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La portavoz de la bancada de Fuerza Popular, la senadora Patricia Juárez, recordó que en la cámara de diputados y la cámara alta se debe formar el cuadro de comisiones y distribuir las presidencias de estas a los partidos. “La idea es legislar con prontitud. Y en diputados hay un ánimo de parte del presidente [de la cámara, Oscar Reto] de recoger todos los temas, creo que se le dará celeridad”, dijo.

El senador Jaime Delgado (Ahora Nación) afirmó que va a esperar la versión oficial de la solicitud de facultades, pero advirtió que, en principio, le parece “muy exagerada” la pretensión del gobierno fujimorista.

“Quieren reformar todo el Estado y una delegación de facultades tiene que ser acotada y específica […] No se tratade dar un cheque en blanco. Hay dos opciones: si hay cosas que realmente son de urgencia, que se necesitan para el fenómeno de El Niño y la delincuencia organizada, los pedidos deben ser muy específicos. Y si hay otras leyes urgentes, que presenten sus iniciativas”, expresó.

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A su turno, el diputado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) indicó que su bancada verá “al detalle” el proyecto que presente el gobierno.

“No lo negamos de primera mano, pero es importante revisar los detalles. En el caso del fenómeno de El Niño, [el Ejecutivo] puede [usar] decretos de urgencia […] Tenemos que revisar detenidamente, esperemos que no sea más bien parte de un juego político para arrinconar a los diputados”, manifestó.

Zunini señaló que le preocupa que la solicitud de facultades en materia de reforma del Estado y economía pueda derivar en “despidos masivos” y exoneraciones tributarias.

En “Versus”, video podcast de El Comercio, el senador Flavio Figallo (Partido de Buen Gobierno) afirmó que le ha llamado la atención “la amplitud” del borrador de la solicitud de facultades. Añadió que muchos de los temas incorporados deben ser debatidos profundamente en el Congreso, como las normas ambientales y laborales.

“En general sobre el fenómeno de El Niño no tenemos inconveniente, ahí estamos bien [en dar facultades]. Sobre seguridad, está muy centrado en el tema de las prisiones. Y sobre el Código Penal habría que limitar, hay mucha discusión sobre las leyes procrimen que podrían cambiarse dada la situación. Y esta gran discusión debe tratarse de manera distinta”, expresó.

Desde Renovación Popular, bancada aliada a Fuerza Popular, el senador Francisco Calisto Giampietri sostuvo que se debe “poner la agenda del Perú por delante” y que “es necesario hacer modificaciones en seguridad”. Desde la agrupación celeste han adelantado que brindarán su respaldo a la propuesta del Ejecutivo sin dar un cheque en blanco.

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Los abogados Martin Cabrera y Alejandro Rospigliosi, expertos en derecho parlamentario, consideraron que, en el mejor escenario, el Congreso definirá si aprueba o no la solicitud de delegación de facultades entre mediados y fines de setiembre. Es decir, en casi dos meses. ¿La razón? El texto debe pasar por la revisión de la Cámara de Diputados y luego del Senado.

Cabrera, en diálogo con El Comercio, explicó que ahora el Ejecutivo deberá entablar una “doble negociación política”. “Antes el primer ministro cuadraba las facultades con una sola Junta de Portavoces y un solo pleno. Hoy negocia con dos mesas, dos juntas y dos correlaciones de fuerzas que pueden no coincidir”, subrayó.

También sostuvo que una vez que el dictamen aprobado en la cámara baja pase al Senado “desaparece la vía exprés”.

“En el unicameral, la Junta de Portavoces con 3/5 exoneraba comisión, publicación y segunda votación: hubo facultades aprobadas en días […] El tiempo se vuelve arma del Senado. Su comisión tiene hasta 90 días hábiles para dictaminar y el plazo de revisión se extiende hasta el siguiente periodo anual”, sostuvo.

Rospigliosi recordó que el Parlamento recién inicia sus funciones y aún no están conformadas las comisiones ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. “Esto se dará a mediados de agosto, ahí se van a instalar las comisiones. En el mejor de los casos, las facultades se aprueban [o se rechazan] en quincena de setiembre o fines de ese mes”, estimó.

En comunicación con El Comercio, el letrado sostuvo que es muy probable que la Cámara de Diputados aprueba el pedido de facultades de Fujimori Higuchi, pero con recortes. En ese contexto, dijo que el Senado puede cambiar el dictamen siempre y cuando tengan la mitad más uno de los votos de sus miembros legales, es decir, 31 senadores.

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Para Rospigliosi, el voto dirimente con el que cuenta el fujimorista Torres puede cobrar relevancia en este escenario.

Cabrera tiene otro punto de vista, en el sentido de que si esta mitad más uno es absoluta o relativa.

“Cuando el Senado quiere modificar proyectos que vienen de diputados se exige la mitad más uno, que es 31. Entonces, ¿es un número absoluto? Que cada voto representa a un senador o un número relativo, donde se puede aplicar el voto dirimente [del artículo 89 del reglamento del Senado], donde el no haberse alcanzado el voto N°31, y en caso de un empate 30-30, el presidente del Senado dirime”, cuestionó.

El abogado sostuvo que, si llega ese momento, el mismo pleno puede resolver esta duda, a través de una cuestión de orden, o solicitando una opinión a la Comisión de Constitución de la cámara alta.