Los bonistas de la reforma agraria han acudido al Tribunal Constitucional para pedir que ordene al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) corregir la fórmula con la que calcula la deuda que el Estado mantiene con ellos desde hace más de 50 años.
Los bonistas de la reforma agraria han acudido al Tribunal Constitucional para pedir que ordene al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) corregir la fórmula con la que calcula la deuda que el Estado mantiene con ellos desde hace más de 50 años.
Según explicó el abogado de la causa, Mario Seoane, el TC notificó en enero de 2026 una sentencia definitiva que ordenaba al MEF rectificar la fórmula de actualización y reabrir el procedimiento de registro y pago. Sin embargo, el MEF publicó tardíamente el Decreto Supremo 135-2026-EF repitiendo los mismos vicios inconstitucionales anteriores y se ha negado administrativamente a reabrir el padrón de pagos.
Por ello, a través de un escrito de observaciones presentado ante el TC, se ha solicitado la intermediación del tribunal para exigir al MEF que subsane los vicios de la fórmula. Entre las observaciones principales destaca el uso “ilegal” de enero de 1969 como año base, cuando debió considerarse el periodo de estabilidad económica de 1962-1966, previo a la devaluación monetaria de 1967. Asimismo, se denuncia el uso de una tasa de ahorro (’savings bonds’) en lugar de la ordenada “Tasa de los Bonos del Tesoro Americano” a 20 o 30 años.
El letrado también advierte que el MEF ha omitido incorporar opciones alternativas de pago establecidas en el Decreto Legislativo 1437 de endeudamiento público, las cuales fueron ordenadas por el TC. Entre estas alternativas destaca la “compensación de deudas”, un mecanismo que permitiría a los ciudadanos pagar obligaciones pendientes con el Estado utilizando el valor de sus bonos.
“Ya estamos en la etapa de ejecución de sentencia. Esperamos que los funcionarios del MEF reflexionen y hagan una debida lectura del fallo. Son 30.000 bonistas afectados y la deuda estimada asciende a S/ 3.000 millones”, puntualizó el letrado.
El abogado Seoane comparó la magnitud de este compromiso con el de la deuda de FONAVI, señalando que esta última asciende a S/6.000 millones (el doble de la deuda agraria), se viene pagando con regularidad y sin inconvenientes por parte del Estado.
