La red de bodegas donde los cubanos compraron por décadas a precios subsidiados con la libreta de abastecimiento o cartilla, está siendo desmantelada de a poco justo cuando la isla se abre a la economía de mercado bajo la presión de Estados Unidos.
La red de bodegas donde los cubanos compraron por décadas a precios subsidiados con la libreta de abastecimiento o cartilla, está siendo desmantelada de a poco justo cuando la isla se abre a la economía de mercado bajo la presión de Estados Unidos.
La AFP recorrió este lunes varios puntos de La Habana y encontró bodegas cerradas o en su lugar mercados de barrio, una iniciativa impulsada por el gobierno dentro de su plan para reformar el modelo estatista.
En los últimos días los cubanos no han podido adquirir nada a través de la libreta, sin que el gobierno reconozca abiertamente su salida de circulación.
“Queramos o no entenderlo, la están enterrando (la bodega)”, declaró a la AFP Paula Sonia Santiago, de 64 años, en el barrio habanero del Cerro. “Es un cambio total”, afirmó.
Un hombre muestra la cartilla de racionamiento en una tienda de alimentos básicos, conocida localmente como bodega, en La Habana, el 5 de octubre de 2026. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
/ YAMIL LAGE
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“El cubano se siente mal, porque no estamos acostumbrados” a sobrevivir sin estos subsidios, señala.
El sistema de las bodegas y de la libreta fue implantado por Fidel Castro en 1963, ante la escasez de alimentos que el gobierno comunista atribuyó al embargo que Washington acaba de imponer a la isla.
Este embargo sigue vigente y ha sido reforzado por el gobierno de Donald Trump con un embargo petrolero de facto desde enero, lo que ha sumido a la isla en una profunda crisis.
Aún en los peores tiempos, la libreta logró garantizar “un mínimo” de alimentos “a los que tenemos poquito”, dijo América Guillén, de 82 años.
A mediados de junio, al anunciar la privatización de sectores enteros de la economía, el primer ministro, Manuel Marrero, reiteró la voluntad del gobierno de reformar la “libreta”.
Marrero destacó entonces la urgencia de pasar a subvencionar a “las personas vulnerables” y no a los productos básicos, destinados a toda la población del país, actualmente de 9,4 millones de habitantes.
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