, esta no es la primera vez que la procuraduría del JNE denuncia a un jefe de la ONPE. En el 2003, se interpuso denuncia contra Fernando Tuesta, entonces jefe de la ONPE, porque no cumplió con un mandato expreso del pleno del jurado.
— Pero el contexto es distinto, porque estamos en medio de unas elecciones generales…
Claro, pero sí hay antecedentes. Nosotros somos abogados de las instituciones, no de las personas. Ojo, eso hay que tenerlo presente. Los procuradores son abogados de las instituciones y no de las personas.
— La ciudadanía ya tenía cierta desconfianza y ahora la procuraduría del JNE denuncia al jefe de la ONPE. ¿Cómo se puede interpretar esta situación?
La ciudadanía tiene que seguir confiando en los entes que conforman el sistema electoral, porque están haciendo todo lo posible para que las elecciones sean transparentes y limpias. Hay hechos irregulares que nosotros hemos pedido que se investiguen. Entonces, eso está en investigación. Pero, independientemente de eso, se están tomando todas las medidas que esto no vuelva a ocurrir en la segunda vuelta. El JNE sigue fiscalizando y la ONPE también. Cada quien hará lo suyo para que no vuelva a ocurrir este incidente con todo eso que ha ocurrido.
— ¿Ha solicitud la inhabilitación de Corvetto en su denuncia?
No. Cuando tú denuncias un delito, qué persigues. Que el fiscal, que tiene la acción penal, inicie una investigación y si encuentra responsabilidad formalice la denuncia ante el Poder Judicial y lleve a los denunciados ante el juez penal. Si el juez encuentra responsabilidad, no solo sanciona con una pena, sino con una inhabilitación. Eso lo determina el juez. Nosotros hemos denunciado un hecho para que se investigue.
— ¿Y usted, como procurador, también buscará una eventual reparación civil?
Sí, la reparación civil nosotros la tenemos que ver, que se sancione y que se resarza el daño ocasionado a la institución que representamos. Por eso, vamos a constituirnos como actor civil cuando esto llegue a una etapa de investigación preparatoria.
— ¿Y tiene un estimado de la afectación al Estado y a los ciudadanos?
Todavía no, estamos acopiando cierta información para poder cuantificar el daño ocasionado.
