Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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Mientras el Estado peruano apenas logra fiscalizar el avance de la minería ilegal y otras economías ilícitas, el “nuevo” plan de gobierno del candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y sus aliados opta por reducir las barreras regulatorias y dar carta libre para la minería informal, un sector en el que se camufla la minería ilegal, tal como lo advierten especialistas. Pero no solo ello. De cara al balotaje, ahora se plantea una suerte de ‘multiverso’ minero en el que las operaciones fuera del sistema bancario podrán acogerse a un “período de sinceramiento y gracia”; en el que operaciones millonarias encajarán en la categoría de minería “artesanal”; y en el que la lógica del Estado será —literalmente— confiar primero y fiscalizar después.
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En la víspera, JP había presentado su “nuevo” plan de gobierno, elaborado por su nueva plataforma política para el balotaje frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Sin embargo, incluso ahí ha quedado en claro que la “nueva minería” que profesa Sánchez no pasa precisamente por endurecer controles. Por el contrario, como advirtió este Diario, la agrupación se comprometió en Arequipa a derogar el Decreto Legislativo N.° 1695, promulgado apenas en enero y que, en la práctica, endurece las sanciones contra la minería ilegal.
Todo ello, en un contexto en el que esta economía ilegal ya implica pérdidas anuales estimadas en más de S/22 mil millones, equivalentes a casi el 2,5% del PBI. Y en donde una sola maquinaria destinada a esta actividad ilícita puede generar ganancias de entre S/18 mil y S/33 mil diarios, según cifras de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).
La propia fiscalía ya ha advertido que esta actividad no solo mueve hoy más dinero que el narcotráfico en el país, sino que además ha sido penetrada por el crimen organizado. Ya no se trata de una pequeña actividad de mera “subsistencia”, como se pretende hacer ver, sino de toda una economía que moviliza miles y miles de soles cada día.
El nuevo plan minero
En su denominado “Programa de Gobierno de Segunda Vuelta de Juntos por el Perú”, en el apartado 4.3. —página 44 y en adelante— denominado “Propuestas para la minería”, la mirada de Sánchez y su partido es complementada con planteamientos de Ahora Nación, la alianza Venceremos y Primero La Gente, según se indica en un apartado. El resultado, una serie de medidas que parece resumirse en una sola premisa: si la formalización minera no funciona, entonces hay que flexibilizar las reglas.
El nuevo plan minero de Roberto Sánchez para la segunda vuelta
Algunas de las medidas incluidas en el denominado “Programa de Gobierno de Segunda Vuelta de Juntos por el Perú”, presentado este lunes 1 de junio, plantean desde periodos de gracia y aprobación automática hasta alivios tributarios y menos controles para la pequeña minería y minería artesanal.
1
Se establecerá un periodo de sinceramiento y gracia para que los mineros declaren sus operaciones realizadas fuera del sistema bancario.
También se plantea un régimen simplificado con costos menores de formalización, incluyendo una retención única y definitiva del 5% que cancela automáticamente el Impuesto a la Renta e IGV. Además, se propone la eliminación de la obligación de llevar libros contables y presentar declaraciones mensuales, así como incrementar los límites operativos a 800 UIT en ventas y 400 UIT en activos.
2
Aprobar la Ley de fomento y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, contemplando que la ley debe favorecer los procedimientos de aprobación automática sujeta a fiscalización posterior antes que la evaluación previa, además del otorgamiento en cesión de uso gratuito de terrenos eriazos de libre disponibilidad para operaciones mineras.
3
La pequeña minería y minería artesanal debe ser tratada con criterios distintos a los que se aplican a la gran minería, ya que actualmente enfrenta una carga administrativa diseñada para multinacionales.
4
Aprobar la Política Nacional para el fomento, promoción y formalización permanente de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, diferenciando la minería en proceso de formalización de aquella ilegal que debe combatirse.
5
Revisión del sistema de concesiones para un “mejor uso de espacios físicos” actualmente “bloqueados”.
6
Priorizaremos los futuros otorgamientos de concesiones a empresas que acepten condiciones de transferencia tecnológica y compensación industrial.
7
Implementaremos el censo minero.
