Un teléfono celular puede dejar un rastro útil para una investigación policial. La información que genera al conectarse a una red móvil permite a las autoridades establecer dónde estuvo un equipo, aproximar su ubicación en un momento determinado e incluso reconstruir parte de sus desplazamientos. No se trata, sin embargo, de un punto exacto en todos los casos: la precisión depende de la tecnología disponible y de las condiciones en las que se encuentre el dispositivo.
Un teléfono celular puede dejar un rastro útil para una investigación policial. La información que genera al conectarse a una red móvil permite a las autoridades establecer dónde estuvo un equipo, aproximar su ubicación en un momento determinado e incluso reconstruir parte de sus desplazamientos. No se trata, sin embargo, de un punto exacto en todos los casos: la precisión depende de la tecnología disponible y de las condiciones en las que se encuentre el dispositivo.
¿Cómo se obtiene esta información y qué puede pedir la Policía a una empresa operadora? Estas fueron algunas de las preguntas abordadas durante una capacitación dirigida a agentes de la Policía Nacional del Perú, en la que especialistas de Claro explicaron el funcionamiento de las redes móviles, los mecanismos de geolocalización y los procedimientos para solicitar información vinculada a teléfonos involucrados en investigaciones.
En detalle
Agentes de la Policía Nacional del Perú participaron en una jornada de capacitación brindada por la empresa de telefonía Claro sobre el uso de herramientas de telecomunicaciones que pueden contribuir a la ubicación de teléfonos móviles vinculados a investigaciones criminales. El taller incluyó una explicación sobre el marco legal para acceder a estos datos y el funcionamiento de la geolocalización en los teléfonos móviles.
La actividad busca que los agentes conozcan cómo obtener la ubicación de un equipo, qué información pueden solicitar a una empresa operadora, cómo formular correctamente un requerimiento y cuáles son los límites establecidos por la legislación.
Durante la jornada participaron especialistas de distintas áreas de Claro, quienes explicaron desde el funcionamiento técnico de las redes móviles hasta los mecanismos de atención de solicitudes policiales y judiciales.
Una herramienta que nació hace más de una década
La cooperación entre las empresas de telecomunicaciones y la Policía para la ubicación de equipos móviles tiene como antecedente el Decreto Legislativo 1182, aprobado en 2015. Esta norma estableció mecanismos para que, bajo determinados supuestos, las autoridades puedan acceder a datos de localización y geolocalización de teléfonos móviles utilizados en investigaciones.
Según explicó Luis Quijada, Oficial de Cumplimiento y Sub Director de Solución de Controversias de Claro, la empresa desarrolló ese mismo año una plataforma para que una unidad especializada de la Policía pudiera realizar consultas de geolocalización en tiempo real. La herramienta, señaló, ha ido incorporando nuevas funciones durante los últimos años.
Luis Quijada, Oficial de Cumplimiento y Sub Director de Solución de
Controversias. (Foto: Hugo Perez / GEC).
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Entre ellas se encuentran la identificación del IMEI del equipo, el reconocimiento de cambios de tarjeta SIM, la incorporación de determinados números extranjeros que utilizan la red y la posibilidad de consultar la última ubicación registrada de un equipo antes de que deje de estar disponible.
La evolución tecnológica también ha permitido ampliar el tipo de información que puede ser analizada. Según Quijada, la empresa Claro cuenta con herramientas para obtener información histórica relacionada con el uso de datos y puede reconstruir recorridos asociados a las antenas que prestaron servicio a una línea.
Tres formas de ubicar un teléfono: GPS, antenas y estación base
Durante la capacitación, Edwin Bernuy, jefe de Back Office Servicios de Red de Claro, explicó que el sistema de servicios basados en localización —LBS, por sus siglas en inglés— puede utilizar tres mecanismos diferentes para determinar dónde se encuentra un equipo.
El primero es el GPS/GNSS. En este caso, el sistema consulta directamente al teléfono para obtener sus coordenadas de latitud y longitud. Según Bernuy, en condiciones adecuadas la precisión puede llegar aproximadamente a tres metros. Sin embargo, factores como encontrarse dentro de un edificio o tener dificultades para recibir la señal satelital pueden afectar el resultado.
El sistema de servicios basados en localización puede utilizar mecanismos diferentes para determinar dónde se encuentra un equipo. (Foto: Diego Aquino / GEC).
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El segundo mecanismo es la triangulación mediante estaciones base. El teléfono mantiene comunicación con la red y puede pasar de una antena a otra mientras el usuario se desplaza. Este proceso permite que el sistema utilice información de distintas estaciones para estimar la ubicación del equipo. En este caso, Bernuy explicó que la precisión puede situarse aproximadamente entre 10 y 50 metros.
