Miércoles, Mayo 8

La defensa de la presidenta Dina Boluarte pidió reprogramar su declaración ante la fiscalía de la Nación -programada para este miércoles a las 9:30 am como parte de la investigación preliminar por el caso de los relojes Rolex- argumentando una “recargada agenda” y hasta un viaje a Trujillo, pero no realizó actividades a esa hora, según el propio portal de Transparencia.

Con el mismo argumento, “recargada agenda” también había pedido reprogramar la diligencia fiscal de exhibición de al menos “tres relojes” el martes 26 a las 2:30 pm. En ese caso, señaló un viaje de inspección a las nuevas obras de servicios turísticos del Complejo Baños del Inca, en Cajamarca.

En el documento que el abogado Mateo Castañeda envió al Ministerio Público, se indica que la mandataria tenía una “recargada agenda” esta y la próxima semana e, incluso, incluye un viaje para este miércoles a las “9 am” al distrito de la Esperanza, en Trujillo, para la entrega de 5,800 títulos de propiedad.

Sin embargo, en la agenda oficial de la Presidencia de la República no se consignó ningún viaje, ni reunión oficial por la mañana. La primera actividad -sin anuncio previo e incluida después de realizada- es el encuentro con el alcalde de Magdalena, Francis Allison, quien ingresó a Palacio a las 10:00 am y se retiró a las 11:53 am.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza reveló que la presidenta Dina Boluarte frustró la exhibición de “al menos tres relojes comprometidos”. Diligencia fue programada para ayer martes.

Luego, El Comercio tuvo acceso a un documento firmado por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, del 26 de marzo, en el que advierte que la defensa de Boluarte “no justifica” si tales actividades que menciona en su “recargada agenda” para no cumplir con dos citaciones, estuvieron programadas con anterioridad a la citación del Ministerio Público y si su presencia “es necesaria e indispensable” como “para estar encima de su responsabilidad ante el llamado de la autoridad fiscal.

Por ello, enfatiza que se trata de un “claro indicador de rebeldía y no hace más que retardar resultado de la investigación”.

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