Fuente: “Programa de Gobierno de Segunda Vuelta de Juntos por el Perú”.
En todo este capítulo se refiere que el “modelo extractivista puro tiene fecha de caducidad” en un gobierno que vela por los intereses de sus habitantes. Se habla de “reindustrializar” al Perú y de que no se trata de “obligar” a las mineras e inversionistas a construir fábricas, sino de “hacer que sea tan rentable transformar el mineral en el Perú que sea absurdo llevárselo a otro lado”. El problema, sin embargo, aparece cuando se revisa hasta dónde se está dispuesto a llegar.
Así, se plantea una “revisión del sistema de concesiones” para un “mejor uso de espacios” y priorizar concesiones para empresas que acepten condiciones de transferencia tecnológica y compensación industrial.
También una “política nacional” para la “formalización permanente” de la pequeña minería y minería artesanal, diferenciando —según en el documento— a la minería en proceso de formalización de aquella ilegal que —según se asegura— “debe combatirse”. Para ello, se prometen mecanismos de trazabilidad, inclusión financiera y acceso a mercados internacionales formales.
“El término permanente es peligroso”, remarcó a El Comercio César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental. Ello —explicó— pues el proceso de formalización fue concebido como un mecanismo extraordinario, por lo que se abriría la puerta a que se convierta en eterno y, sobre todo, permeable.
“Es la oportunidad para que dinero de ilegales pueda licuarse en la minería formal”, refirió el especialista Iván Arenas consultado por el «nuevo» plan de Juntos por el Perú. (Fotos: Diana Marcelo/GEC)
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Pero esa “política nacional” vendrá acompañada de una ley para la MAPE que —tal como se indica expresamente— “debe favorecer los procedimientos de aprobación automática sujeta a fiscalización posterior antes que la evaluación previa”. Es decir, permitir el inicio de operaciones de este sector antes de que el Estado termine su revisión.
En la mirada de Karina Garay, exfiscal especializada en delitos medioambientales, se trata de ponerle “un nuevo nombre el Reinfo”, el procedimiento que hasta ahora está vigente y que solo ha generado “desorden e impunidad”.
“Es continuar con lo mismo: basta con estar inscrito y, posteriormente, ya me fiscalizarán o controlarán; y que ya sabemos que en nuestro país no funciona por falta de compromiso de los involucrados quienes, además, por su incumplimiento no son sancionados”, afirmó Garay a El Comercio.
A ello se suma como propuesta “el otorgamiento en cesión de uso gratuito de los terrenos eriazos de libre disponibilidad” y un trato diferenciado, bajo el argumento de que la carga administrativa actual está “diseñada para multinacionales”.
Ipenza remarcó que actualmente la pequeña minería y minería artesanal ya cuenta con criterios distintos frente a la gran minería. Incluso, advirtió que este sector tiene la posibilidad de operar mientras se formaliza y bajo exigencias ambientales y estudios de impacto mucho más flexibles.
Y, por si no fuera suficiente, el documento también plantea establecer “un periodo de sinceramiento y gracia para que los mineros declaren sus operaciones realizadas fuera del sistema bancario”, además de un régimen simplificado que elimina la obligación de llevar libros contables y presentar declaraciones mensuales.
Todo ello mientras se propone “incrementar los límites operativos a 800 UIT en ventas y 400 UIT en activos” para este sector; es decir, de permitir operaciones con ‘topes’ de hasta S/ 4,4 millones en ventas y S/ 2,2 millones en activos.
Destrucción de bocaminas empleadas para la minería ilegal en Arequipa. (Foto: Ministerio Público)
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En concreto, refirió Ipenza, lo que se plantea es un proceso de formalización “permanente”, generando las condiciones para que se invada cualquier espacio, se inicien operaciones y que luego recién el Estado pase a fiscalizar. Todo ello, con un margen de más de S/6 millones anuales.
Consideró que este “nuevo” plan es incluso “peor” que el planteado para la primera vuelta, especialmente por la propuesta de establecer un “periodo de gracia”. Cuestionó que ello podría terminar permitiendo que personas que generaron fortunas al margen del sistema puedan ingresarlo sin enfrentar mayores consecuencias. “Es carta libre”, aseveró.
