El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, consideró que no se pueden “instrumentalizar” indultos o gracias presidenciales en procura de la impunidad, en referencia a las solicitudes presentadas por los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, consideró que no se pueden “instrumentalizar” indultos o gracias presidenciales en procura de la impunidad, en referencia a las solicitudes presentadas por los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).
En entrevista con Canal N, señaló que así lo ha establecido tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la del Tribunal Constitucional (TC).
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Álvarez Miranda también recordó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha dicho que el tema no está en la agenda del Gobierno y ni siquiera se ha “cuestionado en conversaciones amicales”.
Mencionó que Toledo Manrique fue sentenciado por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht por U$S35 millones, mientras que Castillo Terrones recibió una condena de 11 años y medio de prisión -en primera instancia- por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022.
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“Ya se ha reiterado que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no se pueden instrumentalizar indultos o gracias presidenciales en procura de la impunidad”, expresó.
“Toledo tiene tres años, Castillo tiene menos de dos años en la cárcel, han hecho todo lo posible por dañar al país tanto en cuanto al estado de derecho como en temas de corrupción. Por tanto, no hay explicación ni argumento posible”, agregó.
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El titular del Minjusdh también enfatizó que no es una obligación otorgar dicho beneficio solo por tener 75 años, sino que se tienen que cumplir algunos requisitos, como tener 80 años y padecer una enfermedad grave.
“La norma establece claramente que esto se evalúa, no es una obligación, con cargo a una enfermedad. No es cuestión de que a los 75 años todos los gobernadores regionales pueden robar lo que quieran, no. Es 80 años más una enfermedad grave, y se evalúa”, manifestó.
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“Posiblemente el Poder Judicial pida una opinión al Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, que sería una coordinación que no altera el principio de separación de poderes”, sentenció.
