El Poder Judicial condenó a cinco miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras confesar el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Los efectivos eran parte del Equipo de Investigación N.° 02 del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Centro de Lima.
El Poder Judicial condenó a cinco miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras confesar el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Los efectivos eran parte del Equipo de Investigación N.° 02 del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Centro de Lima.
Para Bryan Sandoval se fijó una pena de seis años, cinco meses y cuatro días de prisión suspendida por un periodo de cinco años. En tanto, Mael Aysanoa recibió una sanción de cinco años de cárcel efectiva, que fue convertida a 260 jornadas de labores comunitarias. Por su parte, Iván Espíritu, Franco Luque y Bryan Arévalo fueron sentenciados a cuatro años, nueve meses y 26 días de prisión suspendida.
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De acuerdo a la investigación del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, encabezado por el fiscal provincial José Emilio Caballero Miranda, los agentes participaron en la intervención de Felícita Chávez y su pareja, Jhon Medina. Ambos fueron retenidos mientras realizaban el traslado de un lote de sábanas falsificadas, considerada como mercadería ilícita.
Los intervenidos fueron conducidos a las instalaciones de la Depincri Centro, y los agentes condicionaron la devolución de los productos textiles incautados a cambio de S/ 10 000. Posteriormente, tras las negociaciones dentro de la dependencia policial, los efectivos aceptaron reducir el monto a S/ 6000 para proceder con la entrega de la mercadería.
Los efectivos condenados son Bryan Sandoval, Mael Aysanoa, Iván Espíritu, Franco Luque y Bryan Arévalo. Foto: Gob.pe
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Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los cinco policías involucrados aceptaron el acto delictivo, lo que permitió que el caso se resolviera mediante el mecanismo de conclusión anticipada del juicio.
Como parte de los acuerdos establecidos en la sentencia absolutoria de este proceso por corrupción, se fijó además que cada uno de los condenados pague S/ 3000 a favor del Estado por concepto de reparación civil.
