‘Call centers’ de la extorsión: el brazo tecnológico que sirve a la delincuencia y operan alrededor de las cárceles

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

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El Perú vive uno de sus momentos más críticos con una delincuencia organizada que parece no tener control y con la sociedad civil cada vez más afectada por el accionar delincuencial, donde el uso de herramientas tecnológicas se han vuelto esenciales para, por ejemplo, extorsionar a los peruanos, tanto desde dentro como fuera de centros penitenciarios, generando alrededor de estas toda una economía ilegal dedicada, entre otras cosas, a surtir conectividad a los presos, como si se tratara de call centers ilegales.

Durante la realización del Taller de Telecomunicaciones y Seguridad Ciudadana, organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), un panel de expertos analizó la relación entre el aumento de robo de celulares con el incremento sostenido de las extorsiones, de cómo estas se realizan desde centros penitenciarios. Por ello, concluyeron en el reconocimiento del papel del Estado como principal actor en la lucha contra la delincuencia, pero también el rol de la empresa privada como apoyo a la misma aportando experiencia como tecnología.

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El problema de no comprender el “negocio criminal”

Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología, reveló una preocupante situación: que entre 2017 y 2024 se reportaron 14.25 millones de teléfonos celulares robados, así como más de 12,600 denuncias por extorsión solo en el primer semestre del 2026, con una media de 3 denuncias cada hora.

“El teléfono celular es una herramienta potencial para el robo y la extorsión”, comentó: “Este fenómeno se explica por el aumento del acceso a estos objetos: cada vez hay más teléfonos en las calles. Hoy, el delincuente ya no roba en la calle porque es más rentable extorsionar. Es un costo-beneficio que el delincuente termina eligiendo”.

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Zevallos está convencido que el robo y la extorsión no son problemas paralelos, sino que van de la mano, pues el celular robado se convierte en una línea anónima que “abastece el circuito extorsivo y permite el contacto masivo sin exposición del infractor”.

Ante esto, el fundador del Instituto de Criminología reconoce que hay buena voluntad de parte del Estado, pero que las medidas actuales no consiguen los objetivos planteados, pues, “se reducen a trámites administrativos, con sistemas complejos en el registro. No comprenden cómo funciona el circuito de la extorsión”.

Un ejemplo de esto, en su visión, es el Registro Nacional de Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), manejado por OSIPTEL y que se encarga de combatir el robo como comercio ilegal de celulares. En ese sentido, considera que hay tres actores que se ven perjudicados: el ciudadano, las empresas y el propio Estado.

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“El ciudadano da mucha información cuando compra un celular. Da más datos personales que cuando se casa, está expuesto a sistemas digitales vulnerables; las empresas, desde la más grandes hasta las pequeñas realizan mucho trabajo para la verificación. Y, el Estado tiene responsabilidad sobre este tema, pero sin presupuesto”, acotó.

Economías ilegales que trabajan para la extorsión

Uno de los problemas que están enfrentando las autoridades relacionados al crimen organizado y las telecomunicaciones, son las economías ilegales que, por ejemplo, surgen alrededor de los penales, lo que algunos califican como “call centers ilegales”, que son uno de los tantos “servicios” que tienen la función de abastecer de conectividad a los internos.

“Se colocan al costado de los penales, como en Costa Rica. La población se va asentando alrededor de las cárceles. Comienzan a comercializar estas señales de WiFi, que es otra tecnología. Tienes sistemas para bloquear la señal móvil, pero no para WiFi. No estamos hablando de algo necesariamente organizado, sino de personas, individuos, aunque también pueden ser parte de una organización”, dijo Juan Pacheco, presidente de AFIN a El Comercio.