El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a cargo de Guillermo Shinno, prevé presentar este jueves 15 de octubre ante el Congreso su propuesta para la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), previa aprobación del Consejo de Ministros.
Sin embargo, la iniciativa llega a contrarreloj, pues arribará al Congreso a dos meses del término de la legislatura y a puertas del vencimiento de la última prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el próximo 31 de diciembre. Los plazos están más que ajustados.
Según confirmó a El Comercio la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, el proyecto se encuentra en el Consejo de Ministros, donde ya ha sido materia de debate y al que se alcanzó este martes un nuevo texto que incorpora sugerencias. “Los siguientes pasos son obtener la aprobación del Consejo de Ministros y efectuar la remisión formal al Congreso, cuya fecha comprometida es el 15 de octubre”, ratificó Figueroa a este Diario.
La propuesta plantea, entre otros aspectos, la coexistencia de dos regímenes para este sector. Uno ordinario, de carácter permanente para los formalizados, y un segundo denominado de “consolidación”. Este último será de carácter “excepcional”, se aplicará exclusivamente a quienes cuenten con inscripción en el Reinfo —tanto vigente como suspendida— y regirá hasta el 31 de diciembre de 2028, es decir, por dos años.
Figueroa explicó que quienes tengan inscripción vigente en el Reinfo “quedarán temporalmente habilitados para continuar desarrollando actividad minera en las coordenadas declaradas en el Reinfo”, con las respectivas obligaciones. En tanto, quienes tengan la condición de suspendidos conservarán esa condición y que su incorporación al régimen de “consolidación” no levanta “automáticamente la suspensión ni los habilita para operar”.
La viceministra también refirió que aún existen unos 27 mil expedientes relacionados con instrumentos de gestión ambiental pendientes de resolución. Ello, sostuvo, “evidencia” que la transición no depende únicamente del cumplimiento de los administrados, sino también de que el Estado resuelva los expedientes que tiene a su cargo.
“El periodo de consolidación busca permitir la culminación de los requisitos pendientes, preservando las actuaciones válidamente realizadas y evitando reiniciar los trámites”, sostuvo Figueroa.
«Los siguientes pasos son obtener la aprobación del Consejo de Ministros y efectuar la remisión formal al Congreso, cuya fecha comprometida es el 15 de octubre. A partir de allí, la evaluación y aprobación de la ley corresponden al Poder Legislativo», explicó la viceministra Mayra Figueroa.
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Ello, añadió, sin perjuicio de la incorporación de herramientas para atender los problemas de trazabilidad, una Ventanilla Única para ordenar los trámites e incentivos para facilitar los contratos de explotación, entre otras medidas que se incorporarán mediante la propuesta que llegará al Congreso en las próximas horas.
La viceministra reiteró que el periodo propuesto concluye el 31 de diciembre de 2028, con la finalidad de que se obtengan las autorizaciones necesarias para lograr la incorporación al régimen ordinario y evitar que los mineros permanezcan “indefinidamente bajo una inscripción transitoria”.
“El proyecto busca establecer una transición ordenada, conservando las actuaciones y procedimientos válidamente realizados y permitiendo que las personas comprendidas culminen su formalización bajo las nuevas reglas”, expresó Figueroa.
Expertos advierten peligros de la propuesta
Si bien la fórmula en su integridad aún no se ha hecho pública, ya genera cuestionamientos por sus efectos, tanto entre especialistas del sector como entre los propios mineros informales, ante el inminente vencimiento de la última prórroga aprobada para el Reinfo.
La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), gremio que agrupa a mineros informales, ha cuestionado que la propuesta “no tiene ni pies ni cabeza”.
En un mensaje grabado, su presidente, Máximo Adolfo Franco Bequer, sostuvo que la propuesta “no tiene ningún sentido” y cuestionó que se pretenda trasladarlos a un régimen que, desde su perspectiva, “no aplica”.
“Este proyecto termina el proceso de formalización. De alguna manera nos da un caramelo de dos años, pero después nos aplica la fórmula y nos deja en la ilegalidad”, afirmó Franco Bequer.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el texto llegará primero a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes, de la bancada de Juntos por el Perú. Esta agrupación ha abierto sus puertas a los mineros informales en el Congreso y mantiene una agenda favorable a este sector.
A juicio de Karina Garay, exfiscal especializada en delitos medioambientales, se trata de “una nueva versión del Reinfo con un nuevo nombre”, por lo que, a fin de cuentas, termina convirtiéndose “en el mismo proceso interminable”.
Desde su perspectiva, la propuesta no considera aspectos clave, como la trazabilidad efectiva del oro y el control de las plantas de beneficio. Por ello, dijo que no contiene suficientes mecanismos para impedir que la minería ilegal se infiltre en el proceso de formalización.
“Lo que se requiere es una normatividad clara que no favorezca a aquellos mineros en proceso de formalización que, aprovechando de ello, realizan minería ilegal, así como generan desorden con abuso de concesiones sin autorización”, refirió a El Comercio.
En la misma línea, César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, advirtió que “la nueva propuesta de Ley MAPE representa simplemente una nueva versión del Reinfo” y que se trata, en buena cuenta, de “una ampliación disfrazada”, similar a lo que ya se ha visto por lo menos a lo largo de los últimos años.
Ipenza incidió en que los mecanismos a favor de este sector se han flexibilizado a lo largo de los últimos años. También cuestionó que no se aborde la problemática de las plantas de beneficio, que muchas veces sirven para lavar oro de origen ilegal. Y consideró que el denominado “régimen de consolidación” no ayudará a resolver la problemática actual.
“Simplemente va a seguir siendo un saludo a la bandera y vamos a seguir teniendo la misma situación que hemos visto en el tiempo; es solamente prolongar la impunidad”, sostuvo Ipenza.
Por su parte, Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, señaló que el Reinfo tenía como característica “subsidiar y perpetuar” la informalidad, por lo que habrá que ver cuáles serán los criterios de depuración que se planteen en la nueva fórmula del Ejecutivo. Recordó que “todos los intentos de formalización han fallado porque este es un problema donde el 91% de mineros informales trabajan en concesiones que no son suyas”.
A su juicio, hay algunas mejoras sustanciales, como la Ventanilla Única y los mecanismos de trazabilidad. Sin embargo, el gran reto sigue siendo cómo lograr que los concesionarios otorguen contratos de explotación a los informales. Otro asunto pendiente es “sincerar” el Reinfo, pues, según sostuvo, “hay un Reinfo feudal”, ya que algunos concentran varios registros.
Otra de las interrogantes es qué pasará en el Congreso, con un plazo tan ajustado. En opinión de Arenas, Juntos por el Perú “es el brazo político de los gremios informales”, cuya agenda —incidió— es una sola: no tocar el actual modelo.
“Ellos en este modelo están bien, son “exitosos”, pero resulta que este modelo ha invadido concesiones ajenas. El gobierno no ha entrado mucho en el sistema de las concesiones y en este proyecto se da incentivos para que se firmen contratos de explotación. Juntos por el Perú y los mineros informales quieren las concesiones para ellos. Creo que va a ser difícil ponerse de acuerdo”, consideró Arenas.
