Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, a tres semanas de las elecciones del próximo 4 de octubre, un 52% de los entrevistados declaró tener poco o ningún interés en las elecciones regionales y municipales.
Esta elección arrastra los problemas de las elecciones generales de abril. Como se recordará, en esa ocasión tuvimos 37 listas en competencia al Parlamento. Si bien solo seis sobrevivieron a la valla electoral y obtuvieron representación, todas fueron habilitadas para presentar candidatos para las elecciones de octubre, a pesar de que ya perdieron el registro electoral. Al mismo tiempo, un nuevo grupo de partidos que no se inscribió a tiempo para las elecciones generales logró la inscripción y también participa en las próximas elecciones, a pesar de que los electores no tienen mayor conocimiento de su existencia, en la gran mayoría de los casos. Existe a todas luces un “exceso de oferta” de agrupaciones sin mayor representación, y que han terminado siendo vehículo para postulaciones personalistas, de las que cabe razonablemente dudar de sus capacidades para implementar las múltiples promesas que realizan. A esto se tiene que añadir que cambios legislativos implementados a medias por parte del Congreso anterior desincentivaron la postulación a través de movimientos regionales, debilitándolos, pero sin que haya ocurrido una consolidación de los partidos nacionales. Al final, ni unos ni otros han mostrado capacidad para presentar candidatos idóneos, en número suficiente, en las diferentes circunscripciones electorales en disputa.
Al mismo tiempo, los problemas más serios que preocupan a los ciudadanos en nuestras ciudades y territorios han adquirido una gravedad y complejidad que exceden por completo lo que las autoridades regionales y municipales pueden hacer desde sus ámbitos de competencia: los problemas de inseguridad y violencia, emergencias climáticas, transporte público, creación de empleo, entre muchos otros. Así, buena parte de las campañas de candidatos a gobiernos regionales y municipios provinciales terminan centrándose en promesas y ofertas que muchos intuyen que son ofrecimientos vacíos, porque la clave de la atención a esos problemas está en el Gobierno Central: en los ministerios del Interior, Defensa, Transportes, Vivienda, Producción, entre otros, que tampoco han mostrado gran iniciativa hasta el momento. Al mismo tiempo, los candidatos a elecciones distritales se encasillan en temáticas microbarriales, relevantes en ese ámbito, pero no mucho más allá.
Entre el exceso de oferta de mala calidad, y la magnitud y complejidad de los problemas que aquejan a nuestras ciudades y territorios, podemos entender mejor el escaso entusiasmo con las elecciones del 4 de octubre. A esto habría que sumar la presentación de candidaturas que buscan pasar por encima de la norma constitucional que prohíbe la reelección de alcaldes y gobernadores. En Lima, el favorito para ganar la elección provincial es Rafael López Aliaga, y hasta este momento tenemos incertidumbre sobre qué pasaría si es que en efecto la lista de Renovación Popular resultara ganadora. ¿Asumiría López Aliaga como primer regidor, siendo reelegido en los hechos, y yendo evidentemente en contra del mandato constitucional? Al mismo tiempo, si bien López Aliaga encabeza las encuestas de intención de voto, probablemente tenga un respaldo menor que el que obtuvo hace cuatro años; ocurre también que alternativas más respetuosas del orden institucional tampoco se han consolidado como propuestas competitivas para los electores. Más razones para la frialdad.
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