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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Catherin Palomino (Juntos por el Perú), aprobó este martes 20 de octubre derogar parcialmente la Ley N° 32130, que otorgaba facultades de la Policía Nacional (PNP) en la investigación preliminar por sobre el Ministerio Público.
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La Ley N° 32130 fue promulgada en octubre del 2024 y permite a los policías realizar las investigaciones preliminares de los delitos. Además, limita las competencias del Ministerio Público.
Cabe recordar que en agosto del 2025 el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público contra la Ley 32130 y ratifica la competencia de la PNP de encabezar dicho proceso.
No obstante, deja en claro que esta labor se debe dar siempre bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal.
De otro lado la comisión aprobó por mayoría (12 votos a favor y 7 en contra) otro dictamen que propone derogar parcialmente la Ley N° 32735, que precisa el delito de función de militares y policías, y restituyó parcialmente la vigencia de los artículos modificados por dicha norma.
Dicha norma disponía el archivamiento de casos penales vistos por el fuero militar policial cuando los hechos y sujetos investigados o procesados sean los mismos.
En la exposición de motivos se señala que la iniciativa busca resolver el “debilitamiento” de la garantía del juez natural y el consiguiente riesgo de impunidad generados por la norma, que amplió el concepto de “delito de función” y estableció la preferencia de la jurisdicción militar policial para resolver contiendas de competencia.
Texto sustitutorio sobre la Ley 32735. (Foto: Congreso)
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Durante el debate del texto sustitutorio se produjo un altercado entre la diputada Karina Beteta (Fuerza Popular) y la presidenta de la comisión por supuestamente recortarle el uso de la palabra en la sesión.
Beteta Rubín anunció que presentará una moción de censura contra Palomino Casavilca y el secretario técnico de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La votación de los diputados fue la misma que en la anterior norma.
El debate incluyó las exposiciones del director de Medio Ambiente de la PNP, general José Manuel Chamba; del presidente del Consejo Consultivo de la Asociación de Oficiales Generales de la PNP (ADOGEN), Raúl Salazar; y del abogado penalista César Azabache.
Finalmente, mediante una cuestión previa aprobada por mayoría, la comisión acordó conformar una mesa técnica para continuar el debate del predictamen que propone modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal en materia de suspensión del plazo de prescripción, con el fin de establecer un límite proporcional en el ámbito de la acción penal.
Se trata de la denominada “Ley Soto”, aprobada durante la gestión de Alejandro Soto en la presidencia del Congreso anterior y que reduce el plazo de acción del sistema de justicia para perseguir y castigar los delitos, sin distinción.