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María Cordero, una de las congresistas que está implicada en las denuncias de ‘mochasueldos’, se defendió en persona antes de que el pleno sometiera a votación el informe en su contra y la blindara de las sanciones que se habían recomendado.
Al tomar la palabra desde el estrado y no desde su puesto en el hemiciclo, la legisladora destacó que estaba abandonando su descanso médico “cuestionado por algunos” para acudir a la sesión este jueves 14 de marzo.
“Ya me sancionaron con la mayor sanción, 120 días. Cuatro meses estoy suspendida de mis funciones por los mismo hechos pero esta vez se busca desaforarme, suspenderme indefinidamente, vulnerando mis derechos fundamentales y el debido procedimiento”, aseguró.
El informe que se había aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego en la Comisión Permanente proponía levantar la inmunidad de Cordero Jon Tay para que sea procesada penalmente, así como inhabilitarla para ejercer cargos públicos.
“A pesar de todo esto, me hago presente y pido a mis colegas un voto de conciencia porque la injusticia extrema no es derecho, la injusticia extrema no es humanitaria. Creo que debe ser el mejor valor de cada uno de ustedes, un voto de conciencia porque todos somos iguales ante el Señor”, exhortó la congresista.
“Como cualquier persona de este país, tengo derecho a la presunción de inocencia”, fue su última frase antes de que se llevara a cabo el debate y la votación.
En defensa de María Cordero se pronunció inmediatamente después Edwin Martínez, no agrupado que renunció a la bancada Acción Popular, al cuestionar a los legisladores por asumir labores de fiscales “a los cuales criticamos tanto porque juzgan de acuerdo a lo mediático”.
“¿Cuántos ‘mochasueldos’ ha habido en el Congreso, a quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas y a quién se ha sancionado?”, criticó.
El pleno no logró el mínimo de 51 votos requeridos para aprobar la acusación constitucional contra María Cordero y levantar su inmunidad como parlamentaria, lo que impedirá que sea procesada a nivel judicial.
Tampoco se alcanzaron los 67 votos requeridos para lograr la inhabilitación de la congresista por infracción a la Constitución. Con ello, el caso pasó al archivo.
