El ingreso del Perú al Escudo de las Américas no implicó la suscripción de un tratado internacional ni la aceptación de compromisos vinculantes, aseguró el canciller Carlos Espá ante el pleno del Senado el último miércoles 16 de septiembre.
Espá se presentó ante el Senado para informar sobre los alcances e implicancias de la incorporación del Perú a la coalición impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ampliar la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional y otras economías ilícitas. Esto luego de que el pleno aprobara una moción para pedir explicaciones al Ejecutivo el pasado 9 de septiembre.
Durante su exposición, el canciller señaló que el Escudo de las Américas es un mecanismo de naturaleza política y no impone compromisos jurídicos al Estado peruano.
“La incorporación del Perú al Escudo de las Américas no se ha instrumentado mediante un tratado internacional. No existe un procedimiento uniforme de adhesión aplicable a todos los países. No hay en este caso un acuerdo entre Estados por el que las partes asumen derechos y obligaciones de carácter vinculante obligatoria; no lo hay. Conforme al derecho internacional, la incorporación se ha materializado mediante un anuncio político de alto nivel, como el efectuado por nuestra señora presidenta [Keiko Fujimori] la semana pasada”, dijo.
Espá añadió que aún se deberá determinar qué acciones específicas conviene desarrollar, cuál será su alcance, qué ministerios deberán intervenir y qué instrumento jurídico corresponderá emplear.
El ministro señaló que las acciones serán evaluadas de acuerdo con la legislación peruana:“Si una medida concreta requiriese la aprobación del Congreso, una modificación legislativa o cualquier otra autorización prevista por nuestro ordenamiento jurídico, el gobierno observará escrupulosamente el procedimiento constitucional y legal que corresponda”.
Según el canciller, el interés peruano en el Escudo de las Américas está relacionado principalmente con el intercambio de información, el fortalecimiento del control fronterizo, la cooperación tecnológica y la necesidad de afectar las estructuras financieras y logísticas de las organizaciones criminales.
El gobierno de Keiko Fujimori busca, de acuerdo con el canciller, que la cooperación contribuya a la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico ilícito de armas y la trata de personas.
Durante su exposición, reiteró que el Perú conserva la potestad de decidir qué tipo de cooperación acepta. “Ningún Estado adquiere por nuestra incorporación al Escudo de las Américas potestad alguna para actuar unilateralmente en territorio peruano”, dijo.
Añadió que ninguna operación se encontrará autorizada automáticamente y ninguna modalidad de cooperación podrá ejecutarse al margen de la Constitución y las leyes. “Lo mismo corresponde afirmar respecto a las competencias del Congreso de la República: nuestra incorporación al Escudo de las Américas no las limita, no las modifica, no las menoscaba”, aseguró.
El artículo 56 de la Constitución establece que los tratados referidos a materias como soberanía, derechos humanos, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado requieren la aprobación del Senado antes de su ratificación presidencial, mediante el voto de la mitad más uno del número legal de sus miembros; es decir, 31 adhesiones.
La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, criticó que el Ejecutivo haya adoptado la decisión sin una evaluación previa del Congreso.
“El Ejecutivo no puede implementar una iniciativa de esta magnitud de forma unilateral si implica compromisos jurídicos rígidos o si implica intervenciones dentro de nuestro territorio”, sostuvo.
Vásquez planteó además que, si se trata de un mecanismo de cooperación política que no requiere aprobación congresal, el Ejecutivo tendría que precisar bajo qué modalidad se produjo la incorporación y dar cuenta al Parlamento.
Además, pidió conocer si existe algún documento que establezca la estructura y funcionamiento del mecanismo. “¿Existe algún instrumento constitutivo que establezca objeto, estructura, mecanismos de decisión y las obligaciones que hemos asumido? Necesitamos saberlo. […] ¿qué obligaciones implica esto en términos policiales, migratorios y financieros?“, cuestionó.
Luego, el canciller precisó que no existe documento constitutivo.
En tanto, la senadora Nora Bonifaz, del Partido del Buen Gobierno, planteó una preocupación similar y se refirió a las implicancias geopolíticas de la iniciativa impulsada por Estados Unidos.
“Mi intervención no busca cuestionar la cooperación con los Estados Unidos, busca algo distinto: conocer exactamente a qué se ha incorporado el Perú, qué compromisos hace y cuáles son los límites de esa participación. […] Necesitamos saber si el Perú participa únicamente en la dimensión policial, de inteligencia y de cooperación contra el crimen, o si también ha asumido compromisos en la dimensión militar”.
Bonifaz planteó que el debate no debería limitarse a la lucha contra el crimen organizado.
“Tenemos que distinguir dos planos: en el primer plano, estrictamente de seguridad, está el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, el lavado de activos, el control fronterizo, la infraestructura crítica y el intercambio de inteligencia. Son objetivos legítimos y potencialmente beneficiosos para el Perú. Pero existe un segundo plano, de carácter estratégico y geopolítico, y ahí aparece la posición de los Estados Unidos en el hemisferio, la presencia de potencias extrarregionales y el control de activos considerados estratégicos”, destacó.
La senadora agregó que el país tiene relaciones económicas y comerciales importantes con distintos actores internacionales en infraestructura, tecnología, puertos, energía, telecomunicaciones y otros sectores. “¿El Perú ha asumido algún compromiso explícito o implícito respecto a sus relaciones económicas, inversiones, infraestructura o proyectos con terceros países como consecuencia de su participación en el Escudo de las Américas?”, preguntó.
La pregunta estuvo vinculada a la presencia económica de China en el Perú, en una coyuntura de competencia estratégica entre Washington y Beijing en América Latina.
La incorporación peruana a la iniciativa de Estados Unidos se produce en un momento en que China es el principal socio comercial del Perú.
El canciller señaló que la medida no implica que se haya tomado una decisión en detrimento de China ni que se haya renunciado a una política exterior autónoma y diversificada.
“El Perú mantiene relaciones de importancia con Estados Unidos y con China en ámbitos distintos para el interés nacional. Fortalecer la cooperación con un socio en materia de seguridad no significa adoptar automáticamente posiciones frente a terceros países”, dijo.
En defensa de la decisión del Ejecutivo, la senadora oficialista Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular, sostuvo que el Escudo responde a una necesidad de seguridad frente al avance de la delincuencia organizada.
“Nace de una iniciativa para protegernos de la delincuencia brutal que no escapa de ningún país, ni siquiera de Estados Unidos. hoy somos 15 países. […] no va a afectar para nada la independencia del Perú”.
Y añadió:“No se trata de mandar narrativas baratas. […] es únicamente defensa de todos juntos. […] ¿Qué es lo que no entienden? Es un tema de seguridad nacional”.
No obstante, el canciller reconoció que aún debe determinarse el alcance de las acciones, las instituciones involucradas y los instrumentos jurídicos que correspondan.
