Los resultados de todas las últimas encuestas debilitan la posición del Ejecutivo en su intento de presionar a la Cámara de Diputados para que apruebe el paquete completo de las facultades solicitadas. Y, por el contrario, le ofrece a la oposición un mayor margen de maniobra para forzar que el Ejecutivo reduzca su solicitud a lo más urgente.
El problema para el gobierno es que no solo la oposición “obstruccionista” está pidiendo que se acote el pedido. Lo hace también la oposición moderada e, incluso, los socios oficialistas de Renovación Popular que, con las encuestas en la mano, difícilmente se la jugarán al todo o nada por el Ejecutivo, y eso incluye una ¿posible? cuestión de confianza.
El primer ministro dice con razón que en ninguna parte se señala que las facultades legislativas solo se pueden pedir para lo más urgente. Pero el problema es que fue el mismo gobierno el que le “vendió” eso al país. Y ahora el jefe de la PCM está atrapado en su propio argumento, y en los propios mecanismos constitucionales concebidos y aprobados para la bicameralidad por la misma bancada de Fuerza Popular y sus socios de ese momento.
Fuerza Popular se viene quedando sola en su afán de tener los 66, y eso debería hacerlos pensar mejor las cosas, analizando ya un plan B y C. Porque uno de los factores que parece haber influido en la población para desaprobar la gestión actual es la falta de decisiones. Quedarse esperando todas las facultades, o forzar su aprobación con una cuestión de confianza con más desaprobación que aprobación, mientras en la calle la gente sigue siendo asesinada, es el peor escenario.
Tratar de presionar a los diputados para que aprueben el paquete completo con el argumento de que las encuestas también les pasan factura es poco eficaz y hasta ingenuo.
Las cifras en las encuestas son motivo de preocupación, y hasta de temor, para el gobierno. Un presidente que cae en la aprobación hasta un 30% o 20% empieza a desesperarse, cambia su Gabinete, reparte plata y ministerios, ofrece créditos suplementarios a los gobiernos regionales y al Congreso para evitar las censuras y que se empiece a hablar de vacancia.
Un Congreso (senadores y diputados ahora) que llega a un 95% de desaprobación sigue cobrando su sueldo, sus bonos, sus gastos de representación, sigue viajando a donde quiere y con quien quiere, sigue dando trabajo en el Parlamento a los suyos y a los ajenos, y sigue dando las leyes que quiere y las que más le conviene. Tiene estabilidad absoluta por cinco años y nadie lo puede sacar, aunque lo acusen de violación, y hasta le puede ligar un puesto de presidente provisional. Esa película ya la conocemos.
Al primer ministro en particular le toca ser más creativo, flexible y persuasivo. Y al gobierno le toca gobernar y tomar decisiones. Con facultades o sin ellas.
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