En similar línea, Garay indicó que la propuesta de establecer un “periodo de sinceramiento y gracia” terminaría permitiendo “blanquear la ilegalidad”, incluso colocando en igualdad de condiciones a quienes operan al margen de la ley frente a aquellos que sí cumplen con requisitos y obligaciones tributarias.
En su mirada, estas propuestas son consecuencia de los recientes acercamientos de JP con sectores de la minería informal, haciendo referencia a la visita del exfiscal José Domingo Pérez y la propia candidata a la primera vicepresidenta Analí Márquez a Chala, Arequipa. En sus palabras, “una forma de maquillar” promesas de flexibilización de leyes e, incluso, la derogatoria de normas que sancionan el delito de minería ilegal.
“Propuestas irreales a la lucha contra la minería ilegal que no ponen orden y que no hablan de cierre de Reinfo y estrategias para que la actividad ilícita desaparezca o se promueva una minería que no siga trayendo crimen, contaminación y atentados al ambiente”, aseveró Garay, también vocera del Observatorio de Minería Ilegal.
Iván Arenas:
“Es la oportunidad para que dinero de ilegales pueda licuarse en la minería formal”
El especialista en minería e hidrocarburos responde a El Comercio preguntas clave sobre el “nuevo” plan de Juntos por el Perú y sus aliados para la segunda vuelta.
1. ¿Qué riesgos implica que, como política de Estado, se pase hacia un esquema de “aprobación automática con fiscalización posterior” en un sector vinculado a minería informal e ilegal?
Se establece una política laxa con respecto a la minería informal, más aún de la que ya existe. ¿Qué criterios tendrá la aprobación automática? ¿Por qué primero apruebas y luego fiscalizas? ¿Quién hará esa fiscalización? ¿Cómo se hará? Esto rompe todo el sistema de aprobación y fiscalización existente.
2. El plan propone un “periodo de sinceramiento y gracia” para operaciones realizadas fuera del sistema bancario. ¿Eso podría convertirse, en la práctica, en una suerte de amnistía para dinero y activos provenientes de la minería ilegal?
Un periodo de sinceramiento y gracia es, en la práctica, la oportunidad para que el dinero y los activos de ilegales puedan licuarse en la minería formal. Además de eso, ¿cuánto durará esa ventana de oportunidad? ¿Ese periodo de gracia será también para investigados por minería ilegal y lavado de activos?
3. Además, se plantea eliminar obligaciones como llevar libros contables y elevar los límites operativos hasta S/ 4,4 millones en ventas y S/ 2,2 millones en activos. ¿Ese sigue siendo un margen razonable para la pequeña minería o existe el riesgo de que operaciones de mayor escala terminen escondidas bajo un régimen mucho más flexible?
Es un disparate. Se va a subsidiar a todas las mafias de minería ilegal. Además, eso no corresponde a los movimientos económicos de la pequeña minería. Asimismo, vas a legalizar lo que ahora es una evasión de los controles de SUNAT y OEFA.
4. El plan plantea otorgar seguridad jurídica mediante figuras como negociación, servidumbre e incluso cesión gratuita de terrenos eriazos para operaciones mineras. ¿Qué conflictos sociales, ambientales o de propiedad podrían surgir con ese tipo de mecanismos?
En la práctica, van a organizar un nuevo modelo de gestión social donde se les exija a las mineras formales y legales (minería moderna) negociar con los informales cuando estos han invadido sus concesiones. Asimismo, vas a romper el modelo de concesiones porque entregarás terrenos eriazos gratuitos cuando las concesiones tienen un derecho de vigencia y sanciones. ¿Quién y a quiénes se les entregarán los terrenos eriazos?
Tenga en cuenta:
- Según cifras de la SUNAT, en lo que va del año se han realizado más de 81 mil intervenciones en puestos de control y carreteras, con la incautación de 6.122 toneladas de insumos químicos, producto minero e hidrocarburos.
- Además, se han inspeccionado 84 plantas de beneficio a nivel nacional, en medio del avance de las economías vinculadas a la minería ilegal.
