La tragedia de la agresión sexual contra un menor de edad perpetrada por sus propios compañeros del Liceo Naval tiene implicancias aún más profundas que la urgencia de justicia. El acto ocurrido en un bus escolar desnuda no solo la precariedad de las políticas educativas de los últimos años que ha devenido en la pérdida de autoridad de los maestros, sino también exhibe la necesidad de que las familias estén involucradas directamente en la formación de sus hijos.
En entrevista con este Diario, el ministro de Educación, José Antonio Chang, reconoció que en los últimos 10 años se han emitido normas “que no permiten actuar para poner orden ni hacer respetar la autoridad de directores y maestros. Y el otro tema es la no participación directa de los padres de familia en el proceso educativo, porque muchas de estas actitudes violentistas o irrespetuosas se generan en la familia”.
La norma en cuestión, que para los especialistas ha “relajado” la disciplina en los colegios, es el Decreto Supremo 004-2018-Minedu, que regula la gestión de la convivencia escolar y establece en sus protocolos de atención que, tanto para la víctima como para el agresor, debe garantizarse la continuidad del servicio educativo. En la práctica, el estudiante que comete acoso escolar no puede ser expulsado del centro educativo y la víctima debe convivir con su agresor.
Este decreto supremo se dio bajo la presidencia de Martín Vizcarra, siendo ministro de Educación Daniel Alfaro.
El 6 de junio del 2022, el Minedu emitió un comunicado en el que aseguraba que la expulsión de escolares contravendría la Ley 29719, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas e implicaría un fracaso institucional. El ministro de Educación que entonces avaló ese comunicado fue Rosendo Serna Román, bajo la presidencia de Pedro Castillo Terrones.
Lamentablemente, lo del Liceo Naval no es un caso aislado: según el ministro Chang, en los últimos dos años se registraron 80 denuncias en esa institución educativa, entre las que se encontraban 50 casos de violencia entre estudiantes (física, psicológica, por discriminación, agresión verbal, hostigamiento sexual, tocamientos y actos de connotación sexual) y 30 denuncias de personal escolar a estudiantes.
La gestión educativa es importante. La desidia, priorizar determinadas ideologías y el clientelismo político pasan factura. No es posible que en 15 años el Minedu haya pasado de tener 1.600 trabajadores a 9.000, y que la entidad que administra el portal SíseVe, que reúne los casos de acoso y violencia escolar, tuviera 160 personas, que solo se limitaron a hacer una estadística sin poner atención a los casos.
Que el caso del Liceo Naval –que ha causado una conmoción generalizada– sea el punto de quiebre para restaurar la autoridad de los maestros y que los padres sepan cumplir su papel de formadores de sus hijos.