Edwin Bernuy, Jefe de Back Office Servicios de Red. (Foto: Diego Aquino / GEC).
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Cuando las condiciones de la red no permiten realizar esa triangulación y el teléfono solo puede ser asociado con una estación base, el sistema utiliza el tercer mecanismo, identificar la antena que está proporcionando el servicio. En ese escenario, la precisión es menor y puede ubicarse aproximadamente entre 200 y 500 metros.
La precisión para geolocalizar un teléfono puede variar según las diferentes circunstancias de su entorno. (Foto: Diego Aquino / GEC).
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Por ello, geolocalizar un teléfono no significa necesariamente obtener un punto exacto en el mapa. La precisión depende de la tecnología disponible, la cantidad de antenas, la ubicación del equipo, las características de la zona y las condiciones de propagación de la señal.
De la línea al equipo: qué información puede obtener la Policía
Juan Cuba, jefe del Levantamiento del Secreto de las Telecomunicaciones de Claro, explicó que uno de los objetivos de la capacitación es que los agentes aprendan a formular solicitudes precisas, debido a que la información disponible cambia según lo que se quiera investigar.
Cuba diferenció tres conceptos: información histórica, última ubicación conocida y ubicación actual. La primera corresponde a comunicaciones o registros anteriores; la segunda, al último registro disponible antes de una consulta; y la tercera, a la información que puede obtenerse sobre un equipo en el momento de la solicitud.
La información disponible que brinda la empresa de comunicaciones cambia según requerido a investigar. (Foto: Diego Aquino / GEC).
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“La pregunta investigativa define el requerimiento”, afirmó Cuba durante su exposición.
Así, si una investigación busca conocer quién contrató una línea, puede solicitarse información sobre su titularidad. Si se necesita saber con quién se comunicó una persona, puede requerirse el registro de llamadas. También puede obtenerse información relacionada con el IMEI, la tarjeta SIM, las conexiones de datos, las sesiones de IP y el recorrido de un equipo por las estaciones de la red, siempre que exista la habilitación correspondiente.
las fechas y horas de la solicitud deben ser lo más precisa posible para dar con la información correcta. (Foto: Diego Aquino / GEC).
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El especialista resaltó que las fechas y horas deben ser precisas. Una solicitud que indique únicamente que una comunicación ocurrió “en la mañana”, por ejemplo, puede dificultar la búsqueda. Lo mismo ocurre con las consultas sobre direcciones IP, que deben incluir fecha, hora, minutos, segundos y zona horaria.
La precisión también es importante porque una misma línea puede haber tenido distintos titulares a lo largo del tiempo. Por ello, el rango de fechas solicitado permite delimitar qué información resulta relevante para una investigación.
La ubicación no significa acceso al contenido de las llamadas
Uno de los límites enfatizados durante el taller fue la diferencia entre los datos de telecomunicaciones y el contenido de las comunicaciones.
Según Cuba, Claro no almacena ni entrega el audio de las llamadas, el contenido de los mensajes de texto ni las conversaciones de WhatsApp u otras aplicaciones.
La información sobre el contenido corresponde a los administradores de cada plataforma. (Foto: Diego Aquino / GEC).
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En el caso de estas últimas, la información sobre el contenido corresponde a los administradores de cada plataforma y no a la empresa operadora.
“No podemos dar los audios, el historial de llamadas porque no lo tenemos, los mensajes de texto también, el contenido de WhatsApp o cualquier otra aplicación”, explicó durante la conferencia.
Juan Cuba, Jefe del Levantamiento del Secreto de las Telecomunicaciones. (Foto: Diego Aquino / GEC).
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La empresa sí puede proporcionar información asociada a la conectividad cuando corresponde, como registros de llamadas, titularidad, equipos utilizados, datos de conexión o ubicación, pero el acceso está sujeto al procedimiento legal aplicable.
Nueve de cada diez requerimientos atendidos
La capacitación también abordó la evolución de los procesos de intercambio de información entre la Policía, el Ministerio Público y Claro.
En 2025, 91.3% de los pedidos fueron viables. (Foto: Hugo Perez / GEC).
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Quijada señaló que desde 2022 la empresa comenzó a reforzar la capacitación de policías y fiscales para mejorar la presentación de los requerimientos. También se habilitaron canales electrónicos y mecanismos destinados a identificar solicitudes urgentes.
Según los datos expuestos durante el taller, en 2022 se atendían efectivamente ocho de cada diez requerimientos judiciales, mientras que en 2025 la proporción llegó a nueve de cada diez. El representante de Claro atribuyó parte de esta mejora a la reducción de errores y reprocesos en las solicitudes.
Década de iniciativas y mejoras. (Foto: Diego Aquino / GEC).
