La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú (JP), convocó a sesión para este martes 29 y miércoles 30 de septiembre con el fin de evaluar el predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.
La citación se produce un mes después de que el Gobierno de Keiko Fujimori enviara al Congreso de la República su solicitud para legislar, por un plazo de 120 días calendario, en materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria; así como en micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.
El pedido también comprende materias vinculadas al desarrollo productivo, innovación, agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, asuntos ambientales, recursos naturales e infraestructura productiva industrial. Asimismo, incluye materias tributarias, aduaneras, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales; reforma estructural, organización, modernización del Estado y servicio civil; además de vivienda y saneamiento.
Según el predictamen, se toma en cuenta los informes consultivos de 12 comisiones a las que se les solicitó opinión. Ocho de ellas se pronunciaron en contra de otorgar las facultades al Poder Ejecutivo y solo dos emitieron una postura favorable.
Las comisiones que se pronunciaron en contra son las de Economía; Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo y Ciencia; Defensa del Consumidor; y Justicia.
En contraste, las comisiones de Medio Ambiente y Defensa consideraron viable otorgar las facultades. Además, la Comisión de Modernización se pronunció a favor, aunque de manera parcial y solo respecto de algunos puntos.
Asimismo, el predictamen incluye 80 documentos de opinión elaborados por especialistas en las materias comprendidas en el pedido de delegación de facultades legislativas, entidades públicas, empresas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.
El documento señala que, si bien los pedidos de delegación de facultades formulados por los gobiernos se han repetido en los últimos 25 años, “no necesariamente significa que sus resultados hayan sido favorables para los propósitos de la democracia constitucional”.
“Tampoco puede suponerse que el otorgamiento de estas facultades sea un derecho del Ejecutivo o una obligación del Legislativo. El derecho a plantear una iniciativa de delegación no equivale a que haya un derecho automático a que la delegación sea otorgada”, indica.
El predictamen afirma que los problemas mencionados en el pedido del Gobierno tienen respaldo empírico y se caracterizan por ser estructurales, multidimensionales y de larga duración.
“Sin embargo, la existencia de problemas públicos de gran complejidad no deriva automáticamente en que la solución sea entregar la facultad de legislar al Ejecutivo […]. Por tratarse de numerosos problemas los que la proposición legislativa diagnostica, se dificulta también identificar, en el conjunto, todos los actores y grupos de interés que pueden ser beneficiados y/o afectados con las medidas que se proyectan”, asevera.
Sobre la materia de seguridad, el predictamen señala que la propuesta del Gobierno “no logra presentar una materia específica”.
“Se establece como finalidad combatir la delincuencia y criminalidad, entendiéndose que el estado de cosas que se pretende alcanzar es el fortalecimiento de la prevención, investigación, persecución, juzgamiento o sanción de delitos; pero solo se refiere que ello se alcanzará a través de medidas, sin detallar a qué aspectos o temas específicos se vinculan estas”, subraya.
Además, afirma que la iniciativa hace referencia a normas y códigos “de manera genérica”, lo cual “no aporta a la especificidad”.
“Adicionalmente, se observa que esta materia engloba y repite de manera transversal medidas que han sido planteadas en puntos previos, como la reforma del Código de Ejecución Penal, el control de las comunicaciones en los penales, o el fortalecimiento del seguimiento y asistencia postpenitenciaria”, precisa.
“Es por ello que, en la misma línea de lo expuesto anteriormente, se concluye que las modificaciones propuestas en esta materia deben ser objeto de un debate parlamentario ordinario, no considerándose viable la delegación de facultades”, puntualiza.
La citación lleva la firma de la presidenta de la comisión, la diputada Giannina Avendaño (JP). Según el documento, la sesión no ordinaria permanente del martes se realizará a las 3 p.m. y la del miércoles a las 9 a.m., ambas en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.
La notificación fue enviada este lunes por la tarde a los miembros titulares y suplentes de la comisión, luego de que diversas voces de Fuerza Popular y Renovación Popular exhortaran a Avendaño a convocar la sesión.
Noticia en desarrollo…
