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Las facultades especiales que solicitó el Ejecutivo para legislar en ocho materias y que el pleno de la Cámara de Diputados redujo únicamente a seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño están cerca de entrar en su recta final.
Las facultades especiales que solicitó el Ejecutivo para legislar en ocho materias y que el pleno de la Cámara de Diputados redujo únicamente a seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño están cerca de entrar en su recta final.
El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía (Fuerza Popular), estimó que su grupo de trabajo aprobará este jueves el dictamen, tras analizar el texto recibido de la Cámara de Diputados, que contempla apenas 20 de las 66 facultades planteadas originalmente. Sostuvo que la comisión se mantiene en sesión permanente.
Una vez revisada por esa instancia, la propuesta —modificada o no— será elevada al pleno del Senado para que sus 60 integrantes debatan y voten sobre el fondo del asunto. Mesía proyectó que el dictamen será debatido en esta instancia el lunes 19 de octubre.
“El lunes se debate lo que (…) el jueves aprobará la comisión, el dictamen de la comisión, con los cambios que hagan los señores miembros de la comisión”, dijo Mesía tras ser consultado por la prensa poco antes del inicio de la sesión.
Cuando se le preguntó qué puntos serían, respondió: “No se sabe porque los parlamentarios tienen que ver qué se coloca”.
Dejó claro que luego de la recepción del dictamen, el plazo para aprobarlo es de siete días hábiles.
En la sesión de este martes asistieron los presidentes de las comisiones dictaminadoras para exponer sus puntos de vista. Su participación es obligatoria en los procedimientos de iniciativa de reforma constitucional, modificación del Reglamento del Congreso y autógrafas observadas por el Ejecutivo.
Participaron Francisco Calisto, integrante de la Comisión de Constitución y presidente de la Comisión de Defensa; Susana Matute, titular de la Comisión de Asuntos de Salud y Cultura Mujer; Alfonso López Chau, presidente de la Comisión de Economía; y Daniel Barragán, titular de la Comisión de Desarrollo Productivo, Energía y Minas.
Susana Matute, presidenta de la Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Previamente, representantes de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y de gremios empresariales vinculados acudieron a la sesión de trabajo. La invitación de la Comisión de Constitución tuvo como propósito conocer sus opiniones sobre las materias incluidas en el dictamen.
Entre los asistentes estuvieron Rebeca Antezana Díaz, de la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza; Julio Surco Hachiri, de la Asociación Pyme Perú; y Javier Vargas Gumaray, de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú.
Plantearon ante la comisión medidas para reactivar la economía, como una ley de fomento y fortalecimiento de la gastronomía peruana. Asimismo, pidieron tomar en cuenta a las Mypes y realizar una reforma tributaria, pues la criminalidad también afecta sus actividades.
“Pagamos cupos permanentemente las Mypes”, indicaron.
Durante la sesión, Alfonso López Chau, de Ahora Nación, intervino para señalar que las materias excluidas pueden aprobarse si el Ejecutivo envía proyectos con carácter de urgencia. Sin embargo, Rebeca Antezana, representante de la Asociación Peruana de Emprendedores de la Belleza, le respondió que no se puede esperar. Ante ello, Mesía pidió a López Chau apagar su micrófono.
Otro invitado a la comisión fue el constitucionalista vv. En su intervención, afirmó que, si el Ejecutivo hiciera un uso equivocado de las facultades que le otorgue el Parlamento en materia de seguridad ciudadana y el FEN, el Congreso, el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial podrían “remediar una situación excesiva o irregular”.
Grupo de trabajo recibió al constitucionalista Víctor García Toma. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Al explicar los alcances de la revisión en el Senado, sostuvo que esta cámara no puede modificar el sentido de la propuesta de Diputados que, mediante la delegación de facultades, busca combatir la criminalidad y atender el fenómeno El Niño. En otras palabras, señaló que solo podría modificar o ampliar las medidas vinculadas con esos dos ejes.
“Pero si por modificable se entiende que no puedo alterar el texto, no la materia, y los alcances de la propuesta, entonces definitivamente la Cámara de Senadores no es una cámara revisora, sería una cámara de ratificación, lo cual sería inadmisible”, dijo.
García Toma explicó que no se pueden incluir en la decisión que adopte el Senado “temas vinculados a los seguros, las bancas”, pues estos excederían los alcances de la propuesta. No obstante, indicó que sí pueden incorporarse medidas que ya figuran en el expediente.
Por su parte, Héctor Ventura, senador de Fuerza Popular, pidió a la comisión otorgar facilidades tributarias y promover la reactivación económica de los pequeños emprendedores.
“Estamos enfrascados en una posición de interpretaciones erróneas y otras seguramente de mucho conocimiento”, agregó.
Ventura sostuvo que los constitucionalistas, las normas y la Constitución establecen que no se puede desnaturalizar lo remitido por la Cámara de Diputados. Sin embargo, consideró que “sí se puede hacer una revisión o perfeccionamiento lo que los emprendedores vienen solicitando”.
A su turno, Patricia Iturregui (Buen Gobierno) dijo que la discusión no gira en torno a si la Constitución está por encima del reglamento, sino a determinar los alcances de una atribución que la propia Carta Magna otorga al Senado.
Luego, recordó que presentó una propuesta consultiva elaborada por cinco especialistas en derecho constitucional, quienes concluyeron que el Senado no puede desnaturalizar la propuesta aprobada por Diputados.
“Si el Senado introdujera materias al margen que ha dictaminado la Cámara de Diputados estaríamos haciendo un Congreso unicameral donde los diputados es una comisión que informa y el Senado es el que decide y eso es imposible, no es el espíritu de la bicameralidad”, dijo.
Iturregui también destacó la entrevista realizada por El Comercio al constitucionalista Domingo García Belaunde, quien advirtió que existe “un error de fondo” y que se requiere una reforma constitucional para que el Parlamento bicameral tenga “facultades más clara para el Senado” e iniciativa legislativa.
El senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, señaló que, inicialmente, su bancada tuvo una predisposición favorable a que la delegación de facultades se discutiera en el Parlamento y se fueran aprobando las medidas necesarias.
Grupo de trabajo debate la delegación de facultades al Ejecutivo.
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“Habíamos advertido de que si es que en Diputados se aprobaba una de las materias o las facultades, eso iba a dar pie a que en el Senado pueda dar justamente, lo que acaban de corroborar, que consideran que sí pueden modificar temas que fueron omitidos, con lo cual no estamos de acuerdo”, añadió.
La sesión fue suspendida al cabo de la 1:00 de la tarde. Al cierre de esta nota, no hubo una convocatoria para reanudar la sesión de trabajo.
