La diputada Svieta Fernández (Juntos por el Perú) propuso invitar al ministro del Interior, César Astudillo, al pleno de la Cámara de Diputados para que informe sobre las medidas y acciones adoptadas por su sector en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Se trata de la moción de orden del día 00217-2026-2031-CD, que también plantea solicitar al presidente de la Cámara de Diputados convocar de manera inmediata a un pleno extraordinario para la concurrencia del titular del Interior.
En el documento se señala que, según registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 1.071 homicidios a nivel nacional, cifra que se eleva a 1.138 al incorporar la data de julio.
Refiere que tras el cuádruple asesinato y secuestro de un empresario minero en Trujillo, Astudillo no viajó a esa ciudad, ausencia que generó versiones contradictorias dentro del propio Poder Ejecutivo, pues mientras el Ministerio del Interior la atribuyó a una “situación familiar delicada”, el titular de Defensa, Rafael Belaunde, la justificó horas después como una “simple asignación de responsabilidades”.
“Estos hechos se producen en un contexto de creciente cuestionamiento a la conducción del comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general Óscar Arriola Delgado, cuya gestión ha sido muy cuestionada por diversas bancadas del Congreso de la República ante los nulos resultados frente al avance de la criminalidad y denuncias sobre presuntos actos de corrupción en su entorno, sin que el Poder Ejecutivo haya podido disponer su remoción; imposibilidad que responde a la Ley 31570, norma que modificó los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobada por insistencia por el Congreso de la República el 1 de setiembre de 2022 con el respaldo mayoritario de la entonces bancada de Fuerza Popular, actualmente en el gobierno, estableciendo un periodo fijo de dos años en el cargo para el comandante general, prorrogable excepcionalmente por uno adicional”, detalla.
Finalmente, enfatiza que el propio ministro del Interior ha reconocido ante el Congreso que esta disposición opera como un candado legal que le impide evaluar la continuidad del actual comandante general pese a los cuestionamientos existentes.
“Sin embargo, tampoco ha requerido ni exigido públicamente la renuncia del General Óscar Arriola Delgado al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú, acto que demostraría que efectivamente el jefe de la policía no cuenta con el respaldo del Ministro del Interior y del Gobierno”, subrayó.
Cabe indicar que bancadas de distintas tiendas políticas se han mostrado en contra de que Arriola continúe en el cargo y han anunciado medidas para retirarlo por su cuestionada labor frente a la inseguridad ciudadana.
