Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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Dos agentes de seguridad privada fueron asesinados y otras dos personas resultaron heridas durante un ataque armado ocurrido el 6 de octubre en el sector Santa María, en el distrito de Pataz, La Libertad. El hecho se registró dentro de una concesión de la Compañía Minera Poderosa, específicamente en un área asignada a un minero artesanal con el que mantiene un contrato de exploración y explotación. Los fallecidos trabajaban para la empresa de seguridad contratada por este último.
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De los 121 policías, diez son oficiales y 111 suboficiales. Un total de 120 está asignado a comisarías básicas y uno a otra dependencia. En cuanto a los vehículos, las seis camionetas operativas pertenecen a comisarías básicas. Cuatro fueron adquiridas mediante compra directa y dos por donación. Todas tienen una antigüedad de diez años o menos.
Cifras relacionadas al estado situacional del personal policial de la PNP al 1 de setiembre de 2026.
Fuente: Mininter.
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Para Iván Arenas, especialista en minería, la disponibilidad de personal y vehículos debe evaluarse considerando las características geográficas de Pataz. La presencia de zonas montañosas y las dificultades de acceso, explicó, complican las labores de vigilancia y control territorial. Al conocer las cifras policiales, consideró reducida la dotación registrada y advirtió que las limitaciones también alcanzan a las operaciones especiales.
“¿Cuál es el problema del Comando Unificado? Recursos, plata. Ese es el problema, no tienen dinero”, sostuvo Arenas. El especialista afirmó que, hasta enero de este año, el comando enfrentaba dificultades presupuestales y que empresas privadas habían contribuido con recursos para sostener algunas actividades, información que aún requiere confirmación oficial.
Un año de operaciones del CUPAZ
El Comando Unificado Pataz inició sus operaciones en mayo de 2025 como parte de la estrategia estatal para enfrentar la minería ilegal y las organizaciones criminales. Al cumplirse su primer año, el Ministerio de Defensa presentó un balance que incluyó 67 acciones militares y 2.520 patrullajes integrados de control territorial, interdicción y lucha contra esta actividad.
Según el reporte oficial publicado el 21 de mayo de 2026, las intervenciones habían generado pérdidas económicas estimadas en S/249.8 millones para las organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal. De las acciones militares ejecutadas, 49 correspondieron al periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2025 y otras 18 a los primeros meses de 2026.
Comando Unificado Pataz intervino y capturó a miembros de la banda criminal ‘Los Zetas’.
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El comando reúne capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en coordinación con otras entidades estatales. Sin embargo, los resultados operativos anunciados durante su primer año contrastan con la continuidad de los ataques armados en la zona, situación que ha reabierto el debate sobre el alcance de la estrategia.
Para Arenas, una de las principales limitaciones es que la intervención debe comprender un territorio más amplio. Aunque el estado de emergencia tiene alcance provincial, el especialista cuestionó la cobertura operativa del CUPAZ y sostuvo que las acciones deberían extenderse hacia los corredores utilizados por las economías ilegales.
“Pasar de una visión territorial de distrito a corredor”, planteó al referirse al corredor del Marañón, donde identifica actividades relacionadas con la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas.
El especialista también advirtió que las fuerzas del orden requieren mayores capacidades para investigar organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de minerales. En esa línea, propuso fortalecer los recursos económicos, la especialización del personal y el intercambio de información entre el Ministerio Público, el gobierno regional y el comando unificado.
César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, coincide en la necesidad de reforzar la intervención estatal, aunque considera que el problema no se limita a la cantidad de policías o militares desplegados. Para él, la presencia de las fuerzas del orden es fundamental, pero debe complementarse con una participación más efectiva de las instituciones responsables de fiscalizar las actividades económicas y combatir las finanzas criminales.
Ipenza señaló que entidades como el Ministerio de Energía y Minas, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) deben asumir un papel más activo. Aunque estas instituciones forman parte del esquema de coordinación anunciado por el Estado, el especialista cuestionó que su participación se traduzca en acciones suficientes para debilitar a las organizaciones criminales.
En particular, planteó fortalecer la inteligencia financiera, las investigaciones patrimoniales y la recuperación de bienes adquiridos mediante actividades ilegales. También consideró necesario implementar mayores mecanismos de prevención de la corrupción para evitar que las organizaciones criminales establezcan vínculos con funcionarios y autoridades.
La exposición de la seguridad privada
El reciente ataque también ha puesto atención sobre las condiciones en las que trabajan los agentes de seguridad privada en zonas de actividad minera. Los dos fallecidos prestaban servicios para una empresa contratada por un minero artesanal que operaba dentro de la concesión de Poderosa.
Para Ipenza, la contratación de seguridad privada responde, en muchos casos, a las dificultades que enfrentan los titulares de actividades formales para obtener protección estatal. Explicó que algunas empresas de seguridad evitan prestar servicios en territorios donde operan organizaciones criminales armadas debido a los riesgos que representan estas actividades.
Hay procesadoras y mineras que compran mineral en Pataz sin garantías de trazabilidad. Foto (Andina)
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El especialista advirtió que esta situación exige mayores controles sobre la preparación, el equipamiento y las condiciones en las que trabaja el personal contratado. “Mínimamente la gente que brinda esos mecanismos de seguridad tiene que tener cierta preparación, cierta condición y ahí está el rol de la Sucamec”, señaló.
Ipenza sostuvo que esta entidad debe asumir un papel más activo en la supervisión de las empresas de seguridad privada y en el control de armas y explosivos utilizados en estas zonas. Asimismo, consideró necesario revisar las condiciones mínimas exigidas a las compañías que prestan servicios en territorios de alto riesgo.
El debate sobre los resultados del CUPAZ coincide con el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori sobre la creación de un nuevo comando unificado para enfrentar la delincuencia, con participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones vinculadas con la seguridad y la inteligencia.
Consultado sobre esta iniciativa, Ipenza advirtió que la creación de nuevas estructuras no garantiza resultados si no se establecen mecanismos efectivos de coordinación y responsabilidades concretas. “Este anuncio no debe ser lo mismo que se ha hecho con el comando unificado”, sostuvo, al cuestionar que, en su opinión, la experiencia de Pataz no haya logrado incorporar suficientemente a las demás instituciones del Estado.
Arenas, por su parte, consideró necesario conocer los objetivos, las funciones, la estructura y los recursos que tendrá el nuevo comando antes de evaluar su alcance. “Te permite ponerle muro de contención a la criminalidad, pero no acabarla”, explicó. En su opinión, las operaciones conjuntas pueden contribuir a reducir la actividad criminal, aunque requieren medidas complementarias para sostener sus resultados.
El Comercio solicitó a la Policía Nacional del Perú información sobre el despliegue actual de efectivos y vehículos en la provincia, la participación policial en el CUPAZ, sus resultados operativos recientes y las medidas adoptadas tras el último ataque. Al cierre de este informe, la respuesta institucional se encontraba pendiente.