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“La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en este caso”, consideró la misiva del Departamento de Estado.
La solicitud llegó pocos días antes de que un juez del Distrito Sur de Florida condenara a Maduro y a otros exfuncionarios chavistas a pagar una indemnización de 314 millones de dólares por las torturas denunciadas por los demandantes. Delcy Rodríguez, sin embargo, quedó fuera del fallo mientras el tribunal esperaba la posición oficial del Ejecutivo estadounidense sobre su inmunidad.
La petición se basa en que, según el derecho internacional y la práctica judicial estadounidense, los jefes de Estado gozan de inmunidad mientras permanezcan en el cargo. El país reconoció oficialmente a Rodríguez como la presidenta legítima de Venezuela desde el pasado 5 de marzo.
Es una vuelta de 180º a la relación que tenía Washington con Caracas antes del 3 de enero del 2026 cuando capturó a Maduro, a quien consideraba un presidente ilegítimo, y quien tenía a la propia Delcy Rodríguez como vicepresidenta.
Para el politólogo José Vicente Carrasquero, doctor en Ciencias Políticas, la controversia ha sido sobredimensionada. En conversación con El Comercio, aseguró que la solicitud presentada por el Departamento de Estado constituye un trámite jurídico prácticamente automático derivado del reconocimiento que Estados Unidos otorgó a Delcy Rodríguez como presidenta interina y no una muestra más extensa de apoyo.
“No podemos caer en la trampa de pensar que esto es un respaldo de Estados Unidos ni que le da legitimidad”, afirmó el politólogo.
Carrasquero explicó que la figura de la inmunidad de jefes de Estado existe desde hace décadas dentro del derecho internacional y es aplicada regularmente por los tribunales estadounidenses cuando el Poder Ejecutivo reconoce oficialmente a un gobernante extranjero.
“Simplemente es liberar a Rodríguez de verse involucrada en las consecuencias de un juicio civil mientras ejerce la presidencia. Cuando deje el cargo perderá esa inmunidad y podría volver a ser incorporada al proceso”, sostuvo. En otras palabras, la administración Trump no estaría pronunciándose sobre la inocencia o culpabilidad de Rodríguez ni invalidando las acusaciones de torturas formuladas por los demandantes.
De hecho, un artículo del diario “The Miami Herald” destacó que la propia solicitud del Departamento de Justicia no cuestiona los hechos denunciados ni la sentencia emitida contra Maduro y otros exfuncionarios, sino que únicamente sostiene que, mientras Rodríguez esté a la cabeza de Venezuela, los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para juzgarla civilmente.
Para Carrasquero, incluso el propio Donald Trump probablemente ni siquiera intervino personalmente en esta decisión. “Es un trámite burocrático común que habría sido exactamente igual con cualquier jefe de Estado latinoamericano en una situación similar”, consideró.
Sin embargo, María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando, tiene otra postura y considera que esta intervención gubernamental es una legitimación “para un gobierno ilegítimo como el de Delcy Rodríguez”.
“La administración Trump está legitimándola para que continúe respondiendo a las demandas de este Gobierno”, sostuvo.
Puerta Riera recuerda que Washington pasó durante años negando legitimidad al chavismo y reconociendo primero a Juan Guaidó y luego a distintos actores opositores como referentes institucionales. Ahora, en cambio, la Casa Blanca no solo reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta, sino que solicita expresamente que los tribunales estadounidenses la excluyan de un proceso judicial relacionado con graves violaciones de derechos humanos.
“Delcy Rodríguez nunca ha sido elegida por voto popular para ninguno de los cargos que ha ocupado. Siempre fue designada por el Ejecutivo y, una vez vencido el plazo constitucional tras la salida de Maduro, perdió el sustento legal para continuar ejerciendo la Presidencia”, remarcó Puerta. “Sin embargo, la Casa Blanca ya ni siquiera la llama ‘presidenta encargada’, sino simplemente ‘presidenta’”.
Para la politóloga, esa decisión refleja un cambio estratégico, donde Trump ha dejado atrás la idea de impulsar un cambio de régimen tras el fracaso del interinato encabezado por Guaidó y considera que la Casa Blanca hoy privilegia objetivos mucho más pragmáticos y económicos.
“Trump ha descubierto que Venezuela tiene un potencial para él desde el punto de vista de los negocios que es innegable”, indicó.
Ese interés económico estaría vinculado principalmente a la recuperación de la producción petrolera venezolana y a la creciente participación estadounidense en ese sector tras la caída de Maduro, algo que se mostró en una reciente investigación por el “Financial Times” en la que se descubrió que el gobierno estadounidense habría obtenido 13 mil millones de dólares provenientes de la comercialización del petróleo venezolano, sin que exista una rendición pública de cuentas sobre esos ingresos.
Bajo esta lógica, mantener a Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo ofrecería mayores garantías de estabilidad para Washington que impulsar una transición inmediata encabezada por la oposición democrática.
“A Trump le conviene más tener a Delcy Rodríguez ahí porque la tiene bajo presión para obedecer las órdenes de la Casa Blanca”, indicó.
Si la decisión de la administración Trump de solicitar inmunidad judicial para Delcy Rodríguez ha despertado dudas sobre la naturaleza de la relación entre Washington y Caracas, sus posibles consecuencias políticas generan un debate todavía mayor.
El próximo 1 de agosto está previsto el inicio de una mesa de diálogo entre representantes del gobierno interino y distintos sectores políticos para intentar encaminar una transición democrática, mientras la oposición continúa reclamando garantías electorales y la liberación de cientos de presos políticos.
En ese contexto, la pregunta inevitable es si el acercamiento entre Estados Unidos y el gobierno de Rodríguez favorecerá una apertura política o, por el contrario, consolidará un nuevo equilibrio de poder que relegue las principales demandas de la oposición.
Es una preocupación latente de la oposición, con uno de sus principales exponentes, Leopoldo López, insistiendo no solo en la urgencia de organizar elecciones cuanto antes, sino también la necesidad de designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar una transición democrática limpia y confiable.
El opositor Leopoldo López sostuvo que para un cambio democrático en Venezuela, el primer paso debe ser la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. (Foto: EFE/Mariscal)
