Luego de las elecciones generales del pasado domingo 12 de abril, quedan registrados dos hechos indiscutibles.
Primero, que la calidad de nuestra gestión pública, en general, es mediocre, y no se limita a una refinería de petróleo, a los centros de salud, a la inversión en infraestructura, o a la educación escolar y universitaria.
Y segundo, que contamos con partidos políticos con escasa difusión y consenso alrededor de sus planes de gobierno. Son organizaciones dependientes de la figura de su líder o caudillo.
El contexto económico mundial para nuestro país es aún favorable, a pesar de la turbulencia causada por las guerras y las disrupciones logísticas. Contamos con números macroeconómicos excepcionales; sin embargo, seguimos creciendo acompañados por un sector laboral informal, que supera el 70% de la PEA.
Por tanto, no es de extrañar que un sector significativo de nuestra población haya votado por propuestas distributivas y no de libre mercado, pero que no deberían interpretarse necesariamente, como un voto a favor de una ideología en particular. Reflejan, todo indica, el anhelo de un cambio inmediato y por ahora inalcanzable, respecto al “statu quo”, en el que viven, día a día.
Por ello, resulta impostergable que previa a segunda vuelta, el debate público priorice los temas más álgidos de dicha población:
1. Cómo derrotar la anemia infantil, que alcanza un 40% de prevalencia, y que impacta también a madres gestantes, con una incidencia del 30%.
2. Como reducir drásticamente la informalidad, con una legislación laboral más asequible; que permita bancarizar, registrar y hacer sujeto de crédito a más de 12 millones de ciudadanos.
3. Cómo resolver la crisis de seguridad ciudadana que aflige a las principales ciudades del país.
4. Cómo optimizar la gestión pública, de manera que los recursos existentes permitan brindarle al ciudadano, mejores servicios; y cuyos administradores se elijan en base a mérito y no ha componendas corruptas.
5. Cómo sanear las finanzas públicas, para que el grueso de la recaudación se derive a elevar la calidad de los servicios públicos; y no al pago de planillas de burócratas o consultores.
En el caso específico de la minería, pilar económico de nuestro país; producimos dos metales principalmente: cobre y oro. Y ambos requieren la implementación de políticas públicas, que promuevan su crecimiento y sostenibilidad.
En el caso del cobre, donde se requieren inversiones de miles de millones de dólares y son activos de larga vida, se deben agilizar todos los procesos de obtención de permisos ambientales y operacionales; sin relajar estándares. Tomando nota que, en la región, además de Chile; Argentina y Ecuador han decidido agilizar sus regulaciones.
Y en caso del oro, donde casi un 50% de la producción proviene de actividades mineras no formales; la formalización debe incorporar primero, a las plantas de beneficio, como eje articulador para tecnificar el trabajo minero y darle trazabilidad física plena al mineral extraído.
