La situación de, al menos, ocho trabajadores del Congreso que firmaron el planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, será evaluada en la Comisión Directiva del Parlamento en los próximos días, según adelantó el presidente de ese poder del Estado, Miguel Torres (Fuerza Popular).
La Comisión Directiva del Congreso es una instancia que “tiene como atribución principal promover la coordinación y los consensos necesarios en los asuntos administrativos, logísticos y de recursos humanos” en el Senado y en el Cámara de Diputados. Y sus acuerdos “son de observancia obligatoria”.
De acuerdo con un reportaje de “Cuarto Poder”, estas personas se desempeñan como asesores, técnicos y auxiliares en diferentes oficinas de Juntos por el Perú, partido dirigido por Roberto Sánchez Palomino, quien disputó la segunda vuelta de las últimas elecciones generales con la presidenta Keiko Fujimori.
“Tenemos que discutirlo en la comisión directiva, estoy pidiendo agendarlo, pero hoy por hoy eso es una decisión que corresponde única y exclusivamente a cada uno de los diputados y senadores”, manifestó Torres en declaraciones a El Comercio.
(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
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El también presidente del Senado llamó a la reflexión a los parlamentarios de izquierda que han contratado a vinculados al Movadef.
“Yo he hecho un pedido de reflexión a ellos, no se necesita que la comisión directiva llegue a tomar una decisión, creo que ellos mismos deberían ser conscientes de que esas contrataciones no ayudan a tener una institución como la que se requiere”, remarcó.
Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, criticó que los firmantes del Movadef estén trabajando en el Congreso, al recordar que este poder del Estado maneja información sensible y, además, tiene como rol fiscalizar a instituciones como la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía y el Ministerio del Interior.
“El Jurado Nacional de Elecciones le negó la inscripción al Movadef, porque ellos abiertamente suscribieron como ideología el pensamiento Gonzalo. Entonces, ¿cómo es posible que sus firmantes trabajen en el Congreso? El Parlamento no es cualquier entidad del Estado, tiene información privilegiada y fiscaliza a la Dircote y Mininter. No puedes poner a trabajadores con estos cuestionamientos”, expresó en diálogo con este Diario.
Rospigliosi consideró que la Mesa Directiva del Congreso está obligada a establecer altos estándares para evitar que personas vinculadas directa o indirectamente con la ideología terrorista puedan acceder a esta institución.
El letrado recordó que el actual Tribunal Constitucional “ha dejado un grave antecedente en perjuicio del país” al permitir, a través de un fallo, que las personas sentenciadas por terrorismo que han cumplido su condena puedan postular a cargos de elección popular y trabajar en el Estado. “Esto es gravísimo. Es como si una persona sentenciada por violación sexual que cumpla su condena pueda volver a un colegio. No podemos tener una democracia boba”, subrayó.
El ex viceministro del Interior Ricardo Valdés consideró que hay “una serie de responsabilidades cruzadas” detrás de la contratación de firmantes del planillón de Movadef en el Parlamento. Primero, agregó, del JNE al permitir que integrantes a acciones ligadas al Movadef hayan postulado para ser diputados y senadores.
Y luego el Congreso, que tiene que “hacer un filtro” de este tipo de personas.
“Es un contrasentido que el Estado que ellos quisieron destruir, los mantenga económicamente. El Congreso tiene responsabilidad por no filtrar a los asesores convocados [por Juntos por el Perú]. No puede permitirse que al Parlamento entren personas vinculadas a delitos graves como sicariato y tampoco los que han sido cercanos a Sendero Luminoso”, manifestó a El Comercio.
Valdés afirmó que el Congreso debe establecer en sus reglamentos candados que no permitan el ingreso de vinculados a ideologías terroristas y a redes criminales.
“Imagina que un ex integrante de redes criminales o del Movadef esté manejando información de la Comisión de Inteligencia, sería un absurdo”, acotó.
En la oficina del diputado César Hugo Tito Rojas (Juntos por el Perú), figuran Hilso Claudio Ramos Cosme, asesor principal, y Richard Leandro Tipo Quispe, asesor II. Ambos aparecen en el registro utilizado por el Movadef. Ramos Cosme percibe más de S/14.000, mientras que Tipo Quispe más de S/11.000.
También figura Saida Yesel Huanca Mamani, asesora II del senador José Moisés Chipana. En el despacho de la diputada Sadith Pérez Quispe trabajó Ángela del Águila Torres como técnica. Ella negó cualquier vínculo con el Movadef y dijo desconocer su inclusión.
En el despacho del senador Hugo Ccahuana aparece Dick Jefferson Luya Asto como auxiliar. En la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, presidida por Ccahuana, figura Genebrardo Mariano Arana Bazán como asesor II.
Finalmente, el diputado Alejandro Manay Pillaca tiene como técnicos a Edith Mota Palomino y Renán Quispe Najarro. Sus nombres también aparecen en el planillón utilizado por el Movadef.
Este Diario intentó comunicarse con Ernesto Zunini, portavoz de Juntos por el Perú en la cámara de diputados, pero no respondió a nuestros mensajes.
La bancada de Juntos por el Perú, en la cámara baja, remarcó, a través de un comunicado, que “no existe ninguna sentencia ni investigación abierta contra nuestros diputados y trabajadores que muestre vínculo alguno con organizaciones violentistas”.
En el 2023, el diputado Alejandro Manay Pillaca fue detenido y exhibido por la Dircote como presunto terrorista al lado de Rocío Leandro Melgar, ‘Cusi’.