La empresa también informó que cuenta con un equipo especializado para procesar estos pedidos y que ha realizado más de 20 capacitaciones a nivel nacional dirigidas a integrantes de la Policía y del Ministerio Público.
Fraudes: antenas falsas, líneas móviles y llamadas que toman el control del celular
Durante el taller, Candie Chang, gerente de Prevención de Fraude de Claro, presentó tres modalidades de fraude detectadas por la empresa. La primera utiliza antenas falsas que buscan atraer a los teléfonos cercanos para enviar mensajes SMS fraudulentos. Según explicó, estos dispositivos pueden ser pequeños y transportar una señal capaz de hacer que un equipo se conecte temporalmente a ellos. Claro identificó interferencias asociadas a esta modalidad en determinados puntos tras recibir reportes de usuarios.
Caso 1: SMS Blaster – Dispositivos y posibles zonas. (Foto: Diego Aquino / GEC).
El segundo caso corresponde al envío masivo de mensajes desde líneas móviles. A partir de unos 17 reportes iniciales, el equipo de prevención cruzó información sobre las líneas involucradas, su ubicación, tráfico y comercialización. Chang señaló que entre el 1 de julio y el 10 de agosto se identificaron 388 líneas vinculadas con este tipo de actividad. El análisis permitió encontrar patrones relacionados con las zonas donde fueron vendidas y posteriormente utilizadas.
Caso 2: Smishing – Hallazgos de la investigación. (Foto: Diego Aquino / GEC).
La revisión también encontró 1,672 correos electrónicos asociados a esas líneas. Según Chang, 132 de las 388 líneas habían estado vinculadas a correos considerados inválidos y 60 líneas habían utilizado más de nueve correos diferentes, un comportamiento que podía repetirse después de que una cuenta fuera bloqueada.
Caso 3: Enmascaramiento de llamadas (spoofing). (Foto: Diego Aquino / GEC).
El tercer caso fue el enmascaramiento de llamadas, mediante el cual los delincuentes modifican el número que aparece en el teléfono de la víctima para hacerse pasar por una institución, como Claro. Posteriormente, pueden contactarla por WhatsApp y enviarle un aplicativo malicioso que, según los casos expuestos, permite tomar el control remoto del celular y realizar operaciones utilizando los mecanismos de autenticación del propio dispositivo.
Candie Chang, Gerente de Prevención Fraude. (Foto: Diego Aquino / GEC).
Chang informó que se registraron 7 mil casos durante el año pasado y 4 mil 710 hasta julio de este año. Frente a estas modalidades, Claro combina el bloqueo de números y otras medidas técnicas con campañas de prevención dirigidas a sus usuarios.
Agentes de la Policía Nacional del Perú participaron en la capacitación brindada por Claro sobre el uso de herramientas de geolocalización y análisis de información de telecomunicaciones. (Fotos: Hugo Perez / GEC).
Agentes de la Policía Nacional del Perú participaron en la capacitación brindada por Claro sobre el uso de herramientas de geolocalización y análisis de información de telecomunicaciones. (Fotos: Hugo Perez / GEC).
Agentes de la Policía Nacional del Perú participaron en la capacitación brindada por Claro sobre el uso de herramientas de geolocalización y análisis de información de telecomunicaciones. (Fotos: Hugo Perez / GEC).
Agentes de la Policía Nacional del Perú participaron en la capacitación brindada por Claro sobre el uso de herramientas de geolocalización y análisis de información de telecomunicaciones. (Fotos: Hugo Perez / GEC).
Agentes de la Policía Nacional del Perú participaron en la capacitación brindada por Claro sobre el uso de herramientas de geolocalización y análisis de información de telecomunicaciones. (Fotos: Hugo Perez / GEC).
Agentes de la Policía Nacional del Perú participaron en la capacitación brindada por Claro sobre el uso de herramientas de geolocalización y análisis de información de telecomunicaciones. (Fotos: Hugo Perez / GEC).
Agentes de la Policía Nacional del Perú participaron en la capacitación brindada por Claro sobre el uso de herramientas de geolocalización y análisis de información de telecomunicaciones. (Fotos: Hugo Perez / GEC).
Agentes de la Policía Nacional del Perú participaron en la capacitación brindada por Claro sobre el uso de herramientas de geolocalización y análisis de información de telecomunicaciones. (Fotos: Hugo Perez / GEC).
Al cierre de esta investigación, El Comercio consultó a otras empresas de telecomunicaciones que operan en el país para conocer si también cuentan con herramientas o mecanismos de colaboración con la Policía Nacional para labores de localización y geolocalización vinculadas a investigaciones criminales. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta a las consultas realizadas.
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