La Confederación Nacional de Mototaxis del Perú anunció un paro nacional para el próximo 12 de agosto como medida de fuerza ante el incremento de las extorsiones y asesinatos que afectan a este sector en Lima Metropolitana y el Callao desde hace años. Los conductores exigen garantías de seguridad para laborar sin arriesgar sus vidas.
La Confederación Nacional de Mototaxis del Perú anunció un paro nacional para el próximo 12 de agosto como medida de fuerza ante el incremento de las extorsiones y asesinatos que afectan a este sector en Lima Metropolitana y el Callao desde hace años. Los conductores exigen garantías de seguridad para laborar sin arriesgar sus vidas.
Isaías Cahuari León, presidente de este gremio de transportistas de vehículos menores, detalló que sus colegas llegaron a un consenso unánime tras un plenario realizado recientemente. La protesta se realizará bajo la modalidad de “hombre y máquina”, lo que implica que los conductores saldrán a las calles con sus unidades para visibilizar la inseguridad y obtener una respuesta gubernamental frente a la violencia sistemática.
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El contexto de violencia empeoró con la aparición de bandas criminales que exigen pagos diarios a los trabajadores de este sector. Actualmente operan grupos identificados como “Los Pioneros”, “La Federación”, “Los Nocturnos” y la reciente banda denominada “Los Insoportables”. Estos delincuentes emplean armas de fuego y explosivos para amedrentar a choferes y dirigentes tanto en viviendas como en paraderos.
Gremio de mototaxistas de Lima y Callao espera diálogo con autoridades
Cahuari León informó que existen cerca de 1,000 mototaxistas extorsionados en la capital y que el monto recaudado por las mafias alcanza los 15,000 soles diarios de manera colectiva, cifra que resulta insostenible para la economía de los trabajadores. Actualmente, cada transportista llega a pagar hasta 20 soles por jornada, repartidos entre cuatro bandas distintas, solo para poder circular por sus distritos habituales.
La criminalidad afecta principalmente a zonas como Breña, San Juan de Lurigancho, Vitarte y Villa María del Triunfo. En estas jurisdicciones se han reportado asesinatos y ataques con granadas contra los trabajadores agremiados. El gremio cuestiona a las municipalidades por no facilitar el uso de cámaras de videovigilancia para identificar y procesar a los responsables de las amenazas constantes..
La confederación solicitó formalmente una mesa de diálogo con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para acordar medidas concretas contra el sicariato. Además, exigen la intervención de la Policía Nacional para procesar las denuncias y las líneas telefónicas usadas en las extorsiones. Los transportistas buscan alternativas reales tras agotar canales administrativos que no han generado resultados tangibles para frenar el delito.
La confederación advirtió que la movilización solo se suspendería si se instala la mesa de trabajo demandada con las autoridades ya que se encuentran en un “estado de desesperación” por la falta de garantías legales para sus actividades económicas.
