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Los requisitos formales y un valor agregado no oficial

En el documento aprobado, además de los requisitos legales [ver listado], se señala que el jefe de la ONPE debe ser, entre otros, “una persona reconocida por su probidad e integridad, con intachable trayectoria democrática, profundos conocimientos de gestión pública y de procesos electorales”. También se menciona una “gran capacidad de articulación intersectorial” y una “sólida formación personal, ética y profesional”.

Entre las pruebas que deberá pasar el postulante están pruebas psicológicas, patrimoniales, socioeconómicas (para identificar posible conflicto de interés), así como autorizar el levantamiento de su secreto bancario en caso llegue a ser nombrado.

Es el propio cronograma del concurso el que permite advertir que el nuevo jefe de la ONPE asumiría el 3 de julio, cuando ya se haya desarrollado la segunda vuelta electoral. Además, asumirá la conducción de la institución sobre la marcha, en un contexto en el que ya se encamina hacia otras elecciones complejas: las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre.

El nuevo titular de la entidad, además de ser técnico y cumplir los requisitos legales, deberá ser convocante y un buen comunicador, esto último con miras a recuperar la confianza ciudadana frente a una institución que terminó golpeada, tal como coinciden especialistas consultados por El Comercio.

Un dato también relevante es que el nuevo jefe de la ONPE, dados los plazos que impone la coyuntura, no llegaría en principio a dirigir una elección general. Ello debido a que el cargo es de cuatro años y la siguiente elección de esa naturaleza se llevaría a cabo en 2031. En ese escenario, su mandato concluiría en 2030, salvo que sea ratificado.

En diálogo con El Comercio, Fernando Rodríguez Patrón, abogado especialista en materia electoral y exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, indicó que, adicionalmente a los requisitos que deberán cumplir de manera homogénea todos los postulantes, un valor agregado para el posible nuevo jefe de la ONPE sería contar con conocimiento del sistema electoral, idealmente con experiencia previa en algún organismo electoral o similar.

Ello —agregó— representaría una ventaja, pues alguien con alta cualificación académica, pero proveniente de un sector ajeno, podría enfrentar dificultades para adecuarse a un proceso electoral inminente, como las elecciones regionales y municipales. Los plazos están ajustados.

En segundo lugar, sostuvo que el nuevo jefe de la ONPE “tiene que ser una persona dialogante” y “que tienda puentes, que busque solucionar problemas, que llegue a apagar incendios; no alguien que llegue a conocer”.

“Adicionalmente, que no haya tenido ninguna vinculación evidente con alguna organización política. La ley establece cuatro años, pero la esposa del César tiene que serlo y, además, parecerlo. Alguien que no haya sido candidato previamente o haya ocupado algún cargo partidario más allá del plazo que establece la ley. Alguien que no sea asociado inmediatamente con un partido político. Eso también lo considero fundamental”, afirmó el también asociado del Instituto Aklla Perú.

En tanto, el abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho constitucional y derecho electoral, incidió en que quien se presente y postule al cargo de jefe de la ONPE debe ser plenamente consciente del reto al que se enfrenta. Explicó que, si bien asumirá después de efectuada la segunda vuelta —y, por tanto, no cargará con los pasivos de esta primera elección—, sí lo hará en plena ejecución de los comicios regionales y municipales.

En esa línea, más allá del perfil técnico, Villalobos consideró que se requiere una persona con experiencia, que sepa comunicar bien, que muestre empatía y que genere confianza y consensos en todos los sectores, pues la ONPE terminará la elección “muy desacreditada”.

“En ese sentido, de cara al futuro, lo que necesitamos es que quien entre pueda devolver la confianza de la ciudadanía en el trabajo de la ONPE y en los resultados, que deben ser aceptados por todos. Un jefe de la ONPE muy técnico, que no sepa comunicar, no va a ayudar a mejorar la imagen de la institución. Lo que se requiere son funcionarios que den la cara y expliquen su trabajo, cosa que no ha pasado ahora y tampoco está pasando”, aseveró Villalobos.

Asimismo, insistió en la importancia de la experiencia, al advertir que las elecciones regionales y municipales serán “mucho más complejas que las de abril”.

Para el excongresista y constitucionalista Natale Amprimo, la JNJ podría haber interpretado que, en el actual contexto, el país se encuentra en pleno proceso electoral y que, ante esa excepcionalidad, correspondía que el jefe interino concluya todo el proceso antes de convocar a uno nuevo. Es decir, en su mirada, es acertado que se designe a un nuevo jefe de la ONPE, pues el actual —Bernardo Pachas— se encuentra en el cargo de manera provisional por la excepción que contempla la ley; sin embargo, esta designación debió realizarse recién una vez concluido todo el proceso electoral.

No hacerlo así configura que el proceso de evaluaciones y entrevistas se desarrolle “en la mitad” de un proceso electoral, específicamente, durante la segunda vuelta. “Es verdad que la ley contempla plazos para nombrar un reemplazo, pero la excepción que establece que es durante la vigencia del proceso electoral, podría tener dos lecturas. Una es que ese proceso se convoca después de la elección, que creo que es la correcta, porque lo que se tiene que buscar es que no haya nada que entorpezca el desarrollo del proceso”, expresó Amprimo.

Por lo pronto, Pachas, quien estará al frente de la segunda vuelta, no se ha pronunciado tras la convocatoria de la JNJ. Sin embargo, la semana pasada ofreció una conferencia de prensa indicando, entre otros puntos, que se tomarán “todas las medidas correctivas necesarias” a fin de esclarecer los hechos ocurridos el 12 de abril y llamó a todos los trabajadores de la institución y sus distintas oficinas descentralizadas a mejorar sus procedimientos, con la finalidad de brindar un servicio que devuelva la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía “camino a la segunda vuelta electoral”.