El diputado Arturo Alegría (Fuerza Popular) consideró que se puede perfeccionar la ley de financiamiento público a partidos, luego que su colega Norma Yarrow (Renovación Popular) propusiera su eliminación y que ese dinero sea destinado a salud, educación, seguridad y servicios básicos.
En declaraciones a los periodistas, indicó que como todo proyecto de ley, debe ser debatido, plantear argumentos, conocer los pro y contra de la iniciativa y tomar una “mejor decisión”.
“Si hay algunas cosas que perfeccionar dentro de la Ley de Financiamiento Público y Privado a los partidos políticos, creo que es una medida importante. Sin embargo, lo que no podemos hacer es que la penetración de las economías ilegales llegue de manera oculta al financiamiento de los partidos y de los candidatos a puestos públicos”, expresó.
“Creo que hay que ver con mayor detenimiento este tipo de iniciativas, que se debata en los espacios correspondientes y tomaremos seguramente como bancada una decisión. En muchos países del mundo funcionan de esta manera mixta”, agregó.
No obstante, Alegría advirtió que en caso de eliminarse el financiamiento público, quienes llevarían la ventaja serían aquellos candidatos con mayor poder adquisitivo, en desmedro de partidos regionales y otras agrupaciones de menor rango.
“El gran problema es que cuando se trata de financiamiento privado, solamente los partidos que tienen los representantes con mayor economía, mayor poder adquisitivo van a ser los que de algún modo van a tener una ventaja frente a los partidos regionales, a los partidos de personas que probablemente tenga una expertiz política muy grande, pero no tengan una base sólida que evidentemente es importante al momento de hacer una campaña política”, sentenció.
Como se recuerda, la iniciativa de Norma Yarrow busca modificar la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, con el objetivo de que los recursos públicos sean destinados prioritariamente al financiamiento de servicios públicos esenciales.
Según el documento presentado, también busca fortalecer la eficiencia, transparencia y sostenibilidad del gasto público.
Entre las finalidades del proyecto se encuentran optimizar el uso de los recursos estatales, priorizar el financiamiento de servicios públicos esenciales y reducir los riesgos de conflictos de interés y cuestionamientos vinculados al uso de fondos públicos destinados a organizaciones políticas